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Madrid Calle 30
Madrid Calle 30 (Foto: Madrid Calle 30)

El consejero apoderado de Madrid Calle 30 señala "deficiencias de seguridad"

miércoles 04 de octubre de 2017, 13:55h
Este miércoles ha tenido lugar la última sesión de la comisión de investigación sobre la Calle 30, donde Samuel Romero Aporta, consejero apoderado de Madrid Calle 30, ha contestado a las preguntas de los distintos concejales. El apoderado ha hablado de "deficiencias de seguridad" y de apertura de túneles con déficits.

El consejero apoderado de Madrid Calle 30, Samuel Romero Aporta, se ha referido este miércoles en la última sesión de la comisión de investigación a las "deficiencias de seguridad" y los déficits encontrados en la obra desde la misma apertura de los túneles, que se están solventado ahora con una "puesta a cero".

"La puesta a cero es poner el túnel en las condiciones que debieran estar" cuando se inauguraron, ha apuntado a preguntas de la concejala socialista Mercedes González.

El ingeniero de Caminos experto en infraestructuras ha explicado que entiende que pueda haber filtraciones en la obra dada su cercanía al río Manzanares pero lo que le choca es que "comienzan desde el primer día de la infraestructura", que ha llevado incluso a la clausura de túneles para poder ser reparados.

Cuando llegó a la sociedad se encontró con un plan de inspección que únicamente se estaba elaborando. La empresa, cuando llegó a ella, licitó a unos expertos las actuaciones de mejora para cada deficiencia en una "puesta a cero para poner el túnel en las condiciones que debieran estar" desde su inauguración.

Factura de la luz

Por la comparecencia ha pasado la cuestión de la factura de la luz. A preguntas del concejal de Ciudadanos Miguel Ángel Redondo, Romero ha contestado que el pliego de cláusulas administrativas determina las obligaciones de la sociedad adjudicataria del contrato, que estipula que es ésta la responsable de la factura eléctrica. En busca de la máxima garantía jurídica preguntó a Intervención, que señalaba que esa factura debía ser responsabilidad de la adjudicataria.

Redondo también le ha preguntado por la duplicidad de conceptos en los distintos contratos y modificados, como los referidos a la limpieza, los coches de mantenimiento, las actuaciones en los firmes, las 112 cámaras pagadas pero no instaladas (1,3 millones de euros) o los 1,5 millones de sobrecoste por estaciones meteorológicas que cuestan 700 euros.

Además no están en la infraestructura sino que solamente es una la instalación y se encuentra en el tejado de las oficinas de la empresa. Los pliegos apuntaban a diez estaciones. "Pregunté dónde estaban y me confirmaron que no había ninguna en el túnel, que sólo está la del centro de control de Madrid Calle 30", ha expuesto.

Volviendo a las cámaras, el consejero apoderado ha destacado que no corresponde la instalación con lo que aparece en las certificaciones de obra, que controla lo que se abona. El resultado es un número dispar entre las instaladas y registradas en una plataforma de mantenimiento e inventario, las que aparecen reflejadas en dichas certificaciones.

"He visto partidas alzadas en la obra y en la certificación final no aparecen, además de no verlas materializadas en la infraestructura", ha asegurado. Las acciones llevadas a cabo por el consejero apoderado pasan por la incoación de expedientes para exigir a las adjudicatarias la ejecución de las obras.

Modelo de gestión

Preguntado por el modelo de gestión, al pasar de una sociedad cien por cien pública a otro de economía mixta, el consejero apoderado ha defendido que otro distinto al actual supondría no incurrir en determinados gastos, en relación al IVA y el Impuesto de Sociedades, más los intereses del préstamo subordinado y el reparto de dividendos para que el socio privado, EMESA, se garantice la rentabilidad del 7 por ciento. También ha abogado por haber licitado las obras por un lado y la conservación por otro para ganar en control.

A preguntas de la concejala socialista, Mercedes González, Samuel Romero ha calificado de "deficiencias de seguridad en cosas concretas, a las que se está poniendo solución". Así, el consejero apoderado ha remarcado que "no se está cumpliendo" la obligación contractual, dependiente de EMESA, de fijar cuatro bomberos de M-30 por base. "Eso no se da a día de hoy", ha remarcado.

Bomberos de la M-30

Bomberos de la instalación se han concentrado esta mañana a las puertas de la comisión. Lo han hecho para protestar por su situación laboral ante la negativa de la UTE (formada por Ferrovial, Dragados e Imes API) a negociar un acuerdo "ya caducado" en el que se regule el servicio de emergencias "encubierto" que se lleva prestando durante once años, así como la situación del resto de trabajadores que se encargan de la conservación de la Calle 30, una plantilla está compuesta por 300 personas.

También se ha referido Romero Aporta a que no cuadran las fechas de inauguración de los distintos tramos de la infraestructuras con la recepción de las obras, que son "posteriores a la puesta en funcionamiento". Así, ha puesto como ejemplo el caso del bypass sur, inaugurado en mayo de 2007 pero recepcionado en noviembre de ese año.

Otro de los puntos abordados ha sido el de las auditorías. El consejero apoderado ha asegurado que ha tenido acceso a correos electrónicos en los que se confirma que, bien la auditora, bien el Ayuntamiento, comunicaba a la sociedad los tramos a auditar "y si les parecían idóneos". "Se desvirtúa la auditoría porque se puede pintar y vestir bien la infraestructura" si se avisa, ha argumentado.

Sobrecostes

A preguntas del concejal del PP Álvaro González, el compareciente ha contestado que está subordinado al consejo de administración, presidido por Sánchez Mato, y ha insistido en que sus cálculos elevan el coste a 9.400 millones, teniendo en cuenta el modelo y los gastos financieros relativos a la infraestructura, lejos de los 3.600 millones señalados hasta el momento.

Romero ha explicado que esos 3.600 millones únicamente se referían a la ejecución de las obras, sin tener en cuenta el modelo de financiación. Los sobrecostes han sido cifrados en 1.400 millones. Según sus cálculos, la conservación y ejecución de las obras, con la financiación, supondría unos 9.400 millones de euros. El consejero es conocedor de que es un cálculo complicado, ha señalado en la comisión, porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, costes como la amortización de los créditos swaps.

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