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La Comunidad de Madrid suspende en seguridad pública

miércoles 30 de agosto de 2017, 14:00h

La seguridad es una condición necesaria para el funcionamiento democrático de la sociedad y uno de los principales criterios para asegurar la calidad de vida. La inseguridad no es simplemente el temor al robo o a la agresión. Puede nacer también del peligro provocado por un automóvil, por un entorno nocivo, precario y, sobre todo, por el temor de no disponer de una ayuda o de un servicio que aporte protección o reparación.

En la presente Legislatura de la Comunidad Autónoma de Madrid estamos presenciando con estupor y temor la política que en materia de seguridad pública está llevando a cabo el Consejo de Gobierno, haciendo dejación de la principal competencia que en esta materia tiene como es la coordinación de los servicios de las Policías Locales. Según establece el artículo 148.1.22 de la Constitución, las Comunidades Autónomas asumen las competencias en las materias de coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los términos que establezca una Ley Orgánica. Hay que destacar que en la Comunidad de Madrid hay más de 12.000 policías locales que, bien coordinados, supone una importante fuerza contra la inseguridad y que, en desarrollo del citado precepto constitucional (el artículo 39 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entre otras), atribuye también a las Comunidades Autónomas el ejercicio de la función de coordinar la formación profesional de las Policías Locales mediante la creación de Escuelas de Formación.

Por tanto, resulta imprescindible que la Comunidad de Madrid deje de inhibirse ante sus obligaciones y ejerza efectivamente sus obligaciones de coordinación.

La coordinación debe ser entendida, tal y como señaló la Conferencia sobre la Prevención de la Inseguridad Urbana de Barcelona, como "la fijación de medios y de sistemas de relación que hagan posible la información recíproca, la homogeneidad técnica en determinados aspectos y la acción conjunta de autoridades estatales y comunitarias en el ejercicio de sus respectivas competencias, de tal modo que se logre la integración de actos parciales en la globalidad del sistema". En definitiva, la coordinación debe perseguir una mayor eficacia y calidad en la oferta de seguridad pública, para una acción común que tiende a evitar la duplicación de los esfuerzos y las acciones divergentes e incluso contradictorias.

Pues bien, atendiendo al principio de “desentendimiento” de todo lo que signifique coordinar a las Policías Locales, la Comunidad de Madrid también pierde una oportunidad de realizar una participación activa para, ejerciendo su función de coordinación, analizar la evolución de la seguridad, proponiendo la elaboraron y aprobación de procedimientos y protocolos para la mejora de la acción policial en relación con competencias autonómicas como la violencia de género, problemática infanto-juvenil, espectáculos públicos, seguimiento del consumo de bebidas alcohólicas y de sustancias adictivas prohibidas, promoción de las acciones coordinadas para le vigilancia de delitos de odio…En definitiva el impulso de los Planes Locales de Seguridad donde se aborden todas las competencias que la Comunidad de Madrid tienen asumidas.

Diego Cruz Torrijos
Diputado del Grupo Parlamentario Socialista Asamblea de Madrid y portavoz socialista en la Comisión de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno.

Diego Cruz Torrijos

Diputado del Grupo Parlamentario Socialista Asamblea de Madrid.

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