Sánchez Martos: “No se está poniendo en riesgo la seguridad de pacientes ni de profesionales”

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, ha salido al paso de las acusaciones vertidas en las redes sociales por José Manuel Freire, portavoz del PSM en la Asamblea de Madrid, quien ha afirmado que “la primera obligación de la Administración sanitaria es proteger a los pacientes, no obtener pruebas policiales”.

Freire se refiere a la actuación de la Consejería de Sanidad en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, donde el pasado 3 de agosto falleció en extrañas circunstancias una paciente de 86 años a la que estaban a punto de dar el alta.

A raíz de este fallecimiento, se ha sabido que la Policía mantenía, en colaboración con la Comunidad de Madrid y la Consejería de Sanidad, un dispositivo de vigilancia ante la sospecha de que una de las trabajadoras del hospital, la auxiliar de enfermería Beatriz L. D., pudiera ser la responsable de una muerte en las mismas circunstancias en 2015.

Como entonces no se pudo probar su implicación, las autoridades decidieron instalar una cámara oculta en el pasillo de acceso a las habitaciones de los pacientes, según ha podido saber Madridiario, y mantuvieron abierta la investigación.

Asimismo, pidieron tanto al Hospital como a la Consejería y a la Comunidad “sigilo y silencio para que no hubiera ninguna filtración”, ha afirmado el consejero en declaraciones a Madridiario, quien ha añadido que “si el precio de la honestidad, la transparencia, el rigor y el apoyo a la Justicia son estas críticas injustificadas por parte de Freire, que buscan un rendimiento político, el consejero de Sanidad está dispuesto a pagarlo pero seguiré apoyando a la Justicia en ese secreto de sumario”.

Además, el consejero sobre estas afirmaciones y ha querido transmitir “un mensaje de total tranquilidad y seguridad tanto a los pacientes como a los profesionales de ese gran hospital y ha manifestado a este diario su sorpresa ante las declaraciones de Freire, “un gran profesional que ha sido consejero de Sanidad en el País Vasco pero que manifiesta un gran desconocimiento sobre el respeto a las autoridades policiales y judiciales”.

“Me parece mentira que Freire, que es un profesional sanitario, que es exconsejero de Sanidad del País Vasco y que ahora es diputado y además portavoz del PSOE pueda poner en tela de juicio esa falta de protección creando una alarma innecesaria entre los profesionales y los pacientes”, ha insistido Sánchez Martos.

El consejero ha recordado lo que ya se ha publicado en los medios de comunicación a lo largo de estos días, que tanto la Comunidad de Madrid como la Consejería de Sanidad colaboraban con la Policía desde 2015, momento en el que “gracias a la buena gestión tanto de los médicos como del hospital se investigó otra muerte sospechosa, ya que los médicos tampoco entendieron la muerte de aquella persona”, ha asegurado el responsable de Sanidad en la Comunidad de Madrid.

Poco después, la auxiliar de enfermería sospechosa de ser la autora de las dos muertes, tanto la de 2015 como la del pasado 3 de agosto, se fracturó un hueso del antebrazo en un forcejeo con un paciente, según ha podido saber este diario, y estuvo de baja 14 meses. Durante ese tiempo, ningún paciente falleció en circunstancias similares.

Hace tres meses, Beatriz L. D. se incorporó a su puesto de trabajo hasta que el pasado día 3 saltaron las alarmas al repetirse, de nuevo, la trágica historia. Los médicos volvieron a encontrar una burbuja de aire en el corazón de la paciente fallecida, como ya ocurriera en el caso de 2015, sólo que la labor de vigilancia llevada a cabo por indicación policial en este caso ha dado sus frutos. Una cámara oculta instalada en el pasillo de acceso a las habitaciones de los pacientes, según ha averiguado Madridiario, delató a Beatriz, que fue la última en entrar en la habitación de la paciente minutos antes de su fallecimiento.

Sánchez Martos ha afirmado que “tanto la Comunidad de Madrid como la Consejería de Sanidad se personarán en la causa como acusación particular por daños a los pacientes del Sermas y por defender la reputación del servicio de Medicina Interna y del hospital, y esto se hará cuando el juez estime oportuno abrir el sumario del caso”. Además, “he tomado la decisión de solicitar explicar esta situación en la Asamblea porque este hombre tiene una responsabilidad social y política ante todos los ciudadanos”, ha anunciado el consejero.

“Es un caso lamentable pero un caso aislado de un único trabajador en una plantilla de más de 70.000 profesionales”, insiste el consejero, “ha sido una persona, no una profesión, por tanto no me gustaría que se criminalizase una profesión porque la profesión de auxiliar de enfermería es una de las más excelentes del Servicio Madrileño de Salud”.