La administración de viviendas públicas y pisos protegidos es uno de los expedientes X que mantienen sin resolver nuestros gestores municipales y comunitarios. Aunque nadie se atreva a reconocerlo, aunque se desmienta repetidamente, todo parece indicar que aún se reserva un cupo de esos domicilios para los amigos políticos y los enchufados de siempre. El asunto Ramón Espinar ha vuelto a poner de actualidad las peculiaridades de un recurso público tan característico.
Auxiliado por su familia, sin apuntarse a concurso alguno y sin empadronarse en la localidad oportuna, el dirigente de Podemos compró un piso protegido y sin habitarlo lo puso a la venta seis meses después. Se embolsó, como saben, una plusvalía cercana a los veinte mil euros. Espinar afirma que no podía pagar la hipoteca y que actuó en consecuencia. Muchos jóvenes se amontonan en pisos patera, pagando más de trescientos euros por habitación, pero Espinar decidió acomodarse en un recinto propio.
Decenios atrás, cuando Caja Madrid era una institución propiedad de todos los madrileños, la entidad financiaba la construcción de numerosas promociones inmobiliarias. Tal iniciativa formaba parte del catálogo de obras sociales que afrontaba la Caja. Las viviendas, amplias y de buena calidad, se vendían a precios asequibles. También eran excelentes las condiciones financieras que se pactaban con los compradores. Publicadas las ofertas, miles de ciudadanos se apuntaban en las listas de demandantes que organizaba Caja Madrid.
Ya entonces, antes de proceder al sorteo de los pisos ofertados, se tenía por costumbre avisar a los recomendados. Cuanto más poderosas eran las influencias del padrino, mejor era la ubicación y la extensión del hogar otorgado. Los privilegiados que se presentaban avalados por un protector de primera categoría elegían entre lo mejor, los que llegaban con referencias menores se tenían que contentar con comprar en las ciudades dormitorio próximas a Madrid. Resueltos los compromisos, la suerte distribuía entre los aspirantes todo aquello que quedaba en venta.
Aquellas arbitrariedades se multiplicaban en las operaciones que garantizaban los organismos del Estado y las corporaciones regionales de la época. Con el paso de los años muchas de las propiedades adquiridas se vendieron en el mercado libre y los beneficios quedaron en el bolsillo de los antiguos propietarios. Nuestro sistema democrático no ha conseguido erradicar esa lacra del pasado.
Visto lo visto, es necesario acabar con la opacidad que oscurece el sector de la vivienda protegida. La decencia y la transparencia son hoy más necesarias que nunca. Hay que investigar la legalidad de las concesiones y la situación actual de los inmuebles ocupados. Hay que establecer con claridad las condiciones que se piden a los ciudadanos que pretendan acceder a un piso protegido. Hay que actualizar las listas de solicitantes y publicitarlas periódicamente. Una buena parte de las nuevas dotaciones deberían alquilarse a los jóvenes que no pueden emanciparse. Deben eliminarse, en definitiva, los pisitos protegidos.
Si (
No(
