Una gasolinera 'low cost' a 20 metros de la cama

Al norte, una vía ciclista. En el otro extremo, una pecuaria. Muy cerca, un bosque de pino protegido. A poco más de 20 metros, los patios y ventanas de una urbanización de viviendas con piscina en la que residen familias jóvenes con hijos buscando una vida más 'verde'. Y, entre todo eso, una parcela vallada en la que está previsto levantar un surtidor para vehículos de motor diésel y gasolina.

Los vecinos del entorno de Valenoso, en Boadilla del Monte, reclaman desde hace meses al Gobierno municipal -con mayoría absoluta del PP- que paralice este proyecto porque, entienden, será perjudicial para su salud si no se pone tierra de por medio. En concreto, blanden varios estudios que aseguran que el benceno que se libera en estas infraestructuras "incrementa exponencialmente el riesgo de padecer leucemia", señala Ángela, portavoz de la plataforma 'Gasolinera No'.

Taller y lavadero

Sobre el plano, la empresa Synac NVB quiere construir en ese solar además un taller mecánico y un lavadero, según aseguran los vecinos, porque la compañía ha rehusado hacer declaraciones. Contra todo ello, los residentes han presentado sus alegaciones al tiempo que la promotora ha comenzado los trabajos previos levantando una valla de hormigón alrededor de la parcela y removiendo el suelo.

Los críticos con el proyecto argumentan además que ya existen surtidores que abastecen la zona (a unos 350 metros) y sospechan que el reclamo del 'bajo coste' va a incrementar el tráfico, los ruidos y la polución a partes iguales en la zona. "Nos dicen que existen gasolineras cerca de viviendas en muchas ciudades, pero la diferencia es que esas son antiguas y esta está por construir", agrega la portavoz. Por todo ello, la plataforma ha comenzado una campaña de difusión y de recogida de firmas que ya ronda los 1.500 apoyos.

Sin embargo, el principal problema de los vecinos ahora es administrativo. A diferencia de lo que ocurre en otros municipios, en Boadilla no existe ninguna ordenanza para regular la construcción de nuevas gasolineras y a qué distancia pueden estar de las casas. Y aquí empieza la batalla política.

En marzo, la oposición de Ciudadanos (C's), PSOE y Alternativa por Boadilla (ApB) presentó una moción conjunta para solicitar al Gobierno que reconsiderara la instalación de los surtidores de abastecimiento en este solar de la avenida Condesa de Chinchón. El portavoz de la formación naranja, Ricardo Díaz, expuso que la infraestructura atraerá también a grandes transportistas. "Este tipo de comercialización 'low cost' es beneficioso para el consumidor, pero de ninguna manera justifica su ubicación en una zona comercial tan próxima a viviendas residenciales", señaló en la presentación de la iniciativa. Este jueves, Díaz ha ampliado sus sospechas advirtiendo contra el "más que probable riesgo de proliferación" de este tipo de instalaciones.

Rechazado

Aquel texto no salió adelante por la negativa del PP y este viernes PSOE y ApB presentarán directamente la que, consideran, debe ser la ordenanza de la que adolece el municipio. En ella, se establece una distancia mínima de 200 metros para la instalación de gasolineras cerca de hospitales, centros de salud, de enseñanza y residencias de mayores, de 100 metros frente a zonas verdes, equipamientos comunitarios, edificios de culto, cines y teatros, campos de fútbol, polideportivos, casas de cultura o centros de exposiciones y bibliotecas, y (aquí llega lo relevante), de 150 metros en el caso de las viviendas, lo que dejaría yerma de fuel la controvertida parcela.

"El texto lo respalda todo el mundo", explica Delia López, portavoz socialista. López ubica el origen de esta controversia en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2015, que "deja la posibilidad de que se puedan poner gasolineras en varios puntos del municipio", como el caso de Valenoso.

Sin embargo, el consenso no parece cercano. Los vecinos aseguran que el alcalde, Antonio González Terol, quiere sacar adelante su propio reglamento que salvaguarde tanto el interés de los vecinos como el del promotor, de ahí que no crean que la ordenanza de la oposición llegue a buen puerto y sirva para desplazar negro sobre blanco este proyecto empresarial. Aunque el periodo hasta la llegada de esta normativa implica la suspensión temporal de las licencias, lo que está claro es que, a día de hoy, los malos humos no se marchan de Valenoso.

La portavoz popular, Sara de la Varga, ha reprochado recientemente a la oposición que no alegara "nada" al PGOU tras más de dos años de trámites y ha señalado que el regidor actúa "respetando la legalidad" además de confirmar que su equipo está ya redactando la tan traída ordenanza.

Según los vecinos, el promotor acaba de presentar el estudio de detalle del proyecto para su aprobación, que no incluye los surtidores hasta que no se apruebe el reglamento. "Hoy por hoy y dentro de la más absoluta legalidad, quien decide si se ponen o no los surtidores es nuestro alcalde", indican los vecinos. "Quedan cuatro meses para presentar una ordenanza aprobada: de no cumplirse este plazo, se incurriría en 'silencio administrativo' y el promotor podría colocar los surtidores donde quisiera", advierten.