La patronal propone duros recortes laborales

El texto considera que "el objetivo de la reforma debe ser la necesaria flexibilidad para adaptar las condiciones de trabajo a las cambiantes exigencias de la demanda; la normalización de las fórmulas de contratación laboral; el control de absentismo injustificado y la potenciación del arbitraje laboral.

Según ha informado el presidente de CEIM, Arturo Fernández, "los empresarios madrileños, como todos los empresarios españoles" quieren que el resultado de la negociación sea "útil y positivo no sólo para los legítimos intereses empresariales sino también para los trabajadores; es decir, útil para crear puestos de trabajo estables y facilitar lo antes posible la recuperación de la economía española".

Algunas de las propuestas son las siguientes:

- Modificación de varios puntos del Estatuto General de los Trabajadores.

- Negociación de los convenios colectivos en cada empresa y, en su defecto, la de un convenio provincial o estatal.

- Rechazo a la elección del convenio más favorable para el trabajador cuando convivan el convenio de empresa y el de sector.

- Delimitación a un período de entre 6 y 8 meses la prórroga de los convenios caducados para agilizar las negociaciones.

- Posibilidad de modificación sustancial de las condiciones laborales, siempre que haya "criterios objetivos". Por ejemplo, variaciones del horario (en distribución o cómputo), la remuneración o los sistemas de organización del 25 por ciento.

- Salarios según los resultados económicos, la situación del mercado y los avances en productividad y aportación de los trabajadores.

- Las empresas podrán descolgarse de las condiciones salariales de un convenio siempre que haya "razones económicas objetivas" o acuerdo con los trabajadores de la empresa.

- Único modelo de contrato laboral estable.

- Mantener contratos temporales causales.

- Modificación de las condiciones establecidas en un convenio, aunque no haya acuerdo con los representantes de los trabajadores, siempre que concurran circunstancias que lo justifiquen. Consideran que, actualmente, los procedimientos de descuelgue se reducen a cuestiones salariales, lo que bloquea negociaciones.

- Indemnización tasada en 20 días por año trabajado y una adicional de un año, respetando otras fórmulas anteriores para los trabajadores ya contratados.

- Unificación del contrato a tiempo parcial, con la debida proporcionalidad.

- Contrato temporal "de fomento del empleo" que añada a la temporalidad de dos años de duración, la retribución en base al salario mínimo interprofesional, sin más requisitos ni limitaciones.

- Supresión de la obligación de la empresa a la formación teórica de los trabajadores (correspondería a los servicios públicos), centrándose en la formación práctica.

- Ampliación de la duración del contrato en prácticas a tres años para todos los titulados.

- Eliminación de penalizaciones legales en la finalización del contrato de obra o servicio a las empresas.

- Asunción, en función de las cotizaciones, por la Seguridad Social de los primeros 15 días de absentismo.

- Mayor control de las bajas laborales a través de las mutuas patronales y nuevos cauces de consulta y denuncia por los médicos o empresarios, ante la inspección médica.

- Financiación estatal de los arbitrajes laborales y la incapacidad de hacer huelga durante dichos procesos.

CCOO de Madrid considera que estas medidas "dan la nota negativa" y son "malintencionadas". Al sindicato le parece "inaudito" el "chantaje" que, a su juicio, supone plantear en su propio documento que, de no aceptarse sus medidas, preferirían que el Gobierno legisle y aplique las reformas que tanto anhelan, haciendo dejación de sus responsabilidades y confiando la solución de los problemas empresariales a las políticas que seguramente pudieran desarrollar sus "aliados políticos".