Este jueves, la presidenta regional aseguró durante el pleno de la Asamblea de Madrid que, si el
presupuesto y los
informes de impacto ambiental lo permiten, los últimos 18 kilómetros de la conocida con la '
carretera de los pantanos' también tendrán dos carriles por sentido. "Se completarán esos 18 kilómetros, que además tienen un puerto que ha causado bastantes siniestros", subrayó.
Gregorio Gordo, portavoz en la Cámara y coordinador general de IU, había exigido a Aguirre justo lo contrario, es decir, que desistiese de prolongar la vía desde
Navas del Rey hasta
San Martín de Valdeiglesias y de ahí hasta
Las Rozas de Puerto Real, donde la M-501 se convierte en la CL-501 al entrar en la provincia de Ávila. Ejecutar el proyecto, que la Consejería de Transportes
ya tiene en cartera, supondría a su juicio "aumentar el ya de por sí enorme destrozo ecológico de la Comunidad de Madrid".
Gordo recordó a la Cámara la
última sentencia del TSJM, dictamen definitivo que declaró que el procedimiento para desdoblar la M-501 entre Quijorna y Navas del Rey (el tramo anterior desde Villaviciosa de Odón y Quijorna lo inauguró Alberto Ruiz-Gallardón en 2001, durante su época como presidente regional) fue ilegal. "Hizo el desdoblamiento con absoluta
premeditación y a sabiendas de que lo hacía
ilegalmente", afirmó el dirigente, denunciando que la obra no contó con los preceptivos informes de impacto ambiental ni pasó por la Comisión Europea, pese a atravesar una zona ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves) y Lugares de Interés Comunitario. Por ello, demandó a la presidenta del Ejecutivo que, puesto que el segundo tramo de desdoblamiento -objeto del fallo de la Justicia- ya está hecho, restituya al menos su entorno a su estado anterior.
Pero, para Esperanza Aguirre, convertir la carretera en una autovía de dos carriles
no es atravesar "la selva amazónica", sino ampliar "una carretera que ya estaba ahí". La responsable regional recurrió al que siempre ha sido su argumento para acometer las obras, la
seguridad. Aguirre subrayó cómo una carretera que los alcaldes de la zona -"incluidos los de Izquierda Unida", destacó- consideraban peligrosa, sólo ha tenido un fallecido en el tramo desdoblado desde su inauguración. "Salvar vidas es un objetivo loable", se reafirmó.
Un carretera polémica
Con
tres y cuatro fallecidos al año de media antes de las obras, el Gobierno regional ya recurrió en 2004 al "interés general" para evitar la declaración de impacto ambiental. En 2006, y tras un proceso impulsado por Ecologistas en Acción, la Comisión Europea abrió un expediente y exigió la declaración de impacto antes de trasladar la causa al
Tribunal de Justicia de la UE, que aún no se ha pronunciado. La Comunidad terminó presentando la declaración de impacto, pero cuando las obras estaban a pocos meses de acabar. En febrero de este año el Tribunal Superior de Justicia de Madrid certificó en sentencia firme que el procedimiento del desdoblamiento fue ilegal.
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