La denuncia se produjo el 16 de junio, cuando la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados de España (FERINE) tuvo conocimiento de dicho maltrato, a través de un vídeo colgado en una página web de Mali. Inmediatamente pidió que se abriera una investigación. En el audiovisual se podía observar cómo varias personas, una de ellas con el uniforme de la Policía Nacional, dos con petos amarillos y otras vestidas de paisano, reducían a un hombre. Mediante el uso de la fuerza, primero le inmovilizaban en el suelo y después le ataban las manos con correas tras la espalda y las piernas a la altura de los tobillos. Finalmente, se lo llevaban en un furgón policial.

La Policía Nacional aclaró los hechos argumentando que el senegalés era "un delincuente con antecedentes de robo con fuerza, expulsado a Senegal", que impidió "violentamente" que le introdujeran en el avión con destino a Dakar. Asimismo, los agentes afirmaron que sólo pusieron en marcha el protocolo que se activa en estos casos: inmovilizar al detenido, que fue atado de pies y manos, y trasladarlo a las dependencias policiales.

Por su parte, el partido Por un Mundo más Justo afirmó que "los policías están siendo presionados por instancias superiores para lograr que los inmigrantes sean devueltos a sus países, en aplicación de una política de inmigración". Por este motivo, pidieron que los agentes actuaran en en consecuencia para que los inmigrantes fueran tratados en el país con todo el respeto y la dignidad que merecen como seres humanos que son.

Cupos de inmigrantes
Por otro lado, durante el mes de febrero aparecieron diferentes informaciones de que cada comisaría tenía que detener semanalmente a un número determinado de irregulares en función de la población del distrito. En el caso que no se alcanzara el cupo, sus agentes debían cruzar los límites de su ámbito de actuación y arrestar en otros. Por este motivo, sindicatos y asociaciones de inmigrantes solicitaron al Gobierno que acabaran con las "políticas represivas y discriminatorias".

Respecto a estos afirmaciones, el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, admitió que la Policía Nacional tiene "unos objetivos cuantitativos frente a la delincuencia". No obstante, tras la tormenta política levantada, el ministro se vio obligado a clarificar el marco de actuación policial a la hora de aplicar la Ley de Extranjería. Finalmente, se decidió que los Cuerpos de Seguridad "establecerán únicamente objetivos cualitativos, atendiendo prioritariamente a la problemática delincuencial que se produzca en determinadas zonas y periodos de tiempo".

Por otro lado, la Asociación de Vecinos de Aluche reclamaron desde diciembre el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid ante las innumerables denuncias sobre el "deterioro en el clima de convivencia" y las supuestas agresiones que se dan en el centro. "Basta ya de mirar para otro lado y negar el problema. Solicitamos al Gobierno que deje de tolerar la opacidad de los CIE's y que impira que sigan existiendo personas retenidas en condiciones indignas", afirmaron los vecinos. Por contra, el Ministro de Interior negó que los extranjeros sufran malos tratos en estos centros.