Vuelve la "pesadilla" para las viudas del Poblado Dirigido de Orcasitas, en el distrito de Usera, que recibieron ayudas municipales para la rehabilitación de sus viviendas. La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha denunciado que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha reclamado de nuevo la devolución del complemento de mínimos de las pensiones de viudedad de estas octogenarias a pesar de que el Tribunal Supremo dictó en 2023 y 2024 que estas subvenciones no deben considerarse ganancias patrimoniales.
Hace un año, la Seguridad Social se comprometió a cancelar las reclamaciones si las afectadas demostraban que los ingresos detectados procedían de las subvenciones concedidas a sus comunidades de vecinos y así lo hicieron. Pero en los últimos días, según alerta la FRAVM, han vuelto a llegar a este barrio del sur nuevas cartas reclamando la misma devolución del complemento.
La organización vecinal acusa al Gobierno central de ignorar las resoluciones del Supremo y de mantener un sistema automatizado de detección de “ganancias” que, según critican, afecta también a otras ayudas como el Ingreso Mínimo Vital, becas de comedor o subsidios por desempleo.
La FRAVM insiste en que estas subvenciones no benefician directamente a los vecinos, ya que el dinero se ingresa directamente a las cuentas de las comunidades de propietarios y se destina a obras de accesibilidad, eficiencia energética o retirada de amianto. “Es inadmisible que se penalice a las familias más humildes por participar en programas públicos de rehabilitación”, denuncia esta entidad que ha llevado el caso ante el Defensor del Pueblo.
Ante esta situación, la Fravm ha reclamado al Ministerio de Hacienda una reforma de la Ley del IRPF para que estas ayudas dejen de computar como incremento patrimonial, ya que seguir considerándolas como tal supone un obstáculo para los colectivos más vulnerables, desincentivando su participación en proyectos de mejora del parque residencial.
Desde la Seguridad Social han asegurado que no se ha desatendido al colectivo afectado y que se han realizado esfuerzos para corregir errores del pasado. Hacienda, por su parte, ha indicado que las ayudas vinculadas a rehabilitación están siendo tratadas de forma diferenciada en la actual campaña de la renta para evitar nuevos errores. No obstante, reconocen que, si las subvenciones se han incluido en casillas genéricas junto a otras ayudas, puede ser necesario recurrir al trámite de alegaciones para corregir la situación.
Mientras tanto, la Fravm teme que esta situación se extienda a otros barrios y reclama que se paralicen de inmediato las nuevas reclamaciones. “No podemos permitir que quienes menos tienen acaben atrapados en una trampa fiscal por mejorar sus viviendas”, ha zanjado.
El Ayuntamiento también denuncia la "injusticia"
Desde el área de Políticas de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, su titular, Álvaro González, califica de "inaceptable" la situación. "Es una vergüenza y una muestra más de la inacción y el afán recaudatorio del Gobierno", ha manifestado reiterando que estas ayudas, destinadas a mejorar la accesibilidad, la eficiencia energética o a retirar amianto, no suponen un beneficio económico directo y no deberían computarse como ganancia individual.
Desde el Consistorio coinciden con la Federación en reclamar al Gobierno de España que modifique la normativa para que las subvenciones municipales queden exentas de tributación, tal como ocurre con las estatales. En octubre de 2023, el Pleno del Ayuntamiento aprobó esta petición con amplio respaldo político, pero hasta la fecha, según fuentes municipales, no ha habido respuesta del Ministerio de Hacienda.
"No podemos permitir que las ayudas sociales se conviertan en una trampa fiscal para quienes menos tienen", ha señalado González para quien se trata de un "agravio comparativo que castiga a los madrileños, especialmente a los mayores con pensiones mínimas, y vulnera el principio de equidad territorial".
Asimismo ha advertido que esta interpretación fiscal no solo afecta a las pensiones de viudedad, sino que está dejando a familias sin becas de comedor, ayudas educativas y acceso a medicamentos subvencionados.
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