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Víctimas del Síndrome del Aceite Tóxico frente al Congreso de los Diputados.
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Víctimas del Síndrome del Aceite Tóxico frente al Congreso de los Diputados. (Foto: Plataforma Seguimos Viviendo)

Las víctimas de la colza, "olvidadas" en el 40 aniversario del envenenamiento masivo

sábado 16 de octubre de 2021, 09:00h

La intoxicación por aceite desnaturalizado que atacó a los barrios más humildes de Madrid y su periferia en 1981 dejó secuelas a sus víctimas que aún padecen cuatro décadas después del considerado mayor envenenamiento alimentario de la historia de España. La plataforma de afectados Seguimos Viviendo cifra en 20.000 los damnificados por este trágico incidente, 10.000 de ellos residentes en la Comunidad de Madrid, protagonistas involuntarios de un caso "invisibilizado". "Ha sido muy difícil llegar a estos 40 años sin el recuerdo de las instituciones, sintiéndonos víctimas de tercera", expone a Madridiario Carmen Cortés, coordinadora de la asociación.

La plataforma traslada el "agotamiento" alcanzado tras años de lucha por no caer en el olvido y por mejorar unas condiciones de vida mermadas por la toxicidad del aceite de colza que contaminó su organismo y que los obliga a convivir con hipertensión pulmonar, fatiga muscular o problemas de circulación. "Muchos no hemos podido llegar a finalizar nuestra vida laboral porque es como si tuviéramos 20 años más y vivimos con escasos recursos económicos y sociales", lamenta Cortés. Una frustración a la que suman, según indica, que en este 40 aniversario del suceso que lastró su futuro "seguimos siendo historia desconocida de este país y no se ha celebrado ningún acto de respeto y reparación a las víctimas ni a nivel local, ni regional, ni nacional".

Las víctimas se desnudan para mostrar sus secuelas

Como respuesta a este "abandono", la asociación planificó este verano un proyecto fotográfico en el que siete de los afectados, cuatro mujeres y tres hombres, se desnudan ante la cámara para mostrar sus secuelas a fin de divulgar su situación. Tras el objetivo, Quim Vives, con amplia experiencia de foto fija en rodajes cinematográficos de renombre, y como colaborador, el Colegio de Farmacéuticos de Madrid, que asumió parte del coste de la producción de manera desinteresada. El resultado: unas 25 imágenes realizadas "con mucha sensibilidad y respeto" que plasman todo tipo de lesiones, "desde las que no se ven a las que más".

La coordinadora solicitó a la Comisión Evaluadora de Proyectos Expositivos (CEPE) del área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid exponer las fotografías en el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa, pero recibieron una respuesta negativa por su parte. "Nuestro trabajo no les resultará atractivo, pero sabemos que fuera de España hay mucho interés sobre el tema y podría llamar a turistas que no saben lo que ocurrió", comenta, antes de agregar que dentro de nuestras fronteras también abunda este desconocimiento porque este episodio de la colza y el Síndrome del Aceite Tóxico en el que derivó "apenas se estudia en las facultades".

En el mensaje que remitieron a la CEPE aluden a la declaración institucional aprobada por unanimidad en el Pleno de Cibeles en 2017 en la que, entre otras cosas, se llevó a cabo un reconocimiento de su dignidad como víctimas. Ahora afean al Consistorio que los compromisos adquiridos ese día "se hayan quedado en palabras" y no los ayuden a difundir su historia en los centros culturales municipales "cuando sí se hace con otras víctimas como Gregorio Ordóñez -asesinado por ETA- que tuvo una exposición en CentroCentro el año pasado". No restan "derecho" a difundir la figura de personas que sufrieron en primera persona la sinrazón del terrorismo u otras desgracias, pero "no queremos ser menos".

Miembros de la Plataforma Seguimos Viviendo en Cibeles en 2017 junto a concejales de distintos partidos.

En busca de un espacio "visible" para exponer su caso

Desde el área de Cultura, Turismo y Deporte que dirige Andrea Levy explican a este medio que la Comisión Evaluadora de Proyectos Expositivos evaluó la propuesta, decidiendo que la misma "no se adecua a sus espacios, tomando para ello en consideración sus respectivos calendarios de programación y criterios y líneas expositivas". No obstante, en una carta que remitieron a la plataforma Seguimos Viviendo el pasado 8 de octubre y a la que Madridiario ha tenido acceso, se comprometen a "explorar la posibilidad de incorporar la muestra al programa expositivo de las bibliotecas municipales", así como derivar la propuesta a ás áreas de Familias, Igualdad y Bienestar Social y a la de Portavoz, Seguridad y Emergencias, de quien depende Madrid Salud, para que valoren su programación.

Por tanto, fuentes del departamento de Cultura concluyen que les dieron alternativas y apuntan, además, que no recibieron respuesta por parte de la plataforma para avanzar en la cuestión. Por su parte, Carmen Cortés explica que la plataforma rechaza publicar su proyecto fotográfico "en lugares donde no va a tener visibilidad" ni posibilidad de recaudación, pues necesitan recaudar fondos para continuar con un proceso judicial internacional abierto en el Tribunal de Derechos Humanos para investigar las presuntas irregularidades en su causa.

"Queremos, como el resto de víctimas, ser expuestas a lo grande, no derivadas a los distritos, con todo el respeto a la red de bibliotecas", afirma en una misiva de vuelta que ha enviado a la CEPE durante la elaboración de esta información. Sí accederían, precisa, a llevar las fotografías a las bibliotecas "en una segunda fase y después de una puesta de largo, como se hace en las exposiciones que de verdad importan".

Cortés admite que no han llamado a la puerta del Gobierno nacional ni del autonómico para que les cedan una sala de su titularidad. "Se nos agotan las energías con ellos pidiéndoles otras cosas, como que conviertan subsidios en incapacidades, que informen a los afectados de dónde acudir para recibir asistencia especializada o para que se cree una oficina de víctimas", declara. Por ello, hace un llamamiento a la "solidaridad" de alguna galería o espacio que quiera acoger sus fotografías y testimonios antes del 31 de diciembre.

El mayor envenenamiento alimentario en España

Los hospitales madrileños llenaron sus camas de pacientes con un cuadro de fatiga, fiebre, tos, somnolencia, dolor de cabeza, dificultad respiratoria y manchas similares a las del sarampión a mediados de 1981. El diagnóstico preliminar fue el de una neumonía, pero pronto se descartó al detectarse la presencia en los niños de un tipo de glóbulos blancos que aparecen asociados a la toxicidad. Los pacientes respondían a un único perfil común: vivían en barrios humildes. Allí se buscó y se encontró el origen de esta enfermedad sin precedentes: la ingesta de un aceite tóxico de uso industrial que se comercializó de manera fraudulenta.

La venta de colza natural se encontraba prohibida en nuestro país para uso alimentario, pero sí se permitía su empleo en industrias como la siderúrgica. En 1981 llegaron a una refinería de Alcorcón miles de litros de este aceite importado de Francia y, tras aplicarle un tratamiento que después se revelaría tóxico, lo mezclaron con otros aceites comestibles. El líquido resultante se vendió a granel y sin ningún tipo de control sanitario previo en mercadillos y puerta a puerta en los municipios periféricos de la Comunidad de Madrid, así como en las zonas más desfavorecidas de la capital.

Así se gestó el mayor envenenamiento alimentario registrado en España. La colza atacó a los órganos internos y a las múltiples secuelas físicas que provocó que añaden las psicológicas. "Nos produjo un estrés postraumático cronificado", sostiene Carmen Cortés, que vivió los estragos de esta enfermedad cuando solo tenía 15 años. Según datos de la plataforma Seguimos Viviendo resultaron intoxicadas más de 20.000 personas, la mayoría residentes en la Comunidad de Madrid, Castilla la Mancha y Castilla y León. No obstante, el Instituto Nacional de la Seguridad Social reconoció en abril a Efe un total de 12.881 afectados.

El caso se judicializó, participando en la causa 38 acusados y 1.086 testigos. La sentencia, conocida en 1989, no condenó por homicidio a ninguno de los imputados. Tan solo se probó un delito contra la salud en 13 de ellos y solo dos ingresaron en prisión. Los empresarios involucrados en la comercialización del aceite tóxico se declararon insolventes y el Estado tuvo que hacerse cargo, por mandato judicial, de las indemnizaciones correspondientes a las víctimas. "Asumieron el compromiso de cuidarnos hasta que muriéramos, pero nadie se preocupa por nosotros, que vivimos con subsidios por debajo del Ingreso Mínimo Vital cuando debería ser el doble".

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