Esta semana, el flamante líder del PP, Pablo Casado, ha presentado en el Congreso su reforma de la ley electoral. En ella, plantea dar mayoría absoluta al partido que supere el 35 por ciento de los votos y aventaje en un cinco por ciento a la segunda opción o, en caso de no llegar a esa cifra, que sí tenga más del 30 por ciento del apoyo popular y aventaje en diez puntos a la siguiente opción. Así las cosas, esta reforma, de haberse aprobado antes de las últimas elecciones municipales celebradas hace tres años, hubiera neutralizado los dos mandatos que emanaron tras las urnas: que el cinturón rojo volvía a ser del PSOE y que las mayorías absolutas habían llegado a su fin. De las veinte localidades más pobladas de la Comunidad, en doce -casi todas gobernadas por partidos progresistas- se hubiera vuelto a votar, en cinco se habría dado mayoría absoluta a un gobierno que actualmente no la tiene, en dos no hubiera habido cambios y en uno habría gobernado el PP, cuyo líder terminó imputado, en vez del PSOE.
