infanta cristina

José Castro, juez instructor del caso Nóos, ha señalado este martes que no se puede tener por consignados los 587.413 euros depositados por la Infanta Cristina, al apuntar que esta ingresó el dinero por error en un Juzgado de Barcelona tras confundirse de número de cuenta.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 19 años y medio de cárcel para el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, y 16 y medio para su exsocio, Diego Torres, por urdir y liderar una trama empresarial con la que lograron acceder de forma "directa e inmediata" a los fondos manejados por las Administraciones, eludir los requisitos exigidos por las normativas de contratación pública y desviar así hasta 6,2 millones de euros de las arcas de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid.

La Fiscalía Anticorrupción solicitará este martes más de cien años de cárcel para los acusados del caso Nóos, de los que entre 18 y 20 los reclamará para el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y casi 17 años para su exsocio, Diego Torres, a quienes acusa de haber urdido y liderado una compleja trama de desvío de fondos públicos a través de la cual se habrían apoderado irregularmente de hasta 5,9 millones de euros. También pedirá exculpar a la infanta Cristina.

La Audiencia Provincial de Baleares ha confirmado este viernes la imputación de la Infanta Cristina por dos delitos fiscales, por lo que deberá sentarse en el banquillo de los acusados para ser juzgada en el marco del juicio del caso Nóos. Por otro lado, se archiva la imputación por delito de blanqueo.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha puesto este miércoles fin a la instrucción del caso Nóos tras cuatro años de investigaciones, y ha acordado mantener la imputación de la hermana del rey, Cristina, por presunto blanqueo de capitales y como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales. El juez abre así la vía para que la Duquesa de Palma pueda sentarse en el banquillo de los acusados.

"Lo siento Alteza, pero no cuento con usted". Con estas palabras un alto cargo de la Casa del Rey comunicó a la infanta Cristina que no la llamarían más para participar en actos oficiales de la Familia Real, como consecuencia de la investigación que el juez José Castro había abierto en torno a los negocios presuntamente irregulares de su marido, Iñaki Urdangarin, duque de Palma. Con esta decisión los responsables de Zarzuela intentaban establecer un cortafuegos y evitar el desgaste que la instrucción del caso estaba provocando a la institución.

La Infanta Cristina respondió al juez José Castro, en su comparecencia como imputada del pasado 8 de febrero, con unas 550 evasivas sobre su papel al frente de la sociedad de la que es copropietaria junto a su marido, Iñaki Urdangarin, tal y como consta en la transcripción de su declaración.

La infanta Cristina ha permanecido este sábado casi siete horas declarando ante el juez que investiga el 'caso Nóos', José Castro, a quien ha manifestado su plena confianza en su marido el duque de Palma. Se ha desmarcado de sus negocios, pero le ha calificado de especialmente "respetuoso y escrupuloso"a la hora de gestionarlos.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha confiado en que la Audiencia de Palma evitará que la Infanta Cristina, cuando vaya a declarar el 8 de febrero, tenga que enfrentarse a "situaciones de carácter previo" que puedan considerarse "perjudiciales" para ella. La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, comparte esta opinión, ya que la Ley de Enjuiciamiento Criminal "no impone la pena de paseíllo".

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha adelantado al día 8 de febrero  a las 10.00 la declaración de la infanta Cristina, después de que sus abogados hayan anunciado que no recurrirán su imputación. 

Los abogados de la infanta Cristina han renunciado a recurrir el auto por el que el juez instructor del caso Nóos, José Castro, la ha citado a declarar como imputada, y han anunciado que se ofrecerá a comparecer ante Castro en "la fecha que se señale a tal efecto".

La Fiscalía Anticorrupción valora, entre las alternativas abiertas tras la imputación de la Infanta Cristina por parte del juez José Castro, no recurrir esta decisión para evitar que el encausamiento de la hija del Rey don Juan Carlos cuente con dos pronunciamientos favorables: el del propio magistrado y el de la Audiencia Provincial de Baleares, que abrió la vía para que la Duquesa de Palma fuese investigada por presunto delito fiscal y de blanqueo de capitales por su gestión al frente de la sociedad 'pantalla' Aizoon.

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, sostiene que la intervención de la Infanta Cristina en Aizoon -de la que es copropietaria junto a su marido, Iñaki Urdangarin- constituía un "escudo frente a Hacienda", en línea de lo que puso de manifiesto en su día el notario que participó en la constitución de la sociedad, quien apuntó que el exasesor fiscal del Instituto Nóos Miguel Tejeiro auspició la colocación de la hija del Rey en la mercantil para que ésta gozase de un trato especial por parte de la Agencia Tributaria.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, apunta, en el auto que ha dictado para imputar por segunda vez a la Infanta Cristina en el marco del caso Nóos, que Iñaki Urdangarin "difícilmente" pudo haber defraudado a Hacienda "sin, cuando menos, el conocimiento y aquiescencia" de su mujer "por mucho que de cara a terceros" mantuviera "una actitud propia de quien mira para otro lado".

La Fiscalía ha presentado este jueves un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma en el que se opone a la imputación de la Infanta Cristina en el marco del caso Nóos, al considerar que los indicios que pesan sobre ella son "meras conjeturas o sospechas que no constituyen elementos válidos de imputación". Con esto sobre la mesa, el juez José Castro debe decidir en breve si acuerda o no la imputación de la Duquesa de Palma por un presunto delito fiscal y de blanqueo de capitales, o si archiva definitivamente las pesquisas en torno a la mujer de Iñaki Urdangarin.

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha embargado la mitad indivisa del 'palacete' de Pedralbes, propiedad al cincuenta por ciento de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, por el impago de la fianza de responsabilidad civil que se le impuso al Duque de Palma de forma conjunta y solidaria con su exsocio Diego Torres, por un importe de 8,2 millones que posteriormente quedó reducida en 6,1 tras descontarle el IVA.