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    18 de noviembre de 2019

cafetería Asamblea de Madrid

ASAMBLEA DE MADRID

La Asamblea de Madrid celebra a partir de las 10 su Pleno semanal. En el orden del día, la repetición de la votación de la ley de gratuidad de libros de texto y la petición al Gobierno central para subir el sueldo de Policía y Guardia Civil. Todo, con Cataluña y la negociación de los presupuestos de telón de fondo.

La Audiencia Nacional ha citado en calidad de investigada a la exresponsable de los servicios jurídicos de la Asamblea de Madrid por la adjudicación de la cafetería de la Cámara al grupo Cantoblanco, un caso que salpica a la presidenta regional Cristina Cifuentes. En la misma providencia, el alcalde de Brunete, Borja Gutiérrez Iglesias, también ha sido citado a declarar como investigado.

La jefa del Servicio de Relaciones Exteriores y Protocolo y miembro del Comité de Expertos de la Asamblea de Madrid, María Merino, ha asegurado este viernes en la comisión de investigación por corrupción de la Asamblea de Madrid hasta en tres ocasiones que "no fue legal" cambiar un criterio para adjudicar los dos contratos de cafetería (2009 y 2011).

Elvira Rodríguez, expresidenta de la Asamblea de Madrid, declarará en la comisión anticorrupción junto a Tatiana Recoder, letrada jefa de la misma cámara, y Fabio Pascual Mateo, miembro de la mesa de contratación de la cafetería de la Asamblea investigada por la UCO.

Un informe jurídico emitido el pasado 26 de mayo por la secretaria general de la Asamblea de Madrid sostiene que no existe incompatibilidad a la hora de formar parte del comité de expertos y la Mesa de contratación que participaron en la adjudicación de la cafetería de la sede de Vallecas.

COMISIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN

La presidenta regional, Cristina Cifuentes, se ha rodeado de una multitud de cargos orgánicos y diputados populares en su llegada a la comisión de investigación contra la corrupción. La también presidenta del PP comparece este viernes en este organismo a raíz del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que la vincula con la financiación irregular del PP de Madrid a través de adjudicaciones de la cafetería del Parlamento regional.
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