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    25 de junio de 2019

Asamblea de Madrid

COM.PERMISO

Los diputados de la Asamblea de Madrid Pilar Sánchez Acera, del Partido Socialista Obrero Español, y Jacinto Morano, de Podemos, han coincidido en la necesidad de consensuar una nueva ley de Universidades, no solo en la Comunidad de Madrid sino a nivel nacional. Lo han hecho en una tertulia en la sección Com.permiso dirigido por el presidente de Madridiario, Constantino Mediavilla, del programa Madrid Directo de Nieves Herrero.

Los diputados Pilar Sánchez Acera (PSOE) y Jacinto Morano (Podemos) serán los invitados al debate de Com.Permiso en Onda Madrid. A partir de las 18.30 podrán ponerse al día de los temas de actualidad de la mano de los dos políticos.

CASO MÁSTER

María Teresa Feito, exasesora de la Consejería de Educación, se ha negado a declarar en la Comisión de investigación sobre universidades alegando estar procesada por el Caso Máster. Tras ello, ha abandonado la sala. El consejero de Educación, Rafael van Grieken, en cambio, defendió la presunción de inocencia de Cristina Cifuentes.

CASO MÁSTER

Los próximos comparecientes este lunes en la Comisión de Universidades de la Asamblea de Madrid serán Rafael van Grieken, consejero de Educación, Javier Ramos, rector de la URJC, y María Teresa Feito, exasesora del Gabinete de la Consejería de Educación.

Los representantes de los trabajadores instan a realizar paros también el próximo jueves en protesta por las conclusiones de la comisión de investigación de la Asamblea sobre la presencia de amianto en el suburbano.

El presidente de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid y candidato a la reelección insiste en que la normativa, paralizada este lunes en la Asamblea, no se puede hacer "con prisas". "Es una Ley que requiere el máximo consenso posible", argumenta Aguado.

Pedro Rollán tilda a sus hasta ahora socios de "electoralistas" y "oportunistas" por no aprobar en la Asamblea una de las medidas estrella del Ejecutivo.También les incluye en el "tripartito de oposición" que ha logrado ampliar el plazo de la comisión de universidades a pesar, dice el vicepresidente, de que no buscan obtener la verdad.

La normativa, que prioriza la protección y seguridad de los menores, así como de las víctimas de violencia de género, ha sido aprobada por los votos a favor de PSOE, Podemos y Ciudadanos -75, en total- y la abstención del PP -47votos-.

El presidente del Gobierno autonómico arremete contra "la izquierda" por, dice, "intentar convertir la Educación concertada en subsidiaria de la pública" y mantiene su "firme compromiso" con la "libertad de elección de los padres".

Garrido asegura que la Comunidad está preparando ya un decreto que regulará la creciente implantación de salas de apuestas en Madrid: habrá un control de acceso similar al de los casinos y se establecerá una distancia mínima entre estos establecimientos y los centros educativos. La portavoz de Podemos, Clara Serra, le acusa de haber creado en la Comunidad "un Eurovegas a cielo abierto".

La Asamblea de Madrid aprobará este jueves la propuesta impulsada por el PSOE -y transaccionada por el resto de grupos a excepción del PP- cuyo fin es el de regular los servicios de mediación de la Comunidad de Madrid para que se vele por la seguridad de los menores afectados. Su interés primará por encima de cualquier otra cuestión, a excepción de cuando se vean implicadas víctimas de violencia de género, maltrato o abusos sexuales. Se pretende que el personal (psicólogos, trabajadores sociales y equipo jurídico) esté especializado en Infancia y que se trate de un recurso temporal. Para ello, se formará a los padres con la intención de que logren un acuerdo que beneficie a su hijo.

Representantes de ambos Colegios Oficiales han modificado los artículos que eran objetos de colisión competencial en la Ley de Farmacia. El nuevo texto propuesto ya ha sido enviado a la Consejería de Sanidad y a los grupos parlamentarios, a los que instan a que tengan en cuenta este consenso a la hora de su votación en la Asamblea.

El informe de la comisión de corrupción de la Cámara regional concluye que Esperanza Aguirre es la responsable de crear durante su mandato en la Comunidad de Madrid una Dirección General de Seguridad en la que se empleó dinero público para espiar a a sus rivales políticos. Además, también señala a Ignacio González y Francisco Granados como responsables 'in vigilando'.

El ministro de Educación anuncia en la Asamblea que aprobará dicha medida en algún Consejo de Gobierno antes de que termine la legislatura. Con ello se adelantó al debate de la PNL propuesta por Ciudadanos para instar, precisamente, al Ejecutivo de la Comunidad a extender la gratuidad de las escuelas infantiles a los colegios conveniados. Además, se plantea extender los conciertos al Bachillerato.

PSOE, Podemos y Ciudadanos registran en la Asamblea el dictamen de conclusiones de la comisión de investigación que, una vez aprobado en pleno, será trasladado a la Fiscalía. En él, Aguirre, Granados y González son los peor parados, ya que son señalados como los "responsables máximos" de los casos Lezo, Ivima, Arpegio o los Espías, entre otros. También apuntan a la posible financiación irregular de las campañas del PP e instan a la Comunidad a exigir la devolución del dinero defraudado.

También destaca que el PP pudo ser beneficiado con desvíos de fondo desde fundaciones para financiarse campañas electorales Destaca el papel de las empresas públicas de la Comunidad, "instrumentos para eludir los controles" propios de la Administración

Enseñan Lengua y Matemáticas, pero también a distinguir entre amigos y compañeros, amor y cariño.

El Partido Popular ha registrado una Proposición no de Ley para que la cámara regional se manifieste a favor de la Ley estatal propuesta por su partido contra la okupación, una problemática que afecta a cerca de 4.500 viviendas en la Comunidad. La aprobación de la medida supondría que la Policía tenga potestad para desalojar a los okupas en un plazo de 24 horas.

La Asamblea de Madrid aprueba una Proposición No de Ley (PNL) -no vinculante para el Gobierno- que insta a los colegios a permitir que sean los padres, debidamente asesorados, quienes decidan si sus hijos empiezan el colegio en función de su edad real -la del mes de nacimiento- o su edad corregida -la del mes en que deberían haber nacido-. Ciudadanos y PSOE transaccionaron enmiendas a la propuesta inicial de Podemos pero el PP, finalmente, decidió abstenerse.