Tras dos plenos consecutivos con protagonismo absoluto para dos asuntos de índole nacional -la posible amnistía para los políticos catalanes encausados a raíz del 1O- e internacional -la escalada de la violencia en el conflicto entre Palestina e Israel a raíz del último ataque terrorista perpetrado por Hamás-, la actualidad madrileña regresa a la Asamblea de Entrevías con varios asuntos que, por competer de manera directa a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, se han terminado por convertir en auténticos quebraderos de cabeza para la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en su regreso de Nueva York. Por un lado, a pesar de la decisión del Ejecutivo de conceder la ayuda a todos los solicitantes, una nueva movilización a cargo de las familias afectadas por la polémica gestión en torno a las becas comedor. Por otro, la recuperación del debate en torno al pin parental que el Grupo Parlamentario de Vox ha decidido rescatar para su debate en el hemiciclo.
Hartos del “caos” que ha traido consigo este curso la tramitación de las ayudas comedor, los integrantes de la Plataforma de Vallecas por la Educación Pública han decidido mover ficha y convocar una cacerolada por el “derecho a comer en el cole”. La manifestación tendrá lugar este mismo jueves, desde las 17:00 horas, a las puertas de Cámara y reclamará tanto la dimisión de la propia Díaz Ayuso como el cese de su consejero de Educación, Emilio Viciana. Entre las reivindicaciones de las familias afectadas figuran también la derogación del acuerdo alcanzado por el Consejo de Gobierno el pasado 17 de mayo por el que fueron aprobadas las normas reguladoras del nuevo procedimiento de concesión directa de las becas comedor, la creación de una ‘Mesa del Comedor’ que, al igual que ocurre en otros ámbitos, permita abrir el diálogo con la sociedad civil y, en último término, la universalidad del servicio en los centros educativos de la región: "El anuncio de ayer no cambia lo ocurrido: la mala gestión, la incertidumbre, el caos, la privatización...". En paralelo al transcurso de la movilización, el Grupo Parlamentario Socialista, vía Proposición No de Ley (PNL), invitará al Ejecutivo escuchar las demandas de sus ciudadanos y aprobar, a través de los Presupuestos 2024, la gratituidad del comedor escolar para el alumnado con rentas anuales inferiores a los 35.000 euros.
"Los fallos de subsanación motivan la modificación"
Pese a reconocer las complicaciones sufridas con el sistema vigente, la versión de la Administración autonómica dista mucho de la situación caótica descrita por los padres y las madres de los alumnos, así como por la oposición. Tras las incidencias -en su mayoría defectos de forma- registradas a raíz del cambio en el sistema para la tramitación de las becas comedor, el Gobierno de la Comunidad de Madrid optaba este mismo miércoles por modificar las normas de concesión y otorgar dicha ayuda a todas aquellas familias que la hayan solicitado en tiempo y forma, con independencia de si han subsanado o no los posibles errores en el periodo establecido para tal fin. “El nuevo sistema aporta más garantías, pero también mayor carga burocrática. Detectamos un cierto retraso en la tramitación de las becas y enseguida nos pusimos del lado de las familias. Todas ellas han podido disfrutar del servicio de comedor de manera gratuita desde el inicio del curso (...). A lo largo de estas últimas semanas hemos detectado también fallos de subsanación que han motivado esta modificación de las bases reguladoras”, apuntaba Viciana en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Gobierno semanal. En total, serán cerca de 109.000 los beneficiarios del programa durante el curso 2023-2024.
Asimismo, Viciana avanzaba el pasado martes que el Gobierno autonómico trabaja ya en el diseño de un nuevo modelo a fin de evitar que se repitan las situaciones vividas el presente inicio de curso: "Estamos diseñando un nuevo sistema que sea mucho más sencillo para las familias y para los centros, para que una circunstancia así no se produzca de nuevo (...). Lo que queremos es que esto no vuelva a suceder" y, para ello, "queremos simplificar los trámites y reducir la carga burocrática". Asimismo, el consejero ponía de relevancia el trabajo realizado por su departamento e insistía en el “mensaje de tranquilidad” enviado por activa y por pasiva a la comunidad educativa y en el que se garantizaba, desde semanas atrás, el acceso de todos los solicitantes al comedor hasta que los expedientes fuesen resueltos en su totalidad. Para hacer frente a los costes, la Comunidad ha remitido a los centros la utilización del remanente de la cuenta de gestión.
Crispación en la Comisión de Educación
El mismo martes, el director general de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio, Jorge Elías de la Peña, comparecía en la Comisión de Educación, Ciencia y Universidades de la Asamblea de Vallecas para, a petición de Más Madrid, defender el papel de la Administración en la gestión de las ayudas al comedor. De acuerdo con su versión, la Comunidad puso “todos los medios” a su disposición para facilitar la solicitud de tales becas. Así, al igual que ocurría con el anterior sistema de precio reducido, este curso se dio también la opción de “acudir directamente a los colegios para entregar la documentación”. Aunque esto supuso una mayor carga de trabajo, también permitió “ayudar a las familias” porque “son sus puntos de referencia”. En suma, se recibieron cerca de 80.000 expedientes y en torno a 109.000 solicitudes -pues cada expediente puede incluir más de una solicitud-, y no todas ellas “en plazo”. En cuanto a la subsanación de los expedientes por falta de documentación, Elías de la Peña ha asegurado que la mitad se han realizado "en los últimos cuatro días”.
"Ha atacado el derecho de los niños a comer"
Las palabras del director general del ramo, como cabía esperar, han despertado las críticas por parte del resto de grupos con representación en el parlamento autonómico. La diputada de Más Madrid María Pastor ha puesto el foco del conflicto en el cambio de modelo de gestión, que ha pasado de ser competencia directa de la Consejería a externalizarse “por 230.000 euros”. Este hecho, a su entender, no ha hecho más que “dificultar todavía más todo el proceso a las familias”. En la misma línea, el diputado socialista Esteban Álvarez ha cargado contra la “privatización” en la gestión del servicio. Una maniobra que “ha atacado el derecho de los niños y niñas a comer” y que “ha vulnerado ese derecho y la situación de las familias”. Asimismo, Álvarez pone en tela de de juicio que, en caso de incumplir finalmente con los requisitos, las familias no tengan que terminar por devolver el importe de la beca que en la actualidad adelanta el Ejecutivo. Por último, el diputado de Vox José Antonio Fúster ha aprovechado para apuntar hacia las familias vulnerables y numerosas como destinatarios prioritarios de las ayudas.
Vox y el pretendido pin parental
De acuerdo con lo expuesto en el ‘Plan para la Libertad, la Pluralidad y la Calidad de la Educación’, presentado por Díaz Ayuso en el inicio del curso escolar, una de las prioridades en la hoja de ruta de la Administración regional pasa por eliminar de los libros de texto todos aquellos contenidos considerados "ideológicos" o de "ingeniería social". Para ello, la Comunidad ha puesto ya manos a la obra a sus agentes de la inspección educativa, que revisan los manuales a fin de detectar tales temas y, en último término, suprimirlos. Sin embargo, una de las líneas rojas del Ejecutivo, al menos hasta la fecha, pasa por la implementación del polémico pin parental -la herramienta que permite a las familias vetar contenidos aprobados con anterioridad en el Consejo Escolar-. Con el objetivo de recuperar el debate y alentar su aplicación -siguiendo la estela de otras comunidades como la Región de Murcia-, Vox ha optado por registrar una nueva PNL encaminada a “eliminar cualquier tipo de adoctrinamiento”. La medida será también debatida este jueves en el hemiciclo.
Tal y como ha adelantado Europa Press, la iniciativa consta de tres apartados. El primero de ellos pasa por el compromiso “inequívoco” de respetar el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos “libremente”. En el segundo se aboga por la revisión de los currículos educativos, así como por la “inmediata retirada” de todos aquellos libros de texto y otros materiales educativos que supongan “adoctrinamiento” o afecten a la “inocencia de los menores”. El tercero y último exige “garantizar el conocimiento previo y la aceptación por parte de los padres de cualquier contenido afectivo-sexual o ideológico que puedan recibir sus hijos en el aula”. Todo ello, en palabras de la líder del partido en Madrid, Rocío Monasterio, para mejorar el nivel de la educación y evitar que “entren en las aulas las activistas trans y LGTB”.
El pin parental ya supuso un importante foco de conflicto entre Vox y PP la pasada legislatura. Tanto es así que su aprobación fue uno de los requisitos marcados por la formación que dirige Monasterio para aprobar la Ley de Protección a la Infancia. Mientras la bancada Popular continúa defendiendo que la legislación vigente ya incluye la necesidad de informar previamente a las familias acerca de las acciones educativas previstas en los centros, Vox niega la mayor y sostiene que esto solo ha sido posible gracias a una de sus enmiendas.
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