Los rectores de las universidades públicas madrileñas impugnan la Ley de Enseñanzas Superiores

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no ha tenido en cuenta a la comunidad universitaria (rectores, sindicatos y estudiantes) para redactar el borrador de su Ley de Enseñanzas superiores, Universidades y Ciencia, lo que ha generado el descontento de los máximos dirigentes de los campus públicos de Madrid, que antes de conocer el documento definitivo se reunieron en la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (CRUMA) y respondieron de forma unánime y crítica a la nueva propuesta de la Comunidad.

En el escrito de 18 páginas remitido por las universidades de la Comunidad de Madrid al que ha tenido acceso Madridiario, los rectores lamentan la “ausencia de hilo conductor” entre las diferentes propuestas del equipo de Gobierno, así como la falta de “detalles en la estrategia que se persigue para el espacio madrileño de educación superior, en general, y para el sistema público en particular”.“La ley madrileña debe servir para remediar las carencias y corregir aspectos deficientes de la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario, de 2023) , elaborar una ley con ese fin primordial, exclusivamente, sería desaprovechar la oportunidad de determinar la configuración del espacio madrileño de educación superior, desarrollarlo y fortalecerlo”, manifiestan.

La comunidad universitaria madrileña aseguran que las propuestas del borrador del Gobierno de Ayuso “podrían afectar directamente a la autonomía universitaria y a la organización de las universidades, generando situaciones inciertas y con carácter que puede considerarse invasivo sobre la autonomía universitaria”.

Para los rectores de la universidad Complutense, Autónoma, Carlos III, Alcalá de Henares, Politécnica de Madrid y Rey Juan Carlos, el documento “no aborda el incremento de la calidad académica” ni “contempla la estrategia internacional global de universidades”, pues para ellos el borrador se centra en Hispanoamérica sin tener en cuenta Europa. Asimismo, también denuncian que el escrito no contemple el lenguaje inclusivo, donde se habla “únicamente de catedrático, Rector o Gerente, un interventor, incluso se refiere a los estudiantes como alumnos, siempre en masculino”.

La ley debería ser “una oportunidad” para hacer partícipes a las comunidades universitarias y “definir un marco de financiación plurianual” para no poner “en riesgo” los campus universitarios. En esta misma línea, los rectores revelan que no han sido convocados a ninguna reunión para los presupuestos de las universidades para el próximo año, a pesar de reclamar el asunto en ocasiones.

En el análisis del borrador realizado por los rectores de las universidades públicas madrileñas - y al que ha tenido acceso Madridiario - critican que se quiera crear un distrito único de prácticas y consideran que “ninguna empresa privada se le puede obligar o limitar estar en un distrito único para su actividad”.

“En su virtud, reglamentariamente se dispondrán los mecanismos necesarios para asegurar la igualdad de oportunidades entre todos los alumnos para acceder a una plaza en la que hacer tales prácticas”, refleja el borrador. Una “igualdad de oportunidades” que inquieta a las universidades públicas, ya que puede “resultar una discriminación para las públicas al carecer de los instrumentos económicos y contractuales” para competir con las privadas.

Ven necesario “un debate y reflexión” sobre la configuración de espacio universitario madrileño. En la actualidad existen seis universidades públicas, frente a las 13 privadas, además de la multitud de centros adscritos y otros centros extranjeros autorizados. Datos que “suponen la mayor concentración de estudiantes de España y una de las mayores de Europa”, pero que no siempre repercute en la calidad. “Esta situación coexiste con la necesidad de reforzar la apuesta por las Universidades Públicas de Madrid”, defienden.

Régimen sancionador y elección de rector

El borrador de la ley incorpora un capítulo dedicado al régimen sancionador, en cuanto a infracciones “muy graves, graves y leves” con “especial énfasis en la libertad de expresión y el combate frente a la ocupación de los lugares públicos (escraches) y vandalismo”. Sin embargo, los rectores recuerdan que estos actos ya están sancionados en la ley de convivencia universitaria, elaborada en 2022, para los estudiantes y para la plantilla en el Estatuto Básico de Empleado Público de 1986.

Por otro lado, el Gobierno de Ayuso pretende que solo puedan ser rectores los catedráticos o los acreditados a esta figura cuando la nueva ley estatal permite que lo sean los profesores titulares que hayan demostrado solvencia docente, investigadora y experiencia en gestión.

Aunque más que la propia elección del rector, a los responsables de las universidades públicas madrileñas les molesta que el Gobierno regional pretenda “fijar las características” de la selección, lo que en su opinión es una intromisión en su autonomía porque este forma parte del equipo rectoral.

Quejas sobre la financiación

Una de las quejas que más cabida tiene en el escrito preparado por los rectores de las universidades públicas madrileñas es la financiación. Estos representantes universitarios solicitan una aclaración sobre lo que significa que la Comunidad cubrirá el 70 por ciento del capítulo de gastos. Quieren estar seguros de que la financiación básica estará garantizada, incluyendo la investigación estructural, ya que el borrador no se especifica claramente qué abarca este compromiso. Además, desean que se consideren el tamaño y las características particulares de cada campus.

La LOSU establece que para 2030, los gobiernos regionales deben invertir el uno por ciento del PIB (sin precisar si se refiere al regional o nacional). Sin embargo, la normativa madrileña no menciona este requisito. Los rectores están dispuestos a implementar una contabilidad analítica que les permita conocer cuánto invierten realmente.

Asimismo, los rectores reprochan al consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, que el borrador no contemple ningún capítulo de innovación y transparencia de conocimientos y que pongan condiciones especiales para lograr una plaza de profesor ayudante doctor, como, por ejemplo, que haya estado dos años en una universidad distinta, pues “puede resultar contraria a derecho” y “aboca a dejar desiertos la mayoría de los concursos”. Porque muchos asociados no han estado en otros centros y muchos posdoctorales tampoco. El Ejecutivo no quiere desarrollar la figura de profesor permanente laboral (no funcionario) y eso los rectores creen que “coloca a los profesores madrileños en inferioridad de condiciones” respecto a otros.