La Comunidad sancionará a Universidades que no controlen el “orden y el decoro en la vida académica”

Aunque la agenda legislativa en la región está parada, las consejerías del Ejecutivo de Isabel Diaz Ayuso aprovechan estos meses de relativa calma para planificar los próximos pasos en los compromisos de Gobierno. Desde la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades preparan su particular ‘vuelta al cole’ con la presentación del borrador de la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia a lo largo del mes de julio a rectores, estudiantes y el resto de la comunidad educativa. Entre las novedades de esta norma figura la inclusión de un “régimen sancionador específico” "frente al vandalismo, la okupación del espacio público, los escraches", como ha adelantado el consejero, Emilio Viciana.

Semanas después de presentar a los rectores de las seis universidades pública de la región el borrador de esta nueva Ley, la cartera liderada por Viciana adelanta esta novedad con el objetivo claro, “queremos es que se mantenga el orden y el decoro en la vida académica”, ha señalado este lunes en un encuentro con los medios de comunicación donde, además de realizar un balance de su gestión este curso político, ha mencionado los principales hitos para los próximos meses. El anuncio de incorporar un régimen sancionador llega semanas más tarde del fin de las acampadas del estudiantado solidario con Palestina.

La ley recogerá sanciones graduales

Después de anunciar en septiembre de 2023 que estaba trabajando en la normativa, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha presentado hace poco el borrador de la nueva Ley de Universidades de la Comunidad de Madrid a los rectores de las seis universidades públicas de la región, con el fin de que hagan sus observaciones y sugerencias. El texto incluye varios puntos clave, como la vinculación de la financiación a objetivos específicos, la creación de un distrito único de prácticas y la exigencia del conocimiento del español para los estudiantes extranjeros que deseen cursar másteres y doctorados en la región. Además, la norma sugiere la creación de un único Consejo de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid, que unificaría al actual Consejo Universitario y al Consejo de Ciencia y Tecnología, así como a las enseñanzas superiores.

“Nos preocupa determinadas actuaciones que impidan que la universidad siga siendo lo que es”, ha señalado Viciana a las preguntas de la prensa para concretar el método de las sanciones anunciadas que, sin aventurarse a precisar una futura definición de vandalismo en el texto, ha subrayado la preocupación del Ejecutivo regional ante la existencia de actuaciones que, en ocasiones, “no están previstas” en la norma y que “no permiten una actuación por parte de la universidad o por parte de la propia Comunidad de Madrid”, al tiempo que insiste en defender la universidad como “espacio de libertad”.

Actuaciones no compatibles con el normal desarrollo universitario

A falta de conocer los detalles de este apartado de la futura norma, que será a lo largo de este mes cuando la consejería presente un borrador final a toda la comunidad universitaria, antes de registrar este reglamento e iniciar un periodo de información pública durante el mes de septiembre, Emilio Viciana ha insistido en defender la universidad pública “lugar de libre debate”, que para el consejero tiene que ser compatible con el control de “determinadas actuaciones que impidan que la universidad siga siendo lo que es”, o lo que es lo mismo, que determinadas protestas impidan acceso a edificios o el desarrollo de la clases. Una compatibilidad que ya se señala en la Ley estatal del Sistema Universitario, aprobada en marzo del pasado 2023, que en su artículo 34 señala “el ejercicio efectivo de las libertades de expresión y los derechos de reunión, manifestación y asociación en los términos establecidos en la Constitución y en el resto del ordenamiento jurídico”. La normativa nacional señala además que se adoptarán medidas para que estos derechos “resulten compatibles con su actividad académica”.

Graduación de infracciones y sanciones a universidades

El consejero ha adelantado que la fase actual de borrador está “por determinar” el tipo de sanciones. Viciana apunta a que podrían ser económicas y de “otro tipo”, correctivos que además tendrán una graduación como leves, graves y muy graves. Las medidas coercitivas que recoja el texto final deben compatibilizar los derechos constitucionales antes citados y la autonomía universitaria.

Viciana quiere "herramientas" para actuar

El consejero señala que las futuras sanciones no irían destinadas al estudiantado, ya que identificarles en momentos puntuales sería competencia de Policía Nacional, en cumplimiento en la mayoría de ocasiones de la Ley de protección de la seguridad ciudadana conocida como Ley Mordaza. En este caso, sería una “sanción de tipo institucional” dirigida por tanto a las propias Universidades: “Es la universidad la que tiene que garantizar dentro de su autonomía universitaria que se cumplen con estos requisitos”, ha insistido, al tiempo que ha vuelto a repartir la responsabilidad entre el Ejecutivo regional y los rectorados para dotar de “herramientas a las universidades y, sobre todo, a la Comunidad de Madrid para poder actuar en este tipo de casos.”