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Pongamos que se habla de Madrid: Educación pública de calidad

jueves 08 de abril de 2021, 08:03h

El esperpento del Gobierno regional monocolor del PP y sus negociaciones para hacerse con la vacuna rusa saltándose a España y Europa es otro síntoma de su alma ultraliberticida y populista sólo al nivel de jefes de Gobierno como los de Hungría o Eslovaquia. De hecho, el primer ministro de este último país, Igor Matovic, ha tenido que dimitir por negociar en secreto la compra de la vacuna rusa Sputnik. Ayuso supera a Puigdemont y al independentismo catalán en irresponsabilidad y falta de lealtad a España y a la Unión Europea, que ya ha tomado nota del asunto.

La defensa de la sanidad pública es fundamental, y para que en el futuro la ciudadanía defienda la sanidad pública, los derechos fundamentales, las libertades democráticas …, es necesaria una educación en valores, una educación igualitaria, gratuita. Quizá mi profesión y experiencia de docente me haga ver que sin educación pública no hay futuro en igualdad ni hay progreso.

Ayuso se mira en el espejo de Murcia, con una consejera muy del entorno ideológico del PP y Vox, Mabel Campuzano, que estos días ha saltado a la fama por remitir a los medios su primer comunicado de prensa repleto de faltas de ortografía y después por rechazar vacunarse contra la COVID. En Murcia, lo primero que se ha concretado en la política de Educación es el veto parental, el “pin parental”.

La política educativa del PP en Madrid tiene unos pilares ideológicos íntimamente ligados con un mercantilismo que roza la corruptela y es claramente inmoral. Así se evidencia con la experiencia del pasado y en el “Anteproyecto de ley maestra de libertad de elección educativa de la Comunidad de Madrid”, que en pleno proceso preelectoral quiere Ayuso sacar adelante por la “vía de urgencia” con un Legislativo y un Ejecutivo paralizados, otra muestra de su talante antidemocrático, dudosamente legal. Una muestra más de hacer la guerra al Gobierno de España y, en este caso, a la “ley Celaá”.

Lo que se quiere implantar antes de las elecciones, ante la posibilidad cierta de que las pierda, es más de lo mismo: veto parental; impulso a la concertada; financiación de esta, encubierta a través de concesiones de suelo; defensa innecesaria del idioma castellano y educación especial, que según expertos y la propia ley viola el derecho a la educación inclusiva.

No nos engañemos, el “veto parental”, que ahora es “pin”, tiene sus raíces en la escuela franquista y nacionalcatólica y sigue vivo en algunos centros religiosos, donde lógicamente se adoctrina a los más jóvenes en la fe católica. Este adoctrinamiento busca su cenit en la segregación -“los niños con los niños, las niñas con las niñas”-, cuna de machismo y patriarcado donde ellas aprenden sus labores y ellos a triunfar en la vida y sostener a la familia. Al tiempo, el veto parental es acabar con la autoridad del profesorado, con la libertad que será de cátedra, es amordazar a los docentes. El veto parental es nefasto para el desarrollo de los más pequeños que se deben desenvolver en dos mundos: el de la familia y el de la escuela. De esta manera, la escuela se convierte en una simple prolongación de la familia para el alumno o la alumna, negándolos de hecho el derecho a una educación en libertad.

La defensa del castellano en la Comunidad de Madrid es electoralismo de cacerola, salvo que corra peligro por la presencia del inglés o el ruso, que aquí ya todo es posible. Eso sí, no olvidemos que en colegios de élite de nuestra comunidad, el castellano no es lengua obligatoria. O que en algunos centros o aulas bilingües lo que puede correr riesgo es el castellano.

La extraña idea de libertad de Ayuso, su preocupación por el suelo y el impulso de la enseñanza concertada vienen a ser lo mismo. Para Ayuso libertad es irse de cañas, algo que como recordaba estos días Nicolás Sartorius, se podía hacer durante el franquismo; y libertad es tener dinero para pagar lo que uno quiera. Lo que desea dejar atado el PP es una financiación encubierta para sus amigos de siempre a la hora de construir centros educativos. Es decir, cede suelo a 50 ó 75 años para hacer centros concertados o privados, que terminamos pagando entre todos y a los que puede añadir la guinda de los cheques escolares. Lo de siempre en el PP: desviar recursos públicos a bolsillos privados con el agravante de que el fin último es el adoctrinamiento en ideologías religiosas, cuando no, insolidarias.

El negocio es redondo y se apuesta por convertir un derecho humano y constitucional en una mercancía. Se olvida el PP de que el derecho a la educación es un derecho de la persona, del niño o la niña, no de sus familias, tal como rezan los artículos 28 y 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño que ratificó nuestro país en 1990. El gran error del PSOE en Educación fue haber mantenido en el tiempo la enseñanza concertada, necesaria al inicio ante la ausencia de oferta pública, tal como el propio Felipe González reconoció en 2011 en un mitin en Hospitalet. “Algunos errores hemos cometido, entre ellos el mantenimiento de la escuela concertada ante la deriva que han tomado este tipo de centros”, afirmaba González para terminar proclamando que “quien quiera educación privada que se la pague”.

La cuarta pata de la política educativa del PP que hay que impedir que se aplique es la relativa a a la educación especial, que según Ignacio Campoy Cervera, profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III y especialista en derechos de la infancia, es una “violación del derecho a la educación inclusiva” y una “apuesta por la segregación”. Así, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas subraya en su “Observación general 4”, la importancia “de reconocer las diferencias entre exclusión, segregación, integración e inclusión. […] La segregación tiene lugar cuando la educación de los alumnos con discapacidad se imparte en entornos separados diseñados o utilizados para responder a una deficiencia concreta o a varias deficiencias, apartándolos de los alumnos sin discapacidad. La integración es el proceso por el que las personas con discapacidad asisten a las instituciones de educación general, con el convencimiento de que pueden adaptarse a los requisitos normalizados de esas instituciones”.

El talón de Aquiles de la falta de política educativa es la ausencia de financiación. Ayuso presenta un proyecto con tinte ultraderechista sin una memoria económica y sin haber sido capaz de aprobar unos presupuestos generales, lo que nos hace pensar en una privatización más masiva de la mano de Lasquetti, que ya lo intentó con la Sanidad. No habla tampoco de infraestructuras, ni espacios nuevos; ni de digitalización, a pesar de la experiencia que estamos padeciendo y que está aumentando las desigualdades.

Lo que nos deben asegurar los políticos ante estas elecciones no son negocietes, ni falsa libertad, sino asegurar la gratuidad de la enseñanza y la compensación de las desigualdades, porque sin gratuidad no hay equidad ni igualdad. Tienen que asegurarnos un plan de empleo para docentes que acabe con la temporalidad, que reduzca la carga de trabajo, que homologue salarios con otras comunidades y que afronte la formación de alumnado y docentes ante el trabajo online.

En esta línea vamos de la mano las Comisiones Obreras de Madrid, la UGT y la FAMPA Giner de los Ríos, con la esperanza de que el “Anteproyecto de ley maestra” no siga adelante por ser una burla a la ciudadanía, al sistema democrático y a las funciones del Consejo Escolar.

Jaime Cedrún

Secretario general de CCOO Madrid

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