Isabel Díaz Ayuso continúa dando pasos hacia adelante en su lucha contra las drogas y las adicciones, con especial énfasis sobre la marihuana. Tal y como la propia presidenta ha dado a conocer este miércoles durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado de manera extraordinaria en Torrejón de Ardoz, la Comunidad de Madrid ha iniciado ya la tramitación del anteproyecto para modificar la ley sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos, vigente desde 2002. Pese a las limitaciones competenciales, que chocan, en ocasiones, con las normativas estatal y europea, el Ejecutivo regional aspira a presentar batalla poniendo freno a la venta a de productos derivados del cannabis a menores de edad.
Entre las medidas recogidas en el nuevo texto, que ha iniciado ya la fase de consulta pública a través del Portal de Transparencia, figura la prohibición de la venta de derivados del cannabis, conocidos como productos de CBD, a menores de edad. Una limitación que aplicaría sobre cualquier establecimiento que disponga de máquinas expendedoras y otros dispensadores, ya sean fijos o móviles. Entre los productos que se pretenden limitar figuran vapeadores, aceites o gominolas con CBD. El avance no sería menor, y es que la comercialización del cannabidol entre menores de 18 años aún no está regulada por el Gobierno central. La única salvedad, mediada por la ley antitabaco, la prohibición de aquellos productos siempre que “induzcan a fumar”.
"No podemos abandonar a nuestros jóvenes"
“Vemos con absoluta preocupación los efectos demoledores que están causando en países que antes admirábamos, vemos tantas vidas perdidas, el problema social, la falta de libertad, de seguridad y, por supuesto, comprometiendo después la prosperidad, y no queremos que esto ocurra en la Comunidad de Madrid, no podemos abandonar a nuestros jóvenes (…). Seguiremos a la cabeza en la lucha contra las drogas”, ha apuntado Díaz Ayuso durante su intervención.
También se condicionará su promoción pues “no queremos asociar el consumo de estos productos con un falso rendimiento físico y laboral o con beneficio alguno para la salud”. En concreto, se negará cualquier tipo de publicidad a una distancia menor de 300 metros de cualquier centro educativo de enseñanza no universitaria. También el merchandising “con la imagen de estos productos, ya que, al menos a su parecer, reflejan una “falsa realidad”.
La reforma, enmarcada en el Plan Regional Contra las Drogas y consensuada, en palabras de la propia presidenta, con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), se apoya además en la necesidad de adecuar la normativa a la Ley autonómica de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia, aprobada el pasado año. Dicho texto contempla la prohibición de vender a los niños “sustancias perjudiciales y nocivas para su organismo”, así como la obligación de informar de la composición, características y uso de artículos orientados a este colectivo de forma visible.
Aún resta por determinar, no obstante, cómo se llevarán a la prácticas todas estas iniciativas. Sobre todo a tenor de lo recogido en la legislación europea, donde la venta de cremas, aceites o caramelos producidos en el marco de la UE estaría permitida siempre y cuando incluyan CBD de origen sintético, procedente de las semillas o las hojas de la planta. No así en el caso de los cogollos, pues estos se catalogan como sustancias estupefacientes. Tampoco se conoce aún si la puesta en marcha de las restricciones supondría o no el cierre de locales próximos a escuelas infantiles, colegios e institutos.
El cannabis, según datos del sistema regional de vigilancia de adicciones, es la droga ilegal más consumida entre los estudiantes madrileños entre los 14 y los 18 años. El 27,8 por ciento reconoce haberlo probado en alguna ocasión, el 21,8 por ciento en el último año y el 14,5 por ciento el último mes. La edad media de su inicio es, para más inri, de 14,8 años. Frente a lo alarmante de las cifras, la Comunidad reitera su "compromiso con la salud física y mental de los madrileños" mediante la activación de 24 Centros específicos de Atención Integral a Drogodependientes, Centros de Día y Hospitalización de Adicciones. También de la mano del Plan de Salud Mental y Adicciones regional, dotado con 45 millones de euros y 370 profesionales adicionales.
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