La incertidumbre sobre las pensiones que se llegarán a cobrar en el futuro es algo que llega a quitar el sueño a los cotizantes de la Seguridad Social, máxime cuando los trabajadores no reciben con la anticipación que desean información sobre cuál va a ser la pensión que pueden llegar a percibir.
Históricamente, los sistemas de pensiones se distribuyen entre dos modelos principales: sistemas contributivos y sistemas asistenciales.
Sistemas contributivos
El primer sistema de pensiones fue creado por Bismarck en 1881. El sistema bismarckiano era de pensiones contributivas, es decir, que existía una relación directa entre las aportaciones de los trabajadores y sus pensiones. Los sistemas de pensiones bismarckianos o contributivos son puramente públicos; los trabajadores adquieren el derecho a percibir una pensión pública en función de sus cotizaciones sobre el trabajo. Cuanto más corta sea la carrera laboral o cuanto más bajo sea el salario (y, consecuentemente, sus cotizaciones), tanto más baja será la pensión percibida. Este esquema hace necesario un continuo reemplazo generacional, con las cantidades necesarias para mantenerlo. Son sistemas bismarckianos España, Francia, Italia, Austria, Polonia y Bélgica, entre otros.
Sistemas asistenciales
Los sistemas denominados asistenciales se basan en el informe Beveridge, publicado en el Reino Unido en 1942. Consiste en un sistema de mínimos para luchar contra la pobreza, que se concreta en la prestación universal de una pensión asistencial básica y constante. Además de esta pensión de subsistencia para proteger a los ciudadanos de la penuria, cada uno de ellos puede configurar su plan de pensiones a título individual, aunque también puede ser mediante vehículos de inversión desarrollados por los estados. En estos sistemas, las pensiones son iguales para todos los trabajadores y las tasas de sustitución (cobertura que ofrecen las pensiones, respecto al último salario percibido como trabajador) son decrecientes en las rentas laborales (M. Celentani, J.I., Conde-Ruíz y otros)
Vienen existiendo modelos asistenciales beveridgeanos en países como Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Suiza y Holanda, con reseñables resultados positivos. En estos modelos, el componente redistributivo es primordial.
En términos generales, el modelo contributivo es caro, pero tiene un componente alto de legitimidad, en cuanto a que se percibe en función de lo cotizado; toma fuerza entonces el espejismo político de que es un “salario diferido”, aunque, en realidad, es una subvención. El modelo asistencial, por su parte, es más barato, y deja un amplio margen de libertad para el ahorro privado; la pensión de subsistencia, a la que todos tienen derecho, es fija; y lo que sí funciona como “salario diferido” es el complemento privado, que se recibe en función de la aportación.
En cuanto a la generosidad relativa de ambos sistemas, y siguiendo los trabajos de Traute Meyer para Funcas (2013) se pone de relieve que los perceptores de salarios altos reciben un trato ligeramente más generoso en el modelo bismarckiano (percibirían una pensión que supondría el 65,9 por ciento del último salario -tasa de sustitución media-, en comparación con el 62 por ciento en los países beveridgeanos). En cambio, los perceptores de salarios bajos se ven beneficiados en los países beveridgeanos (percibirían una pensión que supondría el 86,2 por ciento del último salario, aproximadamente 13 puntos porcentuales por encima de la que obtendrían en el grupo bismarckiano).
El modelo implantado en España es de tipo contributivo --o bismarckiano-, de reparto y de prestación definida. Contributivo por la correspondencia entre las cotizaciones que se hacen y la pensión que se recibirá. De reparto porque los trabajadores dedican una parte de sus salarios a pagar la pensión de los jubilados que haya. De prestación definida porque la pensión percibida está determinada por el historial laboral. El sistema de pensiones español se encuentra en un proceso de adaptación, debido especialmente a un envejecimiento más acentuado que en el resto de los países europeos, dentro de los cuales se estima que llegará a ser el país más envejecido en 2050. Esto es debido principalmente, según J.I. Conde-Ruíz (2019), a la mayor esperanza de vida en España, a las tasas de fecundidad más bajas de los países desarrollados y a que el proceso de envejecimiento en España avanza con cierto retraso respecto a otros países industrializados.
Con estos componentes, la incertidumbre surge cuando se trata de financiar con las cotizaciones de los escasos y cada vez más precarios contribuyentes actuales, las pensiones de las generaciones entrantes de pensionistas -cada vez más numerosas y con un largo historial de altas cotizaciones-.
Durante los últimos años, ante el reto demográfico y la incertidumbre sobre la suficiencia de la financiación futura, se han realizado dos reformas del sistema público de pensiones. Estas reformas se centraron principalmente en la parte del gasto, con la intención de reducirlo, a la vez que se intentaba mejorar a algunos colectivos desfavorecidos, como las pensiones más bajas, la viudedad o el colectivo femenino. Las reformas, con el fin de alcanzar el equilibrio financiero, se llevaron a cabo en 2011 y 2013.
En 2011, la reforma perseguía reducir el gasto mediante la modificación de las referencias básicas del sistema, como alargar la edad ordinaria de jubilación (hasta los 67 años) o el período de cálculo de la base reguladora (de 15 a 25 años).
En 2013, se habilitaron dos mecanismos con efecto reductor, a largo plazo, del valor de la pensión. Por un lado, se estableció un índice de revalorización de las pensiones; por otro, se implantó un factor de sostenibilidad, que relacionaba de forma inversa el valor inicial de la pensión con la esperanza de vida de las personas que se pudieran jubilar.
Los cambios que se están realizando en la actual legislatura, por el contrario, se han centrado en la vertiente de los ingresos, especialmente en el aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social. La reforma actual se ha hecho en dos fases: en la primera fase de reformas, en 2021, se contó con un acuerdo de las partes sociales, pero no en la actual de 2023.
La primera fase de la reforma entró en vigor el 1 de enero de 2023, recuperando el aumento del IPC para revalorizar las pensiones. Además, se pusieron en marcha mecanismos para retrasar la edad de jubilación y se eliminó el factor de sostenibilidad (que pasará a ser sustituido por el denominado Mecanismo de Equidad Intergeneracional -MEI-).
La segunda fase de la reforma de las pensiones se centra en la subida de impuestos a empresarios y trabajadores para acometer el pago de las mismas, sin que esto implique una subida de las pensiones a la hora de jubilarse:
Por el lado de los ingresos
- Aumento de cotizaciones
Aumento de las cotizaciones con referencia al Mecanismo de Equidad Intergeneracional: partiendo del 0,6% actual (señalemos que desde el 1 de enero de 2023 ya ha entrado en vigor la subida del 0,6% en todas las nóminas a través del MEI), incrementándose una décima anualmente hasta alcanzar el 1,2% en 2029, y manteniéndose así hasta 2050.
Los autónomos tendrán que pagar el 1,2%; es decir, se duplicarán las tasas durante 20 años sin que esto repercuta en un incremento de su pensión.
- Cuota de solidaridad
A partir de 2025, los trabajadores de mayores ingresos también tendrán que cotizar por la parte del salario que supere los 4.500 euros mensuales (53.946 euros anuales). Hasta ahora esto estaba exento.
Habrá tres tramos: 1- Para los que tengan un salario del 100 al 110% de la base máxima, la cuota de solidaridad sobre el exceso comenzará en el 0,92% y llegará al 5,5% en 2045. 2- Los que tengan un salario entre el 110 y el 150% de la base máxima comenzarán con una cuota del 1% y terminará en el 6% después de dos décadas. 3- Los que estén por encima del 150 %, pagarán una cuota de solidaridad que irá desde el 1,17% en 2025 hasta el 7% en 2045.
Lo anterior no será computable a efectos de prestaciones; por tanto, la subida de cotización no tendrá efecto sobre la pensión del trabajador cuando se jubile.
Los autónomos asumirán toda la subida: el 6% de la cuota de solidaridad.
- Subida de las cotizaciones de las bases máximas
La cotización de la base máxima de la pensión se incrementará, entre 2024 y 2050, en una cuantía equivalente a la suma del IPC + 1,2 puntos. Pero la pensión máxima de los afectados por esta medida sólo subirá el IPC + 0,115 puntos, con lo que salen perdiendo los sueldos más altos.
Por el lado de los gastos:
- Subida de algunas pensiones
Se quiere reducir la brecha de género con medidas que favorezcan a las mujeres: "El complemento de brecha de género de las pensiones tendrá un incremento del 10%, adicional a la revalorización anual, en el bienio 2024-2025".
También se pretende elevar las pensiones mínimas hasta alcanzar el 60% de la renta mediana correspondiente a un hogar de dos adultos entre 2024 y 2027. Análogamente, se pretende que las pensiones no contributivas alcancen en 2027 el 75% del umbral de la pobreza calculado para un hogar unipersonal.
- Cambios en el cómputo para los nuevos jubilados
Para el cálculo de la pensión el nuevo jubilado podrá elegir entre dos opciones: los últimos 25 años cotizados o los últimos 29 eliminando los dos peores (quedando un total de 27). Esta opción se va a introducir de forma progresiva, aunque a partir de 2040 la opción de 25 años deja de existir y se irán subiendo seis meses al año hasta llegar a 2044 y ya sólo se podrá calcular con los últimos 29 años eliminando los dos peores.
Permanencia de la reforma
Como sorpresa final, esta reforma no es concluyente, porque cada 3 años será analizada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que decidirá si mantiene la trayectoria prevista. Si no es así, tendrá que proponer al Pacto de Toledo las medidas de ajuste pertinentes para cumplir con las cifras objetivo enviadas a la Unión Europea. Si estas medidas no son aprobadas, se subirá el tipo del MEI para compensar la cantidad excedida sobre el déficit previsto. Es importante reseñar que las subidas del MEI no generan derechos en cuanto a subida futura de la pensión. El MEI se presenta, entonces, como un comodín de ajuste automático de todo el sistema con posibilidades inimaginables de subida.
En definitiva, esta reforma ha dejado de lado los ajustes de gastos y se ha concentrado únicamente en aumentar los ingresos. Este Gobierno, tan aficionado a los impuestos, lo que ha hecho básicamente es aumentar las cotizaciones sociales. El peso de este aumento recaerá sobre las espaldas de empleados y autónomos y, muy especialmente, de los que tengan rentas altas; los que sí se salvan son los pensionistas. Por tanto, 20,4 millones de trabajadores van a sufrir un mazazo sobre sus cotizaciones sociales para no reducir las prestaciones de 10 millones de pensionistas (colectivo fundamental para ganar unas elecciones), que mantendrán sus pensiones indiciadas al IPC.
Por otro lado, no se presenta como una reforma definitiva, ya que cada tres años será revisada, para incidir normalmente en aumentos adicionales de las cotizaciones sociales. Es más bien patear el balón hacia adelante, y el que venga detrás que se apañe.
El pasado viernes 24 de marzo, la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, presentó el informe “Opinión sobre la sostenibilidad de las administraciones públicas a largo plazo”. Este informe incorpora cálculos sobre la repercusión de la reforma del sistema público de pensiones y, basándose en los mismos, la presidenta afirmó que “la reforma de las pensiones empeora la sostenibilidad del sistema”. El Banco de España, Fedea y BBVA Research también han hecho advertencias en este sentido. Parece que los números no cuadran y hay reticencias sobre las previsiones del Gobierno con base en una ley que se publicó sin memoria económica.
Como no parece probable que dentro de unas décadas -cuando haya casi tantos trabajadores como pensionistas-, cada trabajador tenga que cotizar para pagar una pensión completa de las actuales -además de su parte correspondiente del estado del bienestar-, la población ha asumido que la tasa de sustitución (cociente pensión/salario) se va a ir reduciendo. De ahí que muchos de los trabajadores con posibilidades de hacerlo se hayan lanzado a optar por la jubilación anticipada.
Los políticos, en vez de acometer un cambio desde el sistema contributivo al asistencial (reduciendo gradualmente las pensiones que estén encima de una básica de subsistencia, que se complementaría con planes de pensiones para cada trabajador) o, como propugna J.I. Conde-Ruíz (2019), mantener el sistema contributivo, aunque aplicando cuentas nocionales (en las que las pensiones tuvieran mayor correlación con las cotizaciones del trabajador, reflejando más fielmente su esfuerzo contributivo), han optado por ir parcheando el sistema con reformas parciales, que no lo hacen sostenible a largo plazo.
En este sentido, la última reforma ha abundado en el aumento de las cotizaciones e ir conteniendo las pensiones máximas y elevando las mínimas, reduciendo su rango total. Esta reforma tiende a reducir la naturaleza contributiva del sistema para ir avanzando hacia uno asistencial, pero por la puerta de atrás. El sentido de las reformas no debe ser silenciado, sino comunicado a los trabajadores con claridad y anticipación suficiente para modificar sus decisiones de trabajo y ahorro. Flaco servicio a esto ha hecho el Gobierno, cargándose los planes de pensiones individuales sin siquiera tener totalmente resuelta la reglamentación de los nuevos planes de empleo.
La visión sombría de los jóvenes cuando dudan de si van a llegar a cobrar pensión parece exagerada. Ciertamente, el Estado cumplirá -salvo catástrofes- con su compromiso de pagar las pensiones porque, además, puede seguir tirando de impuestos generales. Otra cosa es la cuantía de las mismas, siendo previsible una notable disminución futura de su tasa de sustitución, con lo que se hará necesario canalizar los ahorros a otros tipos de planes para complementar la pensión; si las tendencias colectivistas de los gobiernos no los siguen chafando.
Si (
No(
