Sánchez amplía la querella por prevaricación contra el juez Peinado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ampliado la querella por prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra su esposa, Begoña Gómez, al considerar que la labor del magistrado "contraviene la doctrina existente" y practica una "injusticia intrínseca".

Según la información que ha adelantado este sábado 'El País' y ha podido confirmar 'RTVE', la Abogacía General del Estado presentó el jueves, en su nombre, un escrito en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, después de que el pasado 22 de agosto, Peinado afirmara en una providencia se pueden sacar "conclusiones" del "silencio" del líder del Ejecutivo cuando se negó a declarar como testigo.

El juez también ordenó trasladar a las partes (entre las que figuran Manos Limpias y Vox) copia de la grabación realizada el 30 de junio en Moncloa, pese al criterio en contra de la Fiscalía.

"Interpretaciones forzadas o artificiosas"

Para la Abogacía del Estado, se trata "de una decisión judicial que, además de su injusticia intrínseca, pues contraviene la doctrina existente sobre la cuestión, consolida la tesis de esta parte, en el sentido de que estos elementos objetivos se ven complementados por la infracción del deber que corresponde al juez en la aplicación de sus facultades discrecionales".

"Lo verdaderamente buscado con estas actuaciones en todo lo que atañe a la Presidencia del Gobierno es darle una publicidad, que precisamente es incompatible con el régimen de toma de declaración en estos casos y no la eficacia procesal o investigación alguna, partiendo de inferencias donde no puede haberlas o haciendo interpretaciones forzadas o artificiosas de preceptos legales o principios procesales".

Además, advierte de las "continuas filtraciones que se están produciendo en la causa de referencia", ante lo cual "no se toma ninguna medida", como elementos de identificación o seguridad en las copias de la comparecencia de Sánchez distribuidas a las partes.

La Abogacía del Estado concluye que este "conjunto de decisiones y providencias" no hacen sino "refrendar la orientación de este intento de diligencia instructora hacia su difusión mediática, no hacia su eficacia procesal, refrendándose así el planteamiento de nuestra querella".

Querella contra el magistrado

El pasado 30 de julio el presidente del Gobierno se acogió a su derecho a no declarar contra su mujer, Begoña Gómez, ante el juez que la investiga por presunto tráfico de influencias e inmediatamente interpuso una querella contra el magistrado, Juan Carlos Peinado, por prevaricación.

Sánchez, en una declaración que duró 2 minutos en el Palacio de la Moncloa, simplemente ratificó que la investigada es su mujer y que, por tanto, se acogía a su dispensa a no declarar en contra de ella, como le permite la ley.

Poco después, la Abogacía del Estado, en representación de la Presidencia del Gobierno, que ostenta Sánchez, presentó una querella ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra Peinado por un presunto delito de prevaricación judicial.

La querella pedía al TSJM que investigue al magistrado al considerar que dictó "a sabiendas" varias resoluciones "injustas" y contrarias a lo dispuesto en la norma, ya que atendían a "convicciones propias" que "se apartan de su deber investigador".

Sánchez lo califica de "montaje"

Al día siguiente, el presidente del Gobierno defendió la querella por prevaricación presentada por la Abogacía del Estado contra el juez Peinado porque "se han atropellado derechos" reconocidos a la institución de la Presidencia del Gobierno desde 1886.

En la rueda de prensa de balance del curso político, Sánchez tachó de "montaje" lo sucedido cuando Peinado acudió a la Moncloa para tomarle declaración como testigo, y calificó de "absolutamente patético y bochornoso" ver a las "asociaciones ultraderechistas -Vox, Manos Limpias y Hazte Oír- pelearse", por ver quién accedía al Palacio.

Y 3 días después de esta querella, Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, también se querelló por presunta prevaricación contra el juez que la investiga al considerar que ha adoptado decisiones "arbitrarias y manifiestamente injustas" y "ha forzado" las normas en una instrucción "perversa".

El abogado de Gómez, el ex ministro Antonio Camacho, solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que investigue al magistrado por presuntos delitos de prevaricación, revelación de actuaciones procesales declaradas secretas y revelación de secretos por funcionario público.

El pasado 22 de agosto el juez Juan Carlos Peinado dijo en una providencia se pueden sacar "conclusiones" del "silencio" del líder del Ejecutivo cuando se negó a declarar ante él en Moncloa como testigo.

Dijo que su "silencio" es "legítimo" pero que, "como es bien sabido, permite dar lugar a la formación de inferencias, que, en su caso, en conjunto con otros elementos de carácter objetivo, puedan llevar a conclusiones de carácter objetivo, al objeto de valorar la posible concurrencia de aspectos integrantes, de posibles indicios, bien en sentido inculpatorio hacia algún investigado o, por el contrario, en sentido excluyente de responsabilidad penal".