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El Consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio, informa sobre la situación de los centros educativos tras el paso de Filomena
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El Consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio, informa sobre la situación de los centros educativos tras el paso de Filomena (Foto: COMUNIDAD DE MADRID)

Ossorio defiende la nueva ley educativa madrileña: "Más Constitucional que la ley Celaá"

miércoles 20 de enero de 2021, 14:45h

Este miércoles el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado la tramitación de la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa, una normativa con la que el Gobierno regional pretende “mejorar” dentro de los márgenes legales establecidos por la Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE) una serie de puntos en base a los valores de “la libertad de elección, la calidad de la educación y la igualdad de posibilidades”.

De hecho, el consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio, ha asegurado en la rueda de prensa posterior a la reunión que la ley autonómica es "más constitucional que la Ley Celaá" y que “no va en contra de la ley orgánica, que en cualquier caso prevalece sobre una ley autonómica”. Como ha asegurado el consejero del ramo, “no se trata de ir en contra de la ley, sino de mejorarla en los márgenes que podamos y acorde a nuestros principios”.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha adelantado que "Madrid siempre es sinónimo de libertad, también en materia educativa", y ha destacado que "el 94 por ciento de las familias en la Comunidad de Madrid eligen la modalidad educativa y el centro que quieren para sus hijos", para agregar que lo que quieren es que siga siendo así.

Así, Ossorio ha desgranado el contenido de la ley, del cual la mayor parte, el 75 por ciento, versa sobre la educación especial, ha indicado el consejero, quien ha precisado que en esta materia lo que se hace es desarrollar la ley orgánica. A este respecto, ha asegurado que el Gobierno regional quiere que sea en la educación ordinaria donde haya el mayor número de alumnos con necesidades específicas, "y por eso la ley lo predica".

Uno de los aspectos que regula es el concepto del "régimen más inclusivo", que no define la 'ley Celaá', y que la ley madrileña establece que es "el régimen en el que ese alumno va a desarrollar mejor sus capacidades y se va a integrar mejor en la sociedad", ha señalado Ossorio. Ese régimen puede ser un centro ordinario, una clase de educación especial dentro de un centro ordinario, un centro de educación especial, o combinado entre un centro ordinario y un centro de educación especial, según ha precisado el consejero.

Para ello, "se asegurará la existencia de centros escolares de calidad y adecuados a las necesidades de todos los alumnos, y se asegurará la escolarización en centros de educación especial a los estudiantes que manifiesten necesidades que no pudieran ser satisfechas en los centros ordinarios".

Asimismo, la normativa establece que se tendrá en cuenta "la opinión de las familias a hora de llevar a sus hijos a un centro de educación especial, con el fin de que sea la decisión que mejor se adapte a las necesidades de cada alumno". En la actualidad, según han indicado desde el Gobierno regional, este tipo de centros acoge al 8,3 por ciento del alumnado con necesidades de apoyo educativo.

Demanda social

Por otro lado, Ossorio ha apuntado que se primará "lo más parecido a un distrito único", dentro del marco de la ley estatal, que ha criticado porque "de una forma inaudita elimina la demanda social en la concertada". Tal y como ha planteado, “nosotros retomamos el concepto en la pública y en la concertada, porque cuando nosotros construimos un instituto en un barrio, lo construimos porque hay demanda social. ¿Pero quién se puede creer que se pueden ofertar plazas y centros educativos si no atendemos a la demanda social?", ha dicho.

En ese sentido, ha afirmado que el Gobierno central se ha "olvidado" de la demanda social para "perjudicar a la concertada", mientras que el Ejecutivo autonómico la recupera porque "es el sentido común y es lo que se tiene que hacer para ofertar plazas". Asimismo, la ley recoge los concursos públicos para centros concertados en suelos dotacionales, porque "tanto la normativa urbanística como la normativa de Patrimonio", según Ossorio, permite cesiones de terrenos y concursos públicos para centros concertados.

En cuanto a la educación diferenciada por sexos, el consejero ha reconocido que "la ley Celaá la prohíbe taxativamente", por lo que la Comunidad de Madrid no puede ir contra esa disposición de una ley orgánica. "Pero sí recogemos en la ley que el Tribunal Constitucional ha declarado que la educación diferenciada respeta el principio de igualdad de la Constitución, y recogemos que se atenderá en la medida de lo posible a esas familias y los derechos adquiridos por esos centros", ha explicado.

Asimismo, ha declarado que si la Ley Celaá dice que se aprueba con tres suspensos no lo pueden evitar, pero en defensa de la excelencia y el esfuerzo se promueven evaluaciones externas, "porque esas evaluaciones hacen que los alumnos, que los docentes, que los centros se esfuercen". Como ha sostenido, "porque todos cuando somos evaluados intentamos aprendernos las cosas, intentamos hacer las cosas mejor", ha apostillado. Por otro lado, la ley madrileña reafirma el "carácter oficial y vehicular del español" y "faculta al Gobierno para que haga convenios con otras comunidades autónomas, con instituciones públicas y privadas, para el fomento del español en cualquier lugar, en toda España".

Celaá defiende la LOMLOE

Por otra parte, la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha vuelto a salir en defensa de la nueva ley educativa, tras la petición de amparo del sector de la concertada al Parlamento Europeo. "Quien lo quiera llevar a la Comisión de Peticiones (del Parlamento Europeo) está en su derecho, pero nuestra ley es una ley ponderada, respetuosa, tanto del derecho de todos a la educación como de la libertad de enseñanza", ha asegurado.

Además, ha aseverado que la Ley es "perfectamente constitucional", que "abre la democracia" y que "responde perfectamente a lo que son los principios de reconocimiento de la libertad de enseñanza, reconocidos en el art. 27.1 de la Constitución y, por tanto, respeta todo lo que significa el desarrollo del sistema educativo de acuerdo a la Constitución del 78".

Así lo ha afirmado en un encuentro online de Nueva Economía Fórum (NEF Online), después de que la plataforma Más Plurales, que aglutina a sindicatos, asociaciones de familias, empresas y organizaciones educativas del sector de la concertada, enviase un escrito a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo pidiendo amparo al considerar la 'Ley Celaá' contraria al derecho europeo e internacional, así como a la Constitución Española. "La LOMLOE es una ley de equilibrio, merecedora de acoger grandes acuerdos que hemos venido trabajando con la comunidad educativa, que buscar promover el talento de todos, y que reconoce y trabaja por el derecho a la educación de todos", ha agregado la responsable del Departamento de Educación y FP.

Según ha explicado, para ello la Ley está enfocada en las "nuevas metodologías", en la "personalización de la enseñanza" y en la "digitalización", entre otras cuestiones. Pero lo más importante para la ministra es que reconoce el derecho a la educación de todos y la libertad de enseñanza, tal y como ha insistido. "Cuando tengamos todos los desarrollos, se notarán mucho esos beneficios que desde ayer afortunadamente van a empezar a notarse", ha señalado en referencia a la entrada en vigor de la norma, que fue este martes.

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