Era una mañana cualquiera del mes de julio, pongamos que un viernes, y visité el Hospital Gregorio Marañón para la realización de pruebas anteriores a una intervención quirúrgica. El preoperatorio empezaba con una cita a las diez de la mañana en el departamento de Extracciones. Iba en ayunas, listo para entregar mi brazo para un análisis de sangre. Nada más llegar, la sala estaba atestada de gente, parecía el acceso a una oficina de regularización de inmigrantes. No sabía cómo iba todo el proceso y pensé que lo tendría difícil para llegar a la prueba de electrocardiograma, una hora después. El celador me dijo que debería tener paciencia porque en ese momento estaban llamando a los citados a las 8,30 horas. Se oían quejas tímidas de los pacientes ante la larga espera. También se oía decir que había muchos pacientes oncológicos citados. ‘Faltan enfermeras’, decían trabajadores sanitarios para calmar la tensión y que los pacientes recibimos con desanimo.
Me propusieron que me sentase hasta ser llamado para la realización de la extracción de sangre, pregunté que donde iba a sentar mi trasero ya que, además de enfermeras, también faltaban asientos para personas con problemas de movilidad, discapacidad o de edad muy avanzada. Semanas antes había comprobado en el departamento de maxilofacial del Marañón que este tipo de asientos brillaban por su ausencia. Me sentí fatal y recordé que en 2024 había presentado una queja en un Centro de Salud de Rivas-Vaciamadrid, localidad en la que resido, que fue contestada por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, días después. Me escribieron desde la Unidad de Atención al Paciente diciendo que trasladaban mi queja sobre esta incidencia al departamento correspondiente. Después de acudir al departamento de Maxilofacial me dirigí al Defensor del Pueblo para exponer mi preocupación por la falta de medidas básicas de accesibilidad y seguridad en el mobiliario de diversos centros sanitarios de la Comunidad de Madrid. Asimismo, puse de manifiesto la ausencia generalizada de apoyabrazos en las sillas y asientos de las salas de espera y zonas de tránsito.
Ahora, de nuevo en el Marañón me encuentro sin sillas para sentarme y con una considerable falta de enfermeras, verdaderas profesionales empáticas y atentas que facilitan todo lo que necesitamos los pacientes y ponen en evidencia la política de personal de la Consejería de Sanidad del Gobierno que dirige Isabel Díaz Ayuso, que se prodiga diariamente en declaraciones en las que no se citan problemas como las listas de espera para acudir al médico de Atención Primaria o a los especialistas o la poca atención a la reivindicaciones de los profesionales sanitarios, no sólo de los médicos.
Tras exponer que mis citas para la realización de un electrocardiograma o mi visita al anestesista se podrían no llevar a cabo por el retraso en la extracción de sangre, conseguí que la prueba se realizase gracias a la atención de las enfermeras y la profesionalidad de todo el personal sanitario. A los que agradezco sus esfuerzos para cubrir los déficits del Gobierno de Ayuso, de quien sabemos que le gusta la fruta, es decir, llamar hijo de puta a los que se quejan de su mala gestión política. También se muestra orgullosa de su ley del concebido no nacido, al otorgar derechos al nasciturus y olvidar los derechos educativos o sanitarios del ya nacido. Los profesores de apoyo en los colegios para atender a los más vulnerables brillan por su ausencia en muchos centros escolares y miles de niños carecen de pediatra en sus centros de salud. La falta de enfermeras y médicos se cura contratando más profesionales y asignando más dinero en los presupuestos regionales a la sanidad pública, en detrimento de los desvíos al negocio privado.
Lo de la inexistencia de sillas con apoyabrazos no es un detalle menor, sino una barrera importante para personas mayores, personas con movilidad reducida o cualquier paciente con dolor crónico, quienes necesitan un punto de apoyo firme para sentarse.
Ayuso ha debido olvidar que la Carta Magna se modificó para eliminar el término ‘disminuidos’ por personas con discapacidad. No quiso trasladar este cambio al Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, en el que aparecemos las personas con discapacidad como ‘minusválidos’. Es decir, que valemos menos que los demás y no merecemos que haya accesibilidad universal en los lugares donde acudimos a ser atendidos por unos excelentes médicos y enfermeras, que son la cara mas satisfactoria de la sanidad pública, tan maltratada por Ayuso y el PP, que lleva 30 años al frente de la Comunidad de Madrid y no puede echar la culpa de la situación a anteriores gobiernos de otros colores políticos.
Espero que el Defensor del Pueblo y la conciencia ciudadana obligue a Ayuso a revisar el mobiliario de los centros sanitarios y se inste a la administración a implementar los cambios necesarios bajo el principio de Diseño Universal, garantizando que el entorno físico sea seguro y accesible para todos, sin excepción. Invito a la presidenta Ayuso a acompañarme para comprobar in situ el porqué de mis quejas. Podrá ir en mi coche para ahorrar gasolina y si es posible sin aduladores y palmeros para que mi compañía y sus ojos y oídos sean los únicos testigos. Tenemos derechos y no todo se puede hacer a derechas.
Si (
No(
