La Comunidad de Madrid aprobará el próximo miércoles, 25 de marzo, un nuevo decreto regulador para las viviendas de uso turístico. Entre las novedades que serán incluidas, la prohibición expresa de llevar a cabo dicha actividad en viviendas de protección pública o en aquellos inmuebles donde así lo decidan, por mayoría, las comunidades de vecinos.
Otra de las principales polémicas al respecto, las competencias expresas en la materia, también quedará resuelta de la mano del nuevo reglamento. Así, la norma aclara que el establecimiento de las limitaciones en el número máximo de viviendas de uso turístico por edificio, área o zona corresponde, a través de su propio planeamiento y ordenanzas, a los ayuntamientos.
En paralelo, el documento, que será ratificado durante la próxima reunión del Consejo de Gobierno en Sol, recoge que serán los titulares de la prestación de servicios de alojamiento turístico, y no los propietarios de la vivienda, los obligados a presentar la pertinente declaración responsable para el inicio de la actividad.
También se establecerá el tamaño mínimo de cada una de las estancias, así como el número máximo de huéspedes que será posible acoger al mismo tiempo. Los parámetros al respecto, sin embargo, aún no han trascendido. En cuanto a los requisitos en materia de equipamiento y servicios, se incluye la obligatoriedad de contar con ropa de cama, para baño y mesa, además de vajilla, cubertería, cristalería y utensilios de cocina.
Respecto a los apartamentos turísticos, informan desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte en un escrito remitido a Madridiario, el nuevo texto recoge distintas referencias a la iluminación y ventilación, a un sistema de oscurecimiento temporal de los dormitorios y salón comedor, a mobiliario y equipamiento básico de los dormitorios y cuartos de baño. Todo ello, claro, adaptado para atender a las diferentes categorías que pueden ostentar este tipo de alojamientos: cuatro, tres, dos o una llave.
Tales modificaciones, argumentan los de Mariano de Paco, aspiran en último término a "actualizar los requisitos para garantizar la calidad del producto turístico", "salvaguardar los derechos de los usuarios, aumentando así la confortabilidad del alojamiento, que ha de contar con certificado de idoneidad" y, al mismo tiempo, adaptar la normativa a las últimas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Menos viviendas de uso turístico, más inspecciones y recaudación
De la mano del Plan de refuerzo y control de las viviendas de uso turístico en la región, puesto en marcha por la Comunidad en el segundo semestre de 2024, el número de alojamientos de este tipo ha ido en descenso. Para muestra, el Instituto Nacional de Estadística (INE) estima que en actualidad mantienen su actividad en la región 15.309 viviendas de uso turístico, con un total de 50.675 plazas de alojamiento, un 17,5 por ciento menos que en 2025.
Otra tendencia que lo refleja, el incremento en el número de bajas en el censo: de 1.153 viviendas de alojamiento turístico cerradas en 2024 a 3.053 en 2025. Además de las 341 bajas adicionales entre enero y febrero de este mismo año.
Al mismo tiempo, las inspecciones han ido in crescendo, 481 en 2024 frente a 588 en 2025, un 22,3 por ciento más, y el porcentaje de sanciones asociadas, por el contrario, bajando: del 90 por ciento dos cursos atrás al 85,71 por ciento del pasado curso. La recaudación, fuera como fuese, alrededor de medio millón de euros.
"Estos datos ponen de manifiesto la intensificación de la actividad inspectora y sancionadora y el compromiso de la Comunidad de Madrid con el cumplimiento de la legalidad, la protección de los usuarios y el desarrollo ordenado de la actividad turística en la región”, ha sentenciado el consejero del ramo.
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