La Justicia anula una sanción impuesta a una VUT por aplicar mal el régimen sancionador

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado una multa de 30.001 euros impuesta por el Ayuntamiento de Madrid a los propietarios de una vivienda de uso turístico (VUT) en el centro de la capital por carecer de acceso independiente. La Sala considera que el Consistorio aplicó de forma incorrecta la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid al calificar la actividad como "uso urbanísticamente incompatible", vulnerando así el principio de tipicidad en el ámbito sancionador.

La sentencia, dictada el pasado 28 de enero y no firme, estima el recurso presentado por los propietarios y revoca el fallo de un juzgado de lo contencioso-administrativo que había avalado la sanción municipal. El tribunal concluye que la ausencia de acceso independiente no convierte el uso turístico en incompatible con la ordenación urbanística, sino que supone el incumplimiento de una condición técnica de implantación.

Según el TSJM, el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid reconoce el uso terciario de hospedaje (incluidas las viviendas de uso turístico) como compatible con el residencial, aunque sujeto a determinados requisitos. Entre ellos figura el acceso independiente, que el tribunal califica como un requisito relevante a efectos de autorización o licencia, pero no como un elemento definidor de la naturaleza urbanística del uso. Por ello, el incumplimiento de esta condición no puede sancionarse al amparo del artículo 204 de la Ley del Suelo en el que se basaba la sanción.

El abogado de los propietarios, Javier Flores, ha expresado al periódico El País que la sentencia "va al núcleo del problema" y concluye que "el tipo sancionador utilizado por el Ayuntamiento no encaja con los hechos". A su juicio, el fallo "cuestiona seriamente la base jurídica del régimen sancionador aplicado de forma generalizada" y abre la puerta a la revisión de otras multas similares, aunque advierte de que no todas serán anuladas automáticamente.

Desde el Ayuntamiento, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido la actuación municipal y ha atribuido la anulación de la sanción a la imposibilidad de aplicar con carácter retroactivo una normativa más restrictiva. Según ha explicado, la inspección se realizó en 2018, pero la sanción se impuso en 2023 conforme a una regulación "más gravosa y exigente" que la anterior. "El TSJM lo que dice es que no se puede sancionar un hecho de 2018 con la normativa de 2023", ha afirmado el regidor, que interpretó la sentencia como un "desmentido judicial" a las críticas de la izquierda sobre la gestión de las viviendas turísticas. Los servicios jurídicos municipales deberán decidir ahora si recurren el fallo ante el Tribunal Supremo.

Críticas por parte de la oposición

La resolución ha provocado las críticas por parte de la oposición. La concejala de Más Madrid Lucía Lois ha denunciado que el Gobierno municipal "hace poco y mal" frente a los pisos turísticos ilegales que "crecen como las setas" y ha advertido de que en la ciudad "hay más de 13.000 viviendas turísticas operando de forma ilegal". A su juicio, la anulación de la multa demuestra que las sanciones impuestas por el Ejecutivo de Almeida "carecen de solidez jurídica" y "alimentan la impunidad". Desde su grupo reclaman que el Ayuntamiento ordene el cese de la actividad y el precinto de las viviendas ilegales, en lugar de limitarse a imponer multas.

En la misma línea, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha calificado la sentencia de "gravísima" y ha alertado de que puede provocar la anulación de "cientos de sanciones". Para la dirigente socialista, el fallo evidencia "la mala gestión, la improvisación y la política de titulares" del Gobierno municipal y abre "otra grieta" en el Plan Reside, la estrategia del Ejecutivo local para limitar las viviendas turísticas en el centro de la ciudad.

Hasta la fecha, el Ayuntamiento de Madrid ha impuesto 92 sanciones a propietarios de viviendas turísticas, 89 de ellas por importe de 30.001 euros y tres por reincidencia, de 60.001 euros. La sentencia del TSJM, aunque recurrible, puede marcar un punto de inflexión en la batalla jurídica y política en torno a la regulación de los pisos turísticos en la capital.