Fomento confirma que la flota MD-80 cumple la normativa

El Ministerio de Fomento respondía así a la Organización Impulsora de Discapacitados (OID) que solicitó este viernes al juez Javier Pérez, encargado de la investigación del accidente de Spanair, la suspensión de todos los vuelos de ese modelo hasta que Fomento acreditara que cumplen con dicha directiva.

La FAA elaboró esta directiva, emitida en julio de 2006 y de obligado cumplimiento en España, tras detectar en varios modelos de la serie MD-80 defectos de fabricación en el cableado y en ciertos aspectos técnicos en el tren de aterrizaje a tras ser informada de la idoneidad de mejorar estos sistemas por el fabricante Boeing. Analizada la incidencia, la autoridad aeronáutica estadounidense estableció un plazo de 18 meses para que las compañías incorporaran dicha mejora a su flota.

Las mismas fuentes aseguraron que, cumplido este plazo, Aviación Civil inspeccionó y sometió a revisión todos los aviones MD-80 operativos en los aeropuertos españoles y constató que todos ellos habían incorporado ya dicha mejora.

Asimismo, las mismas fuentes aseguraron que durante dicho proceso "no se registró" ningún problema de seguridad y aclararon que, en cualquier caso, "no era una incidencia que implicara un problema de seguridad, sino una mejora propuesta por el propio fabricante" de este tipo de aeronaves.


Bufetes americanos
Otros dos bufetes de Estados Unidos, Matthews and Associates y Gallagher Law Firm, aterrizarán el próximo martes en Gran Canaria para representar, según aseguran, a una decena de familias de las víctimas del accidente del vuelo de Spanair.

La demanda la presentarán estos abogados estadounidenses, especializados en litigios contra grandes corporaciones y en accidentes aéreos, en Houston contra el fabricante del MD-82, el modelo de avión siniestrado en Barajas, según información de la Cadena Ser de Las Palmas.

La intención, según los datos aportados, es "lograr la mayor cuantía en indemnizaciones a las familias por el accidente que podrían oscilar entre 300.000 y un millón de euros, por el que los letrados se llevarán un porcentaje del 35".

Así, estos dos despachos se suman al anuncio de este jueves del bufete de abogados estadounidense Ribbek Law que ha interpuesto la primera denuncia en un juzgado de Illinois, en Chicago (Estados Unidos), contra el fabricante de aviones Boeing propietaria de la compañía Mc Donnell Douglas, al que pertenecía el avión accidentado, por su posible responsabilidad en el accidente.

Subcomisión en el Congreso
Por otra parte, el portavoz del PP en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, Andrés Ayala, mostró este viernes su satisfacción por que IU e ICV "se sumen" a la iniciativa del PP de crear una subcomisión para estudiar la seguridad de la navegación aérea en España, tras el accidente del aeropuerto de Barajas.

IU e ICV, que comparten grupo parlamentario con ERC, anunciaron este viernes que habían registrado una petición para la creación de una subcomisión, dentro de la Comisión de Fomento del Congreso, para estudiar la mejora de la seguridad aérea y resolver las "carencias manifiestas" de los planes de emergencia de los aeropuertos, en especial en los servicios médicos, tras el accidente aéreo de Barajas (Madrid).

No obstante, el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, quien considera "anacrónica" la legislación española en esta materia, desvinculó en rueda de prensa su propuesta de la del PP. "Registramos esta propuesta porque nos parecía necesaria y no había ninguna similar", zanjó.