Nueve alcaldes recurren judicialmente para frenar la paralización de obras de la M-501

Todos los regidores pertenecen a localidades situadas en el radio de afección de las actuaciones, según informa ABC, ya que las calzadas pasan por sus términos municipales y todos quieren que las obras prosigan. Los representantes de San Martín de Valdeiglesias (PP), Pelayos de la Presa (PP), Navas del Rey (PP), Chapineria (Independiente), Las Rozas de Puerto Real (Independiente), Villamantilla (PP), Colmenar de Arroyo (PP), Robledo de Chavela (PP) y Navalagamella (IU) se sienten arropados por los otros alcaldes de la zona, de todo signo político.

Veintiún de estos alcaldes formaron en enero un equipo de trabajo para apoyar el desdoblamiento de la M-501 incluso más allá de la ampliación actual, hasta el límite de la provincia. Por ello, los nueve regidores han presentado, para frenar la paralización, sendos recursos ante el Tribunal Supremo y el TSJM ya que se consideran parte afectada e interesada y no han sido llamados para ser escuchados. Por ello, solicitan que el proceso se retrotraiga hasta el momento en que debieron ser oídos.

Los regidores alegan también que la paralización de las obras podría tener una grave incidencia en sus municipios, ya que, en primer lugar, parar las obras en el estado en que se encuentran actualmente y por un tiempo indefinido perpetuaría una situación de grave riesgo para la seguridad vial. En segundo término consideran que la suspensión perjudicaría al medio ambiente, cuya protección precisamente se pretende con la ejecución provisional de la sentencia. Recuerda incluso que no se han terminado muchos pasos subterráneos que en su día permitirían a la fauna autóctona cruzar la vía sin riesgo. El objetivo, ganar tiempo.

En realidad, los alcaldes tratan de jugar con las misma armas que los ecologistas y han decidido que con los recursos, por defecto de forma, pueden básicamente ganar tiempo. Por un lado la paralización decretada solo se llevará a cabo si Ecologistas en Acción deposita medio millón de euros de caución y, aunque parezca una cifra elevada, sólo 50.000 deberán ser en metálico, por lo que están recaudando dinero en la calle. El resto podrá hacerse a través de avales.

Por otro lado, los Tribunales deberán admitir a trámite ambos recursos y los alcaldes esperan que sea antes de agosto. Para esa fecha está prevista la terminación de las obras y la apertura de las calzadas ampliadas. A partir de ese momento no habría obras que paralizar y el efecto de lo sucedido sería sólo jurídico, un defecto de norma que puede ser subsanado.