Metro llevó ante la Policía a 5.600 delincuentes

Manuel Lamela, responsable de Transportes, compareció este jueves en el pleno para explicar la política de seguridad en el Metro de Madrid. El consejero detalló que, según el último estudio realizado a finales de 2007, los 2.350 vigilantes contratados realizaron 4.000 asistencias a petición de los usuarios, al tiempo que pusieron a disposición de las fuerzas del orden a 5.600 delincuentes.

De los 949 robos, hurtos, alteraciones de orden público o incidentes similares, 778 de ellos fueron frustrados por los sistemas de seguridad o el personal de Metro, según los datos aportados por Lamela, que recalcó que esto supone "un 64'8% de delitos frustrados y un 26'5% menos de delitos consumados". Además, recalcó que las encuestas de 2006 sobre la percepción del nivel de seguridad evidencian que el 94% de los pasajeros cree que ésta es superior (53%) o igual (41%) a la percibida en la calle.

Modesto Nolla (PSOE) y Fausto Fernández (IU) reconocieron las cifras, pero recriminaron la actuación de la Comunidad al no denunciar las agresiones por parte de vigilantes a usuarios del Metro. Lamela reconoció que "las cosas no se han hecho bien" y reiteró su compromiso de tener "tolerancia cero" con este tipo de incidentes, para lo que solicitó de nuevo que la Delegación de Gobierno permita que la Policía patrulle el suburbano.

El pleno de la Asamblea estuvo marcado además por los pactos ofrecidos por Esperanza Aguirre a la oposición y la crítica de esta a la gestión de los servicios públicos que hace el ejecutivo regional.

Pactos con la oposición
Tras una pregunta formulada por Inés Sabanés (IU), la presidenta de la Comunidad, conminó a todos los partidos a alcanzar un acuerdo para revisar la Ley del Pacto Local y pactar una nueva forma de financiación de los Ayuntamientos. Aguirre añadió que "no es posible que la financiación de los servicios ordinarios" siga haciéndose con los "ingresos extraodinarios" provinientes del urbanismo.

La jefa del ejecutivo también propuso a la oposición, los sindicatos y los empresarios la decisión de medidas conjuntas para acabar con el absentismo laboral en la Administración autonómica. La cifra en la Comunidad llega ya al 22% del total de trabajadores públicos, cantidad "muy grave" que afecta a la productividad de las empresas y multiplica el gasto de la Seguridad Social.

Aguirre apuntó las bajas se acentúan los lunes y los viernes y entre los jóvenes de menos de 35 años, que puede ser consecuencia "de determinados hábitos de ocio" y necesitaría de "campañas de concienciación".

Privatizaciones y sindicatos
Los grupos parlamentarios de PSOE e IU se mostraron dispuestos a abordar la situación con el ejecutivo. Ahora bien, el Gobierno de Aguirre no se libró de las críticas por su gestión de los servicios públicos y las "privatizaciones" de los mismos.

La portavoz socialista, Maru Menéndez, censuró el "desmantelamiento" de los servicios públicos y de la Sanidad Pública, "que ustedes sólo ven como una oportunidad de negocio". "No estamo dispuestos a que rompan el modelo del Estado del Bienestar", añadió Menéndez, al tiempo que instó al ejecutivo a "no echar gasolina al fuego" criticando la labor de los sindicatos.

La petición del PSOE respondió a las críticas lanzadas tanto por la propia Aguirre como por su vicepresidente, Ignacio González, y por el consejero de Sanidad, Juan José Güemes, que tildaron la última huelga de funcionarios de 24 horas de "política".

Aguirre aseguró que "todos los servicios son de titularidad pública, gratuitos y universales, aunque la gestión puede ser de muchas formas". "En Madrid sólo están privatizados los arrastres de los telesillas y la Inspección Técnica de Vehículos", concluyó.

Informe del 12 de Octubre
Juan josé Güemes compareció en la Asamblea a petición propia para explicar las medidas adoptadas por la Consejería de Sanidad en materia de prevención durante el polémico brote de la bacteria Acinetobacter baumanii en el 12 de Octubre.

Güemes trasladó al pleno el informe realizado por los servicios del hospital y en el que se constató la "dificultad" de hacer frente a la bacteria, al tiempo que determina que, si bien pudo influir, no fue la causa directa de las muertes de 18 pacientes en la UCI del centro. Asimismo, Güemes recordó que "las sociedades científicas" coinciden en que las infecciones nosocomiales como estas "están presentes en todos los hospitales" y erradicarlas es prácticamente imposible.

La oposición criticó en cambio que Güemes "no asuma sus responsabilidades" por la demora a la hora de tomar medidas contra el brote y reclamó de nuevo que el PP permita la creación de una comisión de investigación que establezca "las posibles responsabilidades políticas" en el caso.