Con gritos de "Cabrillo dimisión" y "Fuera, fuera" fueron desalojadas del Pleno de la Asambea de Madrid las representantes de 36 asociaciones de mujeres de toda España, que pidieron la destitución del presidente del Consejo Económico y Social (CES) por el informe "machista" sobre las víctimas de violencia de género.
El
polémico informe, retirado por el CES, levantó las críticas por considerar "privilegios" las ayudas públicas y sugerir que con ellas se motiva a las maltratadas a que "prefieran ser víctimas". Además, afirmaba que dictar órdenes de alejamiento "en forma desmesurada genera problemas de control".
Durante el pleno, y tras una pregunta de la socialista Dolores Pardo Ortiz, la consejera de Empleo y Mujer, Paloma Adrados recalcó que el gobierno regional "ya se opuso al informe y
pedimos su retirada". Además, recalcó que "la contraportada del informe dice expresamente que la responsabilidad de las opiniones que contiene corresponde a su autora -Tatiana Torrejón- y que su elaboración no significa que el CES se identifique con él".
Al oir estas palabras, las representantes de las mujeres en la tribuna de invitados comenzaron a proferir gritos contra la consejera, pidiendo el cese de Francisco Cabrillo -presidente del CES-, por lo que se ordenó su desalojo Ya en el exterior,la portavoz del grupo socialista, Maru Menéndez, consideró "indignante" que las asociaciones de mujeres "tengan que escuchar la negativa a abordar un informe denigrante que atenta contra la dignidad de las mujeres y refuerza y sustenta las convicciones de los maltratadores".
Forestales y trabajadores de Pontones
El pleno también estuvo marcado por la presencia, en la tribuna de invitados, de los agentes forestales y los trabajadores del centro de especialidades sanitarias de Pontones, que expresaron sus reivindicaciones en la Cámara.
La diputada de IU María Montiel reclamó a la Comunidad que "deje de provocar problemas" a los forestales, a los que "impide" la entrada en las fincas privadas en base a un artículo de la Ley de Medidas Urgentes cuya aplicación ha
suspendido cautelarmente el Tribunal Constitucional.
La consejera de Medio Ambienta, Beatriz Elorriaga, justificó que la Ley "busca dar a los agentes la máxima protección jurídica" y negó que esta actuación ponga en peligro, por falta de vigilancia, las áreas verdes de Madrid. Elorriaga también avanzó que su departamento está estudiando "modificar la organización de los trabajos" de los forestales "para mejorar su eficacia".
Respecto al centro de especialidades de Pontones, que será gestionado por la empresa privada que dirige la Fundación Jiménez Díaz, el consejero de Sanidad negó que se esté produciendo una
"privatización encubierta". En cambio, la diputada de IU Caridad García Álvarez censuró que la privatización "se esté haciendo por la puerta de atrás, ya que no se atraven a decirlo a la cara", y se preguntó qué ocurrirá con los trabajadores públicos del sistema sanitario si esta política avanza.