El equipo de Gobierno municipal ya ha comunicado a la Comunidad su deseo de convertirse en ventanilla de gestión de la renta básica de emancipación, algo que depende del Ministerio de Vivienda, explicó este lunes la delegada del área en el Ayuntamiento, Pilar Martínez, que criticó que el Gobierno central "no dé más competencias a los municipios".
La Comunidad de Madrid es la región que menos rentas básicas de emancipación ha aprobado en todo el país, según el PSOE, motivo por el que la concejala socialista de Vivienda, Beatriz Corredor, presentó una propuesta en el Pleno para reclamar al Ayuntamiento que inste al Gobierno regional a que proceda a tramitar las solicitudes de renta básica de emancipación "en el plazo reglamentario de dos meses", agilizando así la gestión de los expedientes.
La Comunidad, con un total de 35 resoluciones de renta básica de emancipación aprobadas, es la última de las comunidades autónomas en esta materia, a pesar de ser una de las regiones con mayor número de solicitudes (10.632), de las que el 60 por ciento corresponden a la capital, sólo detrás de Cataluña, según denunció este lunes el Grupo Municipal Socialista.
Por su parte, el concejal de IU Daniel Álvarez, apoyó la propuesta del PSOE, rechazada por los populares, y resaltó que a su formación "le da igual" quien ejecute las medidas para desbloquear la concesión de la renta básica de emancipación y que todo se resume a "la guerra" que mantienen las administraciones local y regional en Madrid.
El Gobierno central aprobó en noviembre la renta básica de emancipación, una medida que incluye ayudas económicas a jóvenes de entre 22 y 30 años cuyos ingresos no superen los 22.000 euros brutos anuales y que sean titulares del contrato de arrendamiento de la vivienda o que la alquilen en los tres meses siguientes a la solicitud. La gestión de las ayudas corresponde a las comunidades autónomas, que tramitan los expedientes mientras que el ingreso de la ayuda económica depende del Ministerio de Vivienda.
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