Destituido por recortar comida a ancianos en una residencia

Además, limitaba el "consumo de frutas y verduras", ordenaba "servir platos más baratos, sobre todo en las cenas", utilizar el aceite "para más frituras de las habituales"o "pedir algo menos de pan".

Tras hacerse pública esta nota, la Consejería de Familia ha decidido su destitución inmediata. Ante la gravedad de los hechos, la propia consejera Gádor Ongil decidió desplazarse a la residencia, en el barrio Virgen del Cortijo, para tranquilizar a los usuarios del centro y a sus familiares.

Ongil acude al centro
Ongil explicó a los periodistas que su Consejería establece protocolos para todas las atenciones que precisan los residentes, "incluida la alimentación", por lo que pretender ajustar el gasto de esa manera es completamente ilegal.

En todo caso, Ongil subrayó que "Manoteras" es "un referente en la Comunidad de Madrid para todas las residencias" y destacó que en este centro hay "un ratio de un empleado por residente", extremo respecto al que algunos residentes y familiares han mostraron su desacuerdo interrumpiendo la comparecencia.

Un familiar aseguró que él"había enviado "el 25 de enero del año pasado a la Consejería una hoja con 214 firmas con quejas de los familiares". Antonio Mayo Prado, hijo de una mujer que reside en el centro desde hace dos años, declaró que "tan sólo hay dos auxiliares de enfermería por planta" atendiendo a unos 30 ancianos durante los fines de semana y replicó a Ongil que "dentro de los 299 trabajadores del centro que trabajan en el centro, según la consejera, se incluyen jardineros, suplencias, fontaneros y personal de mantenimiento".

Este martes, varias trabajadoras del centro se quejaron al diario El País, de la falta de personal y de otros recortes anunciados "en pañales, colonia, gel, o galletas de la merienda." Según explicaron, la dirección pretendía que estos productos fueran financiados por los ancianos con el 20 por ciento restante de su pensión.

Precisamente, UGT había exigido el cese inmediato del director. La central sindical solicitó además la apertura de un expediente informativo para depurar responsabilidades políticas si este problema fuera derivado de "una actitud negligente de los responsables políticos del Servicio Regional de Bienestar Social".