El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 23 de Madrid ha ordenado la suspensión cautelar inmediata de las obras del cantón de limpieza proyectado en el barrio de Montecarmelo al apreciar posibles vicios de nulidad en la tramitación administrativa y considerar que continuar con la ejecución podría ocasionar perjuicios “de difícil reparación”.
Así consta en un auto adelantado por El País al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el magistrado estima la solicitud de medidas cautelares presentada por la Asociación de Afectados por el Proyecto de Instalación de un Cantón y una Base de Selur en Montecarmelo contra el decreto municipal de junio de 2025 que dio luz verde al proyecto técnico para construir el cantón en la avenida.
La resolución acuerda “la suspensión de la ejecución de la obra con carácter inmediato” y establece la vigencia de la medida hasta que exista una sentencia firme o concluya el procedimiento judicial.
El juez considera que la Asociación de Afectados ha planteado posibles irregularidades en la tramitación del decreto municipal, al estar vinculado con anteriores resoluciones sobre el contrato de limpieza de Madrid que ya fueron anuladas por la Justicia.
Asimismo, el auto considera que existen elementos suficientes de “apariencia de buen derecho” para adoptar la medida cautelar sin entrar todavía en el fondo del asunto. En este sentido, apunta a la existencia de “datos objetivos muy relevantes” que podrían evidenciar una “abierta ilegalidad” del decreto municipal.
La resolución también hace referencia a la “actitud errática de la administración municipal”. El magistrado recuerda que representantes políticos del Ayuntamiento anunciaron cambios “de singular calado” en el proyecto que, según recoge el auto, “sin embargo no se están llevando a cabo”.
Además, el juez advierte de que la continuación de las obras antes de resolverse el procedimiento podría generar “consecuencias indeseables” tanto para los vecinos como para las arcas públicas, ante la posibilidad de que una futura sentencia favorable a los recurrentes obligara a revertir actuaciones ya ejecutadas.
Entre los argumentos expuestos por los demandantes figuran motivos medioambientales y la protección de los derechos e intereses de los menores de edad, debido a la proximidad de la infraestructura a zonas residenciales y centros educativos.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, aunque fuentes municipales han señalado a Europa Press que el Ayuntamiento acatará la decisión judicial.
Una “victoria” vecinal
Uno de los portavoces de la Plataforma ‘No al Cantón’, Miguel Ángel Carretero, ha celebrado la paralización cautelar de las obras del cantón de Montecarmelo como una “victoria” para los vecinos tras “tres años de lucha” contra el proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Madrid. “Estamos muy contentos. Son tres años de lucha y es un nuevo varapalo judicial a Almeida”, ha afirmado Carretero en declaraciones a Europa Press, en las que ha acusado al Gobierno municipal de llevar “tres años diciendo mentiras”.
“El trabajo vecinal está dando frutos”
El representante vecinal ha sostenido además que el auto judicial “reafirma que el Ayuntamiento miente” al referirse a una “actitud errática” de la administración municipal y ha insistido en que “lo que están diciendo no se corresponde con lo que hacen”. Carretero ha defendido que la decisión judicial demuestra que “el trabajo vecinal está dando frutos” y ha asegurado que, aunque todavía hay maquinaria en la parcela, actualmente “no hay movimiento” en las obras.
Asimismo, ha acusado al Consistorio de haber “camuflado una instalación industrial bajo la palabra cantón” y ha rechazado la versión municipal sobre el proyecto. “No son unos vestuarios, ese es el juego que han hecho durante muchos años”, ha sostenido.
La plataforma vecinal ha avanzado además que continuará movilizándose contra una infraestructura que, a su juicio, “no afecta solo a Montecarmelo, afecta a todo Madrid”.
Un conflicto que llegó a Bruselas
La polémica por el cantón de Montecarmelo ha protagonizado durante meses movilizaciones vecinales y reclamaciones ante distintas instituciones municipales, autonómicas e incluso europeas. Los vecinos han denunciado reiteradamente el carácter “industrial” de la instalación y han cuestionado su ubicación por la proximidad a varios centros educativos, al considerar que el tránsito de vehículos pesados y el ruido perjudicarían la actividad diaria de miles de alumnos.
En el transcurso de las protestas, los colectivos vecinales llegaron a pedir la dimisión del alcalde, José Luis Martínez-Almeida; del delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante; y del concejal delegado de Limpieza y presidente de Fuencarral-El Pardo, José Antonio Martínez Páramo, a quienes calificaron como el “trío de la basura” por las supuestas “mentiras” sobre el proyecto.
También reclamaron en varias ocasiones la intervención de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ante una situación que, según defendían, afectaba a miles de menores por la cercanía del cantón a centros escolares.
Desde el Gobierno municipal han insistido en los últimos meses en que en la parcela de Montecarmelo se ubicarían únicamente unos “vestuarios” para trabajadores de limpieza dentro de unas instalaciones “mínimas” y sin base del Selur.
De hecho, el pasado lunes el Ayuntamiento anunció las obras del futuro parque que rodeará el cantón, una actuación presupuestada en 2,6 millones de euros y que incluirá una zona verde de 6,3 hectáreas y la plantación de más de 1.600 árboles.
Reacciones políticas
Tras conocerse la resolución, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre ha asegurado en una publicación en X que la Justicia ha paralizado las obras de un proyecto que “no tiene licencia urbanística” ni “informe de impacto ambiental”.
La dirigente municipal sostuvo además que el cantón se ubica a escasos metros de viviendas y centros escolares y ha acusado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de haber actuado “con prisa” en la tramitación del procedimiento.
Por su parte, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha acusado al alcalde de “mentir, manipular y engañar” a los vecinos sobre el proyecto del cantón y le ha pedido que “pida perdón” públicamente.
“Una sentencia más que para los pies al señor Almeida”
Maroto ha asegurado que la resolución judicial supone “una sentencia más que para los pies al señor Almeida” y ha sostenido que tanto los vecinos como la oposición habían advertido previamente de que el proyecto “no podía tramitarse así”.
La dirigente socialista también ha reclamado al alcalde que no recurra la resolución judicial y que negocie una ubicación alternativa para la instalación.
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