“La vivienda nos cuesta la vida”. Bajo este lema, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha presentado este miércoles en el centro cultural Ateneo La Maliciosa la manifestación estatal por el derecho a la vivienda convocada para el próximo domingo 24 de mayo. La rueda de prensa, ofrecida por representantes del sindicato y de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema de Pensiones (Coespe), ha dibujado un diagnóstico que justifica su salida a las calles: el problema de la vivienda sumado al empobrecimiento generalizado de la población.
La marcha partirá a las 12:00 horas desde Atocha recorrerá el centro de la capital hasta la zona de Sevilla. Después habrá un encuentro en Sol con intervenciones de distintos colectivos sociales y actuaciones musicales. La movilización forma parte de una campaña de ámbito estatal que prevé 24 movilizaciones en diferentes ciudades desde el 23 de mayo hasta el 28 de junio.
Durante la comparecencia, las portavoces insistieron en que la crisis de la vivienda ya ha filtrado en todos los ámbitos de la vida cotidiana. “En Madrid estamos dedicando ya hasta el 70 por ciento del salario al alquiler”, denunciaron, alertando del modelo actual marcado por contratos temporales, subidas constantes de los precios y traslado forzoso de los vecinos hacia municipios más alejados, aunque más asequibles.
La portavoz Alicia del Río vinculó esta situación con el deterioro de la salud mental y física de muchas personas por la incertidumbre ante la falta de medidas en materia de alquiler, lo que, según ha afirmado “hace imposible desarrollar proyectos de vida estables”.
“El problema ya no es solo habitacional, sino una máquina de empobrecimiento y control de la vida de la gente común”, señaló, al tiempo que acusó a la “minoría rentista” y a los fondos de inversión inmobiliaria, protegidos por el gobierno autonómico, bajo su criterio.
La novedad de la convocatoria reside en la ambición de la misma. En esta ocasión participan organizaciones vecinales, sindicatos, plataformas antidesahucios, además de organizaciones como la FRAVM, CGT, Ecologistas en Acción, Bomberos contra los Desahucios o Coespe, entre otros.
Precisamente, Damián Rodríguez, portavoz de Coespe, defendió que “los derechos no se regalan, se conquistan” y anunció junto a Inquilinas que las organizaciones trabajan ya en un proceso de movilización sostenida que podría motivar una huelga general si no se producen cambios a corto plazo.
Entre las principales reivindicaciones de ambas entidades figuran la recuperación de los contratos indefinidos de alquiler, la bajada de los precios, la subida del salario mínimo y las pensiones hasta los 1.500 euros, la creación de un parque público de vivienda fuera del mercado y el fin de los contratos temporales y por habitación.
Durante la comparecencia se cargó también contra los discursos de extrema derecha que responsabilizan de la crisis a las personas migrantes o colectivos vulnerables. “Quieren que culpemos a nuestras vecinas migrantes o a nuestros vecinos pensionistas para que no miremos a los verdaderos culpables”, denunciaron desde el sindicato. Frente a ello, reivindicaron la organización colectiva y llamaron a la desobediencia como resorte ante los “abusos rentistas y los “chantajes de los caseros”.
Desahucio en Carabanchel
En paralelo a la rueda de prensa, el problema de la vivienda dejaba un nuevo ejemplo en Carabanchel, donde ha producido el desalojo de una vecina junto a sus dos hijos en la calle Camino Alto de San Isidro, a escasos metros de la Pradera donde estos días se celebran las fiestas de San Isidro.
El Sindicato de la Vivienda de Carabanchel llevaba días movilizando a la población con la pretensión de paralizar el lanzamiento. Así lo trasladaron el pasado sábado durante un concierto de Cecilio G, animando a la población a actuar ante el desahucio al grito de “Porque mientras que llenan la pradera, desahucian Madrid”.
A primera hora de este miércoles, el colectivo informó de un amplio despliegue policial y del corte de la calle por parte de los agentes. A lo que se sumó la ausencia de la comisión judicial, lo que, según el sindicato, ha impedido cualquier tipo de negociación, dejándolo “en manos de la Policía”. Finalmente, el colectivo ha confirmado alrededor de las 12:00 horas que el desalojo se había ejecutado.
El Sindicato de Vivienda de Carabanchel anunció además nuevas movilizaciones para el próximo 19 de mayo en Tetuán, donde aseguran que tratarán de impedir otros cinco desahucios.
Referido a este asunto, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, lamentó el desahucio, aunque señaló que serán los tribunales los que tengan que pronunciarse al respecto. Además, defendió que el Ejecutivo autonómico trabaja para incrementar la oferta de vivienda como vía para hacer frente al problema de la vivienda.
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