El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha solicitado al Estado español que garantice una alternativa habitacional a María del Carmen Abascal Martín, una vecina de 87 años del distrito madrileño de Retiro amenazada por un desahucio impulsado por un fondo de inversión, mientras estudia el fondo de su reclamación.
La decisión llega después de que el caso haya sido elevado ante este organismo de la ONU, que ha apreciado indicios suficientes de vulnerabilidad y riesgo para la afectada. En una comunicación remitida a la representación de Naciones Unidas en España, el comité reclama la adopción de medidas para que la mujer disponga de otra vivienda y evitar así "posibles daños irreparables" mientras se resuelve el procedimiento.
El organismo considera acreditadas, al menos de forma preliminar, las circunstancias denunciadas por la afectada. En concreto, alude a las "alegaciones substanciadas prima facie [a primera vista] de ausencia de alternativa habitacional y del riesgo del daño irreparable" que concurren en este caso.
La resolución recuerda además que "los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos". Asimismo, subraya que cuando las personas afectadas por un lanzamiento carecen de recursos suficientes, corresponde al Estado proporcionar una solución habitacional "en la mayor medida que permitan sus recursos".
El Comité ha fijado el próximo 1 de diciembre como fecha límite para que España remita un informe detallando las actuaciones adoptadas en relación con esta situación.
El desahucio sigue previsto para el 24 de junio
María del Carmen Abascal afronta actualmente una orden de desahucio promovida por un fondo de inversión, con lanzamiento previsto para el próximo 24 de junio.
Tras conocerse la intervención de Naciones Unidas, el Sindicato de Inquilinas de Madrid ha sostenido que, si finalmente se ejecuta el desalojo sin que exista una alternativa residencial adecuada, este se produciría en contra de los compromisos internacionales suscritos por España.
La organización también ha criticado la actuación de las distintas administraciones implicadas en el caso. En este sentido, ha denunciado la falta de respuesta tanto del Gobierno central como de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la capital ante la situación de la vecina.
El caso de la residente de Retiro se suma así a otros procedimientos de desahucio que en los últimos años han llegado a instancias internacionales por posibles vulneraciones del derecho a la vivienda reconocido en distintos tratados suscritos por España.
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