Ayuso presenta alegaciones frente al anteproyecto de Ley de Integridad Pública de Sánchez: "Es un salvoconducto a la corrupción"

La Comunidad de Madrid continúa, pico y pala, en su firme oposición frente a las políticas desplegadas por el Gobierno central. En especial, contra todas aquellas reformas legislativas que se encuentren en el horno de La Moncloa. Este miércoles le ha tocado el turno al anteproyecto de Ley de Integridad Pública, considerado una suerte de "salvoconducto" para que "la corrupción siga campando a sus anchas en la España ideal de Pedro Sánchez".

Y es que, consideran desde Sol, una vez sea aprobado, el texto "desmantelará de facto todo el sistema prevención frente al blanqueo de capitales, la corrupción y el fraude". O lo que es igual, al menos bajo el prisma madrileño, daría vía libre a las prácticas "opacas", "fraudulentas" y "corruptas" en tramas como la de Sernivar, vinculada al exsecretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán. Todo, para más inri, "consagrado con rango de ley orgánica".

La vía para oponerse, ha detallado el portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García Martín, en el marco de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en Sol, la presentación de "alegaciones".

Desde el punto de vista técnico, el recurso anunciado hoy aspira a poner freno a la "sustitución" por un "mero documento privado electrónico" de la escritura pública ante notario en la transmisión de participaciones societarias. Una "herramienta clave" en la "lucha contra la corrupción" para entidades como la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil o la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, pero también para los jueces y fiscales, pues "da seguridad jurídica" y "permite saber quién está detrás de las empresas".

En la práctica, argumentan a renglón seguido, la reforma permitiría aglutinar "toda la lucha contra la corrupción en una sola agencia" que, pese a su aparente "independencia", quedaría en realidad "bajo el control del Gobierno" o, en su defecto, "colonizada" por algún "comisario político" del presidente Sánchez.

Por no mencionar, lamentan a renglón seguido, que la norma, tal y como ha sido redactada, incluye "errores de técnica administrativa" y, para colmo, añadiría "papeleo " y "cargas burocráticas" extra tanto para empresas como para las administraciones públicas.

"En la España ideal de Sánchez, la corrupción va a campar a sus anchas"

"Nada de lo q hace Pedro Sánchez es casual. Es un paso más en el desmantelamiento de controles y contrapesos recogidos en la Constitución. En la España ideal de Sánchez, la corrupción va a campar a sus anchas. Les sobran todos los controles", ha sentenciado al respecto García Martín.

Rechazo a la limitación de la colaboración público-privada en Sanidad

Al hilo, el segundo de abordo de Isabel Díaz Ayuso ha sido consultado por los posibles efectos sobre la Sanidad madrileña de la aprobación, vía Consejo de Ministros, del anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) para limitar la colaboración público-privada en el sector a "situaciones excepcionales".

A ojos del Ejecutivo madrileño, simple y llanamente, un "ejercicio de cinismo absoluto" pues representa "nuevo intento" por parte del Ministerio de Mónica García de "cargarse la colaboración público privada" sanitaria en Madrid. Un modelo que "está funcionando con muchísimo éxito" mientras allá donde este organismo gestiona la Sanidad, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, el servicio se encuentra "patas arriba" pese a implementar también idéntica fórmula de colaboración.

Por todo ello "los servicios jurídicos de la Comunidad estudiarán el texto" y, en su caso, "presentaremos el correspondiente recurso", ha vaticinado a modo de conclusión.