El Grupo Parlamentario de Más Madrid en la Asamblea, junto a más de una veintena de grupos municipales, ha registrado alegaciones al anteproyecto de Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER), al entender que la norma introduce cambios en el modelo de planificación urbanística y puede incidir en la autonomía de los ayuntamientos.
De acuerdo con un comunicado de la formación, han participado en este proceso los grupos municipales de Más Madrid en Collado Villalba, Coslada, Ciempozuelos, San Sebastián de los Reyes, Paracuellos, Boadilla del Monte, Torrejón de Ardoz, Alcobendas, San Fernando de Henares, Tres Cantos, Pozuelo de Alarcón, Alcalá de Henares, Getafe, El Escorial, Pinto, Rivas, Alpedrete, Leganés, Galapagar y Casarrubuelos.
El plazo para presentar alegaciones finalizó este lunes para una norma que, según el Ejecutivo autonómico, persigue agilizar los tiempos y simplificar los procedimientos mediante la unificación y reducción de trámites que en la actualidad pueden prolongarse durante más de diez años.
El anteproyecto reorganiza la clasificación del suelo en tres categorías —urbano, rural protegido y rural no protegido— con el objetivo de “evitar que grandes bolsas de terreno queden bloqueadas”. Asimismo, plantea una mayor flexibilidad en los usos del suelo para “adaptarse a nuevas necesidades económicas y sociales sin reabrir constantemente el planeamiento general”.
Alegan "pérdida de autonomía municipal"
Por su parte, los grupos municipales de Más Madrid han incorporado en sus alegaciones cuestiones que afectan “directamente” a sus municipios y a lo que consideran una “pérdida de autonomía municipal”. A su juicio, la propuesta normativa introduce modificaciones en el sistema urbanístico que reducen el peso de la planificación pública frente a iniciativas del ámbito privado.
En esta línea, la formación sostiene que el texto altera la jerarquía normativa al restar carácter vinculante al Plan Estratégico Municipal (PEM) frente a los Planes Ejecutivos, lo que, según advierte, podría facilitar cambios puntuales en el modelo urbano sin una evaluación global de su impacto en servicios públicos, movilidad o infraestructuras.
El documento también alerta de posibles efectos sobre la autonomía local, dado que los ayuntamientos están analizando la incidencia concreta de la ley en sus respectivos territorios. Además, Más Madrid expresa su preocupación por el papel de las Entidades Privadas Colaboradoras Urbanísticas y Ambientales, al considerar que determinadas labores de supervisión podrían recaer en entidades privadas.
Igualmente, señalan el recurso al silencio administrativo positivo y a las declaraciones responsables como mecanismos que, en su opinión, podrían acelerar la tramitación de proyectos. En materia de vivienda, la formación indica que el anteproyecto introduce cambios en el cómputo de la vivienda protegida, “permitiendo su distribución en el conjunto del municipio y no necesariamente en cada desarrollo”.
Según apuntan, esta medida podría afectar a la distribución territorial de este tipo de vivienda. Entre las propuestas planteadas en sus alegaciones, el grupo parlamentario aboga por reforzar el carácter vinculante del planeamiento estratégico, mantener el control público en los procedimientos urbanísticos e incrementar la reserva de vivienda protegida.
Ecologistas ven "un retroceso de décadas"
La Plataforma Ecologista Madrileña también ha mostrado su rechazo al anteproyecto, al considerar que implica “un retroceso de décadas” en la protección del territorio y favorece un modelo urbanístico basado en el “todo urbanizable”.
En un comunicado, las organizaciones ecologistas sostienen que el texto “recupera” el enfoque de la Ley estatal de 1998 que propició el desarrollismo inmobiliario previo a la crisis de 2008, al plantear que cualquier suelo no protegido de forma expresa pueda ser urbanizado. A su juicio, este planteamiento sitúa la libertad de empresa y el derecho de propiedad por encima del interés general en la ordenación del territorio.
Entre los aspectos más cuestionados figura la regulación del suelo rural. La plataforma entiende que se “vacía de contenido” la figura del suelo protegido y que se normalizan usos ajenos a su naturaleza mediante los denominados usos excepcionales. En este sentido, advierten de que se podría facilitar la legalización de actividades y construcciones actualmente irregulares, como grandes fincas destinadas a eventos.
También alertan de un posible debilitamiento en la protección del patrimonio histórico. Según exponen, los catálogos de bienes protegidos perderían su carácter normativo y quedarían en manos de los ayuntamientos, lo que, en su opinión, “fragmenta los criterios de conservación” y podría dejar sin cobertura a determinados elementos.
Otro de los puntos señalados es la modificación de la naturaleza jurídica del planeamiento urbanístico. El anteproyecto introduce una “naturaleza mixta” de estos instrumentos y abre la puerta a anulaciones parciales o a la subsanación posterior de errores, con el objetivo de evitar su nulidad total en sede judicial incluso en casos de defectos “esenciales”.
Ante este escenario, el colectivo —integrado por la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), la Asociación Ecologista del Jarama ‘El Soto’, el Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA), Jarama Vivo y Libertum Natura— reclama la retirada del anteproyecto y la apertura de un proceso de debate que garantice la protección del territorio, el patrimonio y el interés general.
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