El Ministerio de Juventud e Infancia informará este miércoles a las comunidades autónomas del número mínimo de plazas que deberán habilitar para la acogida de menores migrantes no acompañados, en el marco de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.
La reunión, cuyo orden del día ha adelantado por Europa Press, se celebrará en la sede del Ministerio de Trabajo y Economía Social y estará presidida por la ministra Sira Rego.
Entre los puntos previstos figura la "información sobre el Real Decreto por el que se aprueba la capacidad ordinaria de los sistemas de protección para la adecuada protección y tutela de las personas menores de edad extranjeras no acompañadas". Según fuentes conocedoras, se trata de una actualización de la norma aprobada el pasado año, que seguirá el mismo procedimiento: su paso por la Conferencia Sectorial tendrá carácter informativo y, posteriormente, deberá recibir el visto bueno del Consejo de Ministros.
El encuentro servirá también para presentar el Informe de Evaluación Anual sobre la Estrategia de Erradicación de la Violencia sobre la Infancia y Adolescencia correspondiente a 2023 y 2024.
Asimismo, el Ministerio y las comunidades abordarán el estado de implantación en España del modelo Barnahus y los próximos pasos para su desarrollo. Este sistema —cuyo nombre significa ‘Casa de los niños y las niñas’ en islandés— plantea un enfoque integral en la atención a víctimas de abuso sexual infantil, reuniendo en un mismo espacio a los distintos servicios implicados para intervenir de forma coordinada desde una perspectiva centrada en el menor.
Madrid no aceptará nuevos traslados de menores migrantes sin cobertura legal
Durante la jornada del lunes, la Comunidad de Madrid comunicó al Gobierno de España que no aceptará nuevos traslados de menores migrantes no acompañados bajo el amparo del Real Decreto-ley 2/2025, al considerar que el mecanismo extraordinario de reubicación ha quedado sin cobertura jurídica tras expirar los plazos previstos.
La consejera de Asuntos Sociales, Familia y Juventud, Ana Dávila, trasladó la posición del Gobierno regional en una misiva dirigida al ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, liderado por Ángel Víctor Torres. Dávila defendió que la Comunidad de Madrid había cumplido “escrupulosamente” con la legalidad y sus obligaciones, y advirtió de que “no puede ni va a asumir actuaciones que carezcan de amparo normativo”. La consejera señaló que cualquier intento de realizar nuevos traslados fuera de los procedimientos previstos “supondrá una actuación contraria a derecho”.
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