La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves la modificación de la Ley de Hacienda regional con los votos a favor del PP y el rechazo en bloque de Más Madrid, PSOE y Vox. El cambio normativo, que ha recibido luz verde tras el dictamen de la comisión de Presupuestos y Hacienda, ha derogado la Ley 9/1990 después de 35 años en vigor, así como la Ley 1/1989 del Control Parlamentario de la Administración Institucional.
El diputado del PP Carlos González ha defendido que con esta nueva Ley de Hacienda se “refuerza e impulsa” la posición de Madrid como la comunidad autónoma “con los mejores datos de gestión de España” y que permitirá una Administración “más moderna y flexible”. Según ha destacado, “esta ley es una ley necesaria, perfectible como toda obra humana, pero que va a mejorar la gestión y el control del sector público madrileño. El objetivo es estar siempre al servicio del interés general y con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los madrileños”.
Críticas de la oposición
Vox ha votado en contra. Su diputada Ana Cuartero ha asegurado que su grupo no apoyará “ningún desarrollo legislativo que promueva el federalismo, en ninguna de sus formas” y ha preguntado al PP “en qué se distingue Madrid con este proyecto de ley de Cataluña o País Vasco”. Además, ha criticado que los populares “no solo gestionan las políticas de la izquierda, sino que se sienten cómodos disfrutando de los privilegios peleados por los nacionalistas y de las victorias políticas que han conseguido en estos últimos 40 años”. También ha afirmado que el PP nunca “ha revertido ni siquiera un ápice ninguno de los avances del nacionalismo, del socialismo, de la apología climática o del fundamentalismo woke”.
Desde el PSOE, Daniel Rubio ha denunciado que la norma “cambia toda la arquitectura institucional de la área económica de la Comunidad de Madrid” y ha reprochado que se haya promovido “de prisa y corriendo”. “Es una estafa, no es una verdadera democracia”, ha sostenido. Según el diputado, el texto supone un “retroceso institucional”, porque “el Gobierno es el que pasa a controlarse a sí mismo y esta Asamblea pierde toda la capacidad real de interlocución y de fiscalización (...). Descentralizan el poder económico y debilitan los controles”.
La diputada de Más Madrid, Raquel Huerta, ha calificado la ley como “una pieza más en un chusco y cutre engranaje pensado por el PP”, destinado -según ha dicho- a funcionar como “un escudo” para “evitar controlarlos y fiscalizarlos”. Además, ha acusado al Ejecutivo de tratar de “blindar en una ley el marco más propicio para eludir el control, la rendición de cuentas y para usar el dinero de los madrileños”.
Contenido de la nueva Ley de Hacienda
El Gobierno regional ha explicado que la norma busca modernizar el funcionamiento del sector público, actualizar su sistema contable, la planificación presupuestaria y el control financiero, además de reforzar la comunicación con la Asamblea. También ha reformado la Ley de Subvenciones.
El texto define la naturaleza de las sociedades mercantiles autonómicas y adapta su regulación a la normativa estatal, incluyendo las entidades contempladas en el artículo 42 del Código de Comercio. Entre los cambios más destacados, la ley excluye expresamente a las universidades públicas y sus entes dependientes de los Presupuestos Generales regionales para “respetar” su autonomía.
La norma incorpora avances en programación plurianual, estabilidad presupuestaria y un régimen específico para la función interventora en materia de personal. También actualizao todas las disposiciones sobre Hacienda autonómica -ingresos, derechos, política financiera, auditorías y control- para adaptarlas a las nuevas figuras jurídicas surgidas en las últimas décadas, como fundaciones o consorcios.
Asimismo, la nueva Ley deroga todas las disposiciones de igual o menor rango que entren en conflicto con ella, con el objetivo de avanzar en la lucha contra la hiperregulación y eliminar normativa obsoleta o redundante. También establece una regulación más clara de las operaciones económicas y diferencia entre la Tesorería General del sector público y la Central, encargada de la gestión de los recursos financieros de la Administración autonómica y de los entes sin gestión propia.
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