El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y al pago de una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos al filtrar un email remitido a la Fiscalía de Madrid por la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ofreciéndose a reconocer dos delitos fiscales a cambio de un pacto para evitar la cárcel. La sentencia también establece que García Ortiz deberá indemnizar a González Amador con 10.000 euros por daños morales.
El fallo, adelantado este jueves, llega apenas una semana después de la conclusión de un juicio histórico, el primero en el que un fiscal general del Estado se ha sentado en el banquillo de los acusados. El tribunal estuvo compuesto por siete magistrados de mayoría conservadora.
La decisión no ha sido unánime. Las magistradas progresistas Ana Ferrer y Susana Polo han emitido un voto particular. Polo, que inicialmente era la ponente de la sentencia, no ha asumido finalmente la redacción del fallo, tarea que ha recaído en el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo y también presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta.
Aunque las partes ya han sido informadas del resultado, la condena no será efectiva hasta que se notifique formalmente la sentencia, cuya redacción aún está pendiente y se conocerá más adelante. La sentencia es recurrible a través de un incidente de nulidad.
Cinco de las acusaciones populares del caso contra el fiscal general —el ICAM, la APIF, Manos Limpias, Foro Libertad y Alternativa y Hazte Oír— han celebrado la condena destacando que “nadie está por encima de la ley”.
El ICAM ha defendido que la condena demuestra que la ley se aplica a todos por igual y refuerza principios esenciales como el secreto profesional, la inviolabilidad del derecho de defensa y la lealtad procesal. Ha subrayado que se trata de una actuación “excepcional” que no empaña la labor del conjunto de la Fiscalía.
Desde la APIF, su abogado ha considerado la resolución un reconocimiento al trabajo de la asociación para proteger la integridad del Ministerio Fiscal. Manos Limpias, por su parte, ha valorado el fallo como una “buena noticia” para el Estado de derecho y ha celebrado que se haya acogido su principal tesis acusatoria.
La acusación popular unificada —Foro Libertad y Alternativa, Vox y Hazte Oír— ha afirmado que la prueba contra García Ortiz era “abrumadora” y que la condena es la consecuencia lógica del juicio. Han asegurado que el daño causado a la Fiscalía es “incalculable” y han pedido iniciar un proceso de “regeneración” institucional.
Hazte Oír ha insistido en que la inhabilitación no es solo un castigo penal, sino la confirmación de un “ataque frontal” del fiscal general a la institución que dirigía. Han reclamado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y quienes lo apoyaron “pidan perdón”, defendiendo la necesidad de una profunda renovación de la Fiscalía.
Primeras reacciones políticas
La condena a García Ortiz ha generado un terremoto político que evidencia la creciente polarización entre bloques. Mientras el Gobierno evita la confrontación directa a la espera de la sentencia completa, PP y Vox reclaman responsabilidades inmediatas al Ejecutivo, y la izquierda alternativa denuncia una ofensiva judicial contra el Gobierno y sus aliados.
Desde Moncloa, el Gobierno ha asegurado que respeta pero no comparte la resolución del Supremo. Ha anunciado que en los próximos días se activará el proceso de nombramiento del sustituto de García Ortiz, perfilado como “una persona de máximo prestigio en el ámbito del Derecho”. El Ejecutivo también ha reconocido la labor del fiscal general “en defensa de la ley y la verdad” durante su mandato.
El ministro de Transformación Digital y líder del PSOE-M, Óscar López, ha optado por la prudencia, evitando valorar la sentencia hasta conocer su contenido íntegro: “Voy a morderme la lengua y ser prudente”, ha manifestado.
El exsecretario general del PSOE-M Juan Lobato ha defendido que la condena debe respetarse, y ha pedido que tanto instituciones como responsables políticos actúen del mismo modo para el buen funcionamiento del Estado de derecho. El caso le afecta personalmente, ya que declaró como testigo porque recibió en su móvil el correo en el que Alberto González Amador presuntamente admitía delitos fiscales. Más tarde registró ante notario sus comunicaciones con una asesora de Moncloa para acreditar que no había utilizado esa información, movimiento que terminó precipitando su salida como líder del PSOE-M.
En la derecha, las reacciones han sido inmediatas y contundentes. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha escrito en sus redes sociales que hoy toda la prensa internacional recoge el fallo porque "no se concibe en una democracia libre utilizar los medios del Estado para hacer política delinquiendo, y todo a costa de un particular". Fuentes cercanas a Díaz Ayuso, que ha convocado a la prensa a una comparecencia este viernes, han asegurado que la presidenta está "muy satisfecha" y considera la decisión "un éxito sin precedentes de la democracia". Según estas fuentes, "un español ha vencido al aparato del Estado que ha ido contra él simplemente por su relación personal con ella. Se han revelado secretos de un ciudadano y la justicia ha imperado en España".
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de impulsar una “burda operación política” y ha reclamado a Pedro Sánchez que pida perdón a los españoles. Feijóo ha subrayado que es la primera vez en democracia que un fiscal general es condenado en el cargo y ha advertido de que “esta anomalía pesará siempre sobre Sánchez”.
El número dos del partido, Miguel Tellado, ha ido más allá, afirmando que la “inhabilitación” del fiscal general “inhabilita también al presidente del Gobierno”. Ha exigido que Sánchez asuma responsabilidades por haber “perturbado la normalidad democrática”.
Desde la dirección popular también se han pronunciado Cuca Gamarra, que asegura que “la verdad se ha impuesto”, y Ester Muñoz, quien ha enfatizado el carácter “histórico” del fallo. Carmen Fúnez ha acusado al Ejecutivo de “tanta corrupción”, mientras Cayetana Álvarez de Toledo ha reprochado que Sánchez declarara “inocente” a García Ortiz antes de la sentencia.
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado que García Ortiz es “el primer fiscal general condenado de la historia” y ha vaticinado que Sánchez será el primer presidente en acabar en la cárcel. Ha defendido, además, la decisión de su partido de no acudir a actos institucionales junto al Gobierno. Por su parte, el secretario general del grupo parlamentario de Vox, José María Figaredo, ha calificado la condena como “otro hito más de la vergüenza” que, a su juicio, encarna el Gobierno. Ha pedido la convocatoria inmediata de elecciones y ha acusando al Ejecutivo de “colonizar” las instituciones del Estado.
La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha afirmado que la condena al fiscal general del Estado "deja a los pies de los caballos a toda la ciudadanía frente al Estado de Derecho, la necesidad de pruebas incriminatorias y la presunción de inocencia, a las que acaban de asestar un golpe letal. 50 años de democracia merecían algo más que dejar todo atado y bien atado", ha escrito la ministra en sus redes sociales.
En el bloque progresista no gubernamental, las críticas se han dirigido contra el propio Supremo. El diputado de Compromís adscrito al grupo Sumar, Alberto Ibáñez, ha tachado el 20 de noviembre de “día negro” y ha asegurado que la resolución es un ejemplo de “golpe blando” que pone en riesgo la libertad de prensa y la presunción de inocencia. También ha denunciado un caso de lawfare, reclamando una respuesta “antifascista y unitaria” desde la izquierda.
El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha calificado la sentencia de “vergüenza” y ha denunciado que demuestra la existencia de instituciones “capturadas por la derecha”. Por parte de Podemos, su secretaria general, Ione Belarra, ha hablado de “puro golpismo judicial”, acusando a “la derecha judicial y mediática” de “asesinar civilmente” al fiscal general para proteger a Ayuso y a su entorno. Su número dos y exministra de Igualdad, Irene Montero, ha insistido en que la resolución demuestra que “el poder sigue dispuesto a repetir lo que hizo hace 50 años”.
Por su parte, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha denunciado que "hoy los golpes de Estado se hacen en sede judicial" y que "hace mucho tiempo que una parte del Poder Judicial hace política". Ha afirmado que "un montón de jueces se acostaron franquistas y contaron que se despertaron demócratas" y que existe "una enorme carencia democrática". Rufián sostiene que ahora "le está tocando al PSOE en el Gobierno" y advierte de que también "le va a pasar a Begoña Gómez". Ha criticado que mientras el entorno de Ayuso "se enriquecía con mordidas", "quien pilla" es el fiscal general, insistiendo: "Isabel Díaz Ayuso no se toca".
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