La Fundación Foessa y Cáritas Comunidad de Madrid han presentado un nuevo informe que ha puesto de manifiesto el aumento de exclusión social en la región, a pesar del avance económico. La capital ha experimentado dinamismo en términos de empleo aunque ese impulso no se ha traducido en una mejora de las condiciones de vida ni tampoco en una reducción de la desigualdad. El estudio ha dibujado un escenario donde el acceso a la vivienda, la precariedad laboral y la erosión de los vínculos comunitarios han alimentado una problemática que afecta a 1,3 millones de personas en la Comunidad de Madrid.
El secretario técnico ha recordado que “la exclusión social no se limita a los ingresos, sino que engloba empleo, vivienda, salud, participación política y relaciones sociales”. En el caso de Madrid, han asegurado, que la exclusión afecta al 19,6 por ciento de la población, superando las cifras de hace seis años, cuando se situaba en el 17 por ciento. “No fallan las personas, falla el sistema”, ha resumido el dirigente.
La vivienda: un “derecho fake” en la capital
El ‘Informe sobre exclusión y desarrollo social en la Comunidad de Madrid’ ha revelado que el 23 por ciento de la población madrileña sufre algún rasgo de exclusión residencial. Entre 2018 y 2024, el precio de compra ha aumentado en un 32 por ciento y el del alquiler un 24 por ciento. Además, han señalado desde Foessa, que más del 60 por ciento de los inquilinos destinan más del 30 por ciento de sus ingresos al pago de alquiler y suministros. “La vivienda es ahora más que nunca un derecho fake”, ha apostillado Flores.
Las crisis habitacional ha generado que 400.000 personas vivan en viviendas inseguras y que 700.000 lo hagan en viviendas inadecuadas, con un hacinamiento que ha aumentado del ocho al diez por ciento. Cáritas y Foessa han coincidido en que los colectivos más afectados son los hogares encabezados por mujeres, familias numerosas, población migrante y personas que viven solas. En este sentido, desde la institución han invitado a la Comunidad de Madrid a desplegar una estrategia que incremente el parque de vivienda social y que regule de manera eficaz los precios.
“Trabajar ya no garantiza la inclusión social”
“Trabajar ya no garantiza la inclusión social”, ha lamentado Raúl Flores. A pesar de que en la Comunidad de Madrid ha aumentado la ocupación, esa mejora no ha sacado a la población vulnerable de la exclusión. “La mayoría de los hogares en riesgo de exclusión social trabajan o están en búsqueda de trabajo”, ha explicado Flores. Los salarios han crecido en términos nominales, sin embargo, los ciudadanos madrileños han perdido poder adquisitivo real debido al aumento del coste de la vida.
Otro de los hallazgos del informe ha sido la caída de la Renta Mínima de Inserción (RMI). Mientras que en 2018 alcanzaba a un 0,97 por ciento de la población (con 25.292 titulares), en 2024 sólo se han visto beneficiados el 0,02 por ciento de los madrileños (475 titulares). Asimismo, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) sólo llega al 42 por ciento de personas en pobreza severa de Madrid.Según Flores, esta decisión ha dejado “un hueco de protección evidente” que afecta directamente a quienes no logran acceder a las ayudas sociales o lasreciben tarde.
Sistema de salud más desigual
El informe ha evidenciado la existencia de un sistema sanitario cada vez más diferenciado, donde el acceso a tratamientos, terapias o servicios de odontología depende crecientemente de la capacidad de pago. Las necesidades no cubiertas se han duplicado en odontología y en prótesis dentales desde 2018, y el acceso a terapia psicológica ha sido inalcanzable para el 6 por ciento de la población. También se ha alertado del aumento de los usuarios que combinan un seguro privado con la sanidad pública, que ha pasado del 2 por ciento al 15 por ciento desde 2018.
Tras la intervención institucional, Stephanie ha relatado su experiencia. Ella ha detallado las dificultades que sufrió desde el primer día. “Yo soy de Perú. Llegué con mi familia un 11 de febrero. Mi esposo y yo en Perú trabajábamos en nuestro país, yo en un banco y él en una agencia de publicidad. Cuando llegamos pensamos que sería fácil conseguir trabajo de lo nuestro, pero no lo es. Acá hay muchas trabas”, ha contado la joven.
Cuando llegamos pensamos que sería fácil conseguir trabajo de lo nuestro, pero no lo es. Acá hay muchas trabas”
Stephanie ha continuado describiendo que su proceso migratorio se convirtió en una carrera de obstáculos. “Vinimos con todos nuestros ahorros para alquilar el piso que pensábamos alquilar, pero no fue así. Nos pedían nóminas, contrato indefinido, avales. No teníamos nada de eso. Terminamos alquilando una habitación, 650 euros, pequeña, y vivíamos los cuatro. Nunca habíamos pasado por eso, pero lo tuvimos que aceptar por nuestros hijos”, ha narrado.
Su relato ha confirmado las realidades estudiadas desde Foessa. La discrimniación por tener hijos, la falta de alternativas habitacionales y el hacinamiento. “En las plataformas no aceptan niños. Y luego me enteré de que estaba embarazada, de gemelos. Éramos seis personas en una habitación en pleno verano, sin aire acondicionado, porque lo habían cortado para no pagar servicios”, ha detallado.
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