El Pleno de la semana pasada sirvió a Vox para concretar, vía Proposición No de Ley (PNL), los principios básicos de su política migratoria. Los fundamentales, repatriación de migrantes "ilegales" o dar "prioridad nacional" en el acceso a ayudas y subvenciones. La iniciativa, sin embargo, sería finalmente desestimada con los votos en contra de las tres fuerzas restantes, PP, Más Madrid y PSOE-M.
Con el objetivo de enarbolar la bandera en la lucha contra la migración irregular frente a los de Isabel Pérez Moñino y, de paso, confrontar, siguiendo la línea marcada por Génova, con las medidas impulsadas hasta la fecha por el Gobierno central, este jueves le ha llegado el turno a la PNL Popular al respecto.
El texto, no vinculante y que ha sido aprobado con los votos a favor de PP y Vox, "insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a que, a su vez, inste al Gobierno de España", el competente en la materia, a "recuperar el control de las fronteras", "combatir a las mafias" y garantizar "retornos efectivos" mediante "acuerdos" con los países "de origen y tránsito".
Entre los puntos más polémicos, "garantizar la determinación de edad de los menores extranjeros no acompañados en un plazo máximo de 48 horas". Algo que desde Vox venían reclamando, por activa y por pasiva, a Isabel Díaz Ayuso pese a tratarse de una competencia directa de la Fiscalía de Menores. También la pérdida "automática" de la residencia "cuando un inmigrante incurra en delitos graves", así como el "cierre inmediato" de los tres "macro campamentos estatales" de Pozuelo, Alcalá y Carabanchel.
En cuanto a la tutela de los menores no acompañados que llegan a nuestro país, actualmente en manos de las comunidades autónomas, y en el marco de la mil y una veces censurada "saturación" de los centros regionales de acogida, se exige además al Ejecutivo de Pedro Sánchez "asumir su atención directa". Algo, matizan, que debería ir acompasado, claro, a una adecuada "financiación" e información "regular" en torno a los registros del Ministerio. Todo en pos de "una mejor coordinación entre las administraciones regionales y los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".
En la línea de lo expuesto meses atrás por la consejera del ramo, Ána Dávila, la proposición apuesta asimismo por "promover, siempre que existan datos que lo permitan, el retorno y la reagrupación familiar de los menores extranjeros no acompañados a sus países de origen con sus padres, familiares o autoridades de protección". Hasta la fecha son ya 56 expedientes de este tipo solicitados por la Comunidad. Por el momento, eso sí, sin respuesta alguna por parte de la Delegación del Gobierno en Madrid.
Una férrea oposición, en definitiva, a al popularmente bautizado como plan de "reparto" de menores extranjeros no acompañados desde Canarias y que fue aprobado hace meses vía Real Decreto. Y añaden, frente a la "reubicación forzosa e impuesta en Madrid" de "cualquier inmigrante que haya entrado ilegalmente en España".
Respecto a las fronteras, consideran los Populares, se debe "exigir a la Unión Europea" que dote al sur continental de "más medios, presencia reforzada de Frontex y una política común de retornos que dé seguridad a los ciudadanos y confianza a quienes llegan de forma regular".
La guinda, sentencian, "seguir trabajando para que la nacionalidad española no sea un mero trámite administrativo, sino la culminación de un proceso de integración lingüística, cultural y económica que refuerce nuestro proyecto común". Palabra de Alberto Núñez Feijóo.
Apoyo de Vox pese al rechazo a sus enmiendas
Pese al rechazo Popular a todas sus enmiendas, el Grupo Parlamentario de Vox, comandado por su presidente regional, José Antonio Fúster Lamelas, ha terminado por hacer de tripas corazón y votar en favor de la PNL. Y eso que, consideran, la medida obedece, simple y llanamente, a la lógica "electoralista". Una "táctica", en definitiva, "parida por el miedo a las encuestas", señalaba tras felicitar al diputado del PP encargado de defenderla, Rafael Núñez, por "copiar" por fin los postulados de su formación y dar así un "minúsculo paso adelante".
La primera de las enmiendas tumbadas en este particular juego de máximos abogaba por la "repatriación de todos los inmigrantes que se encuentren de forma ilegal en nuestra Nación". Y es que "a España solo se entra de forma legal, ordenada y con la voluntad de integrarse y aportar al desarrollo". La segunda, por la "deportación inmediata de los inmigrantes legales que cometan delitos y de todos aquellos que pretendan imponer el islamismo".
En tercer lugar, estirando aún más si cabe el chicle, en Vox aspiraban a incluir al texto original la "remigración de todos los inmigrantes que hayan venido a España a vivir del esfuerzo de los demás y que supongan un lastre para nuestro estado del bienestar". Finalmente, también la "revocación de la nacionalidad y expulsión a los nacionalizados que cometan delitos graves o traten -de nuevo- de imponer el islamismo".
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