Casi la mitad de los hogares madrileños tiene dificultades para llegar a fin de mes. El 42 por ciento de las familias de la región confiesa no poder cubrir sus gastos con los ingresos habituales, y la vivienda se ha convertido en el principal lastre económico. Así lo denuncia Comisiones Obreras (CC.OO.) en su informe 'Pobreza en Madrid. La otra cara de la región', publicado este viernes con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
El sindicato alerta de que el riesgo de pobreza en la Comunidad de Madrid no solo se ha cronificado, sino que en 2024 ha vuelto a crecer. Según los datos extraídos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística, más de 1,1 millones de personas mayores de 16 años se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, y más de la mitad —un 55,5 por ciento— son mujeres. La pobreza también avanza entre los más jóvenes: en tan solo un año, casi 55.000 niños han pasado a formar parte de este grupo.
El problema de la vivienda es, según CC.OO., uno de los principales factores que explica esta situación. El sindicato denuncia que las hipotecas consumen ya el 40 por ciento del salario medio en la región, mientras que el precio del alquiler se ha duplicado en la última década. “El acceso a una vivienda digna se ha convertido en una misión imposible para miles de familias trabajadoras”, lamenta el informe, que advierte del impacto directo que este gasto tiene sobre la calidad de vida y el endeudamiento de los hogares.
La organización sindical también pone el foco en el deterioro de la Renta Mínima de Inserción (RMI), que considera “al borde de la extinción”. Critica que el Gobierno regional haya reducido su presupuesto a apenas 1,6 millones de euros en 2025 y que, desde 2019, se hayan dejado sin ejecutar más de 260 millones. En 2024 la ayuda llegó a 1.416 familias, y hasta agosto de este año solo la perciben 473. “Son cifras inaceptables en una comunidad con uno de los mayores niveles de renta del país”, denuncia el documento.
CC.OO. acusa al Ejecutivo madrileño de “escatimar recursos” a la población más vulnerable mientras deja de ingresar más de 6.000 millones de euros al año por distintas rebajas y deducciones fiscales, casi 5.000 millones solo por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. “Salir de la pobreza resulta extremadamente difícil cuando desde el nacimiento se heredan las condiciones de vida”, advierte el sindicato, que sostiene que la desigualdad social “rompe la cohesión y la convivencia” de la región.
La secretaria general de CC.OO. Madrid, Paloma López, fue especialmente contundente al presentar el informe. “En esta región no hay políticas públicas reales para paliar esta situación”, aseguró, denunciando que “es mentira la meritocracia y la ley del esfuerzo”. Según López, “si naces en una familia pobre, heredas también las condiciones de pobreza”, y la desigualdad social “ha alcanzado niveles insostenibles”.
El sindicato plantea una serie de medidas para revertir esta tendencia, entre ellas una fiscalidad más justa y progresiva que garantice que quienes más tienen contribuyan más, políticas sociales activas que refuercen la protección de las familias y recursos que aseguren la cobertura de las necesidades básicas. También reclama un cambio en las políticas de empleo que facilite el acceso al mercado laboral, la aplicación de la Ley estatal de Vivienda y la creación de un parque público de viviendas suficiente que permita regular el mercado del alquiler.
CC.OO. defiende, además, la gratuidad de los comedores escolares para los menores en situación vulnerable, la recuperación y el aumento del presupuesto de la Renta Mínima de Inserción y la coordinación de esta ayuda con el Ingreso Mínimo Vital. El informe subraya la necesidad de que todas las políticas públicas incorporen una perspectiva de género para eliminar las desigualdades estructurales que siguen afectando de forma desproporcionada a las mujeres.
La organización concluye que, pese a ser una de las regiones más prósperas de España, Madrid convive con una desigualdad cada vez más profunda. “Mientras una parte de la población disfruta de altos niveles de bienestar, otra lucha cada mes por pagar el alquiler o llenar la nevera”, señala el documento. “Combatir la pobreza no es una cuestión de caridad, sino de justicia social”, sentencia.