Se está poniendo de moda, gracias a las insinuaciones verbales de la extrema derecha, la prioridad nacional, que aparece en los documentos firmados en Extremadura y otras autonomías, entre Vox y PP, para que la derecha de siempre gobierne esas regiones con el apoyo de los ultras amigos de Donal Trump, el desequilibrado y defensor del ‘America First’ -Estados Unidos primero-.
Este ‘palabro’ significa para Vox priorizar a los españoles sobre los inmigrantes en el acceso a ayudas, prestaciones y servicios públicos. Para el PP supone premiar el arraigo de un ciudadano a un territorio concreto sin importar la nacionalidad. En definitiva, el PP, queriendo o sin querer, se ha apuntado a la campaña de la extrema derecha europea y americana de caza al inmigrante. Ha hecho suya esta parida mental que se les ha ocurrido a aquellos que abominan de la paridad, es decir, la igualdad.
Es lógico llegar a la conclusión de que dar prioridad a los nacidos en España sobre los inmigrantes puede considerarse una forma de discriminación, y muchos lo interpretan como un signo de racismo o populismo. Se produce desigualdad en el acceso al justificar listas de espera en sanidad o educación basándose en la nacionalidad. También se da la polarización social y el aumento de tensiones entre grupos, y se fomenta un ambiente hostil. Sin duda hay riesgo de fascismo al promover ideologías que priorizan a un grupo sobre otro.
Este es un tema complejo que merece un debate profundo sobre derechos y equidad. Promover el odio hacia los extranjeros puede llevar a que algunos ciudadanos culpen a estos grupos de los déficits en servicios como la sanidad o la educación. Esto ocurre porque los extranjeros se convierten en una forma de desviar la atención de problemas estructurales. Además, las narrativas negativas alimentan prejuicios y miedos infundados. También se crea un ambiente de confrontación en lugar de cooperación.
Sin duda, este tipo de discurso puede ser muy perjudicial para la cohesión social. Aceptar criterios racistas puede abrir la puerta a la discriminación de otros grupos, como personas con movilidad reducida o la comunidad LGTB. Se normaliza la discriminación. Si se justifica el trato desigual hacia un grupo, otros podrían ser igualmente marginados. La eliminación progresiva del derecho a ser diferente puede llevar a un ambiente hostil para todos. Se alienta una cultura de intolerancia y se fomenta una sociedad en la que la diversidad no es valorada, afectando la convivencia. Es un ciclo peligroso que puede desestabilizar la cohesión social.
Estos de la prioridad nacional ahora lo ponen en documentos, pero llevan mucho tiempo difundiendo eso de que hay listas de espera en sanidad, educación y servicios públicos porque los inmigrantes lo copan todo y son los responsables de esta situación. El objetivo es desviar la atención para no fijarnos en la realidad basada en la falta de presupuestos de los gobiernos regionales y el desvío de fondos a la iniciativa privada. La prioridad de los gobernantes debe ser la atención de las necesidades de la ciudadanía y el respeto a los derechos humanos de todos sin distinción.
Entre los que hablan directamente de prioridad nacional y los otros que se escudan en el arraigo para excluir a los inmigrantes solo hay escrúpulos blandengues y remilgos para no decir extranjeros fuera.