El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha acordado prorrogar seis meses más, hasta abril de 2026, la investigación que mantiene abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación.
El magistrado justifica la prórroga debido a las “numerosas diligencias pendientes de resolver” y precisa que el nuevo plazo comenzará a contar a partir del 16 de octubre de 2025, coincidiendo con los dos años desde la apertura del caso.
Peinado señala que la Audiencia Provincial de Madrid ha determinado que la investigación debe desarrollarse dentro de una única pieza, dado que todos los delitos están “conexos”, dejando sin efecto la separación del delito de malversación que el propio juez acordó el pasado marzo.
Entre las diligencias aún por cumplimentar, el magistrado destaca que está a la espera de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le remita información sobre los convenios de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) relativos al Máster de Transformación Social Competitiva, que Gómez codirigió, así como sobre los repositorios aportados por diversas empresas como Minsait, Flat 101, Google, Devoteam y Telefónica.
El juez también espera recibir documentación de la Escuela de Gobierno de la UCM y de Amazon EU con los correos electrónicos asociados al máster, que serán analizados por la Guardia Civil.
Asimismo, Peinado ha solicitado a Presidencia del Gobierno que identifique a las personas que han ocupado el cargo de secretario general desde julio de 2018, y a quienes han autorizado o gestionado los pagos a Cristina Álvarez, asesora de Gómez. También pide copia de los correos electrónicos emitidos y recibidos desde la cuenta oficial de la esposa del presidente.
El magistrado advierte en su resolución que estas diligencias “difícilmente podrán estar completadas antes del 16 de octubre de 2025”. Además, sigue pendiente la decisión sobre las pruebas solicitadas por las partes y la confirmación de que, en caso de llegar a juicio, los cuatro investigados (Gómez, Álvarez, el empresario Juan Carlos Barrabés y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín) serán juzgados por un jurado popular.
La investigación se inició en abril de 2024 a raíz de una denuncia del colectivo Manos Limpias, que acusó a Gómez de utilizar su posición como esposa del presidente para favorecer a empresarios en procesos de licitación pública. Posteriormente, el juez incorporó nuevas líneas de investigación tras querellas de Hazte Oír y Vox, que apuntaban a presuntas irregularidades en el registro de un ‘software’ vinculado a una cátedra de la UCM y a la actividad de su asesora.
El juez Peinado, que afronta su último año en activo antes de su jubilación prevista para septiembre de 2026, continuará al frente del caso durante este nuevo periodo de instrucción.
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