El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha presentado una denuncia formal ante el Ayuntamiento de Madrid para advertir sobre la “situación de peligro estructural” que presentan varios edificios residenciales del centro de la capital, en especial los ubicados en las calles Tribulete 7 y San Ildefonso 20, donde se están realizando obras “en condiciones similares” a las del inmueble de la calle Hileras, recientemente derrumbado.
En ambos caso, se trata de edificios adquiridos por fondos de inversión que proyectan dedicar las viviendas a uso turístico. En ese proceso, los vecinos que se resisten a abandonar sus pisos de alquiler dicen sufrir "acoso inmobiliario" para forzarles a abandonarlos, mientras la propiedad realiza obras en las casas vacías y zonas comunes, con las consiguientes molestias que generan el ruido y la suciedad, a lo que ahora se añade la inseguridad.
Según la organización, vecinas y vecinos de ambos inmuebles llevan meses alertando de grietas, vibraciones, filtraciones y caída de cascotes, además de denunciar que los trabajos se están ejecutando “sin las debidas garantías técnicas ni supervisión urbanística”. El Sindicato asegura que la Policía Municipal intervino recientemente en uno de los edificios tras la caída de fragmentos de fachada.
“Estamos ante una situación que podría desembocar en otra tragedia evitable. No podemos permitir que se repita un caso como el de Hileras”, señala el escrito de denuncia presentado por el Sindicato ante el Servicio de Disciplina Urbanística del Consistorio madrileño.
La organización ha solicitado al Ayuntamiento tres medidas urgentes: la inspección técnica inmediata de ambos inmuebles, la suspensión cautelar de las obras en curso hasta verificar su legalidad y seguridad estructural y la paralización preventiva de otras obras en edificios con posibles deficiencias similares en toda la ciudad.
El Sindicato recuerda que “la prioridad debe ser la seguridad de las personas y la preservación de las viviendas habitadas, no la especulación urbanística”. En ese sentido, reclaman al Consistorio que “actúe de forma urgente y transparente. No se puede jugar con la vida de los inquilinos por intereses inmobiliarios”.
La denuncia se enmarca en una semana en la que el Sindicato también ha criticado la “privatización del urbanismo madrileño” a través de las Entidades Colaboradoras Urbanísticas (ECUs), empresas privadas que, según denuncian, “son contratadas por las propias promotoras para validar las obras, sin que el Ayuntamiento tenga constancia de las condiciones de seguridad”.
El pasado 22 de julio, vecinas de los bloques afectados ya interrumpieron el Pleno del Ayuntamiento para denunciar que la administración de José Luis Martínez-Almeida “permite demoliciones de edificios con familias dentro”.
Desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos hacen un llamamiento a la ciudadanía para visibilizar la situación y “exigir responsabilidades antes de que se produzca cualquier nueva desgracia”.
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