El juez Juan Carlos Peinado ha decidido abrir juicio oral con tribunal del jurado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, además de acordar la retirada de su pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio español y la obligación de presentarse cada quince días ante la autoridad judicial para firmar.
Así se recoge en un auto de 84 páginas emitido este sábado y consultado por Europa Press, en el que el magistrado adopta las mismas medidas para su asesora, Cristina Álvarez, "durante el tiempo que dure la tramitación de esta causa y hasta que sea dictada una resolución firme".
La resolución llega tras la audiencia preliminar celebrada el pasado lunes en los juzgados de Plaza de Castilla, donde las acusaciones populares encabezadas por la organización Hazte Oír ratificaron su petición de las citadas medidas cautelares.
El instructor atribuye a Gómez y a su asesora presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de fondos públicos.
En relación con las medidas cautelares, acuerda "la retirada de cuantos pasaportes pudieran disponer, cualquiera de las nacionalidades a las que pertenezcan, tanto de carácter ordinario como de carácter diplomático, con prohibición expresa de expedir uno nuevo".
Asimismo, establece "la prohibición de salida del territorio nacional, debiendo oficiarse a todos los puestos fronterizos y aeropuertos civiles y militares, para que se evite incumplir con esta obligación".
También fija "la presentación 'apud acta', en la sede de este órgano judicial, dos días al mes, pudiendo cumplir con dicha obligación, un día de las dos primeras semanas de cada mes, y el otro día, de las dos últimas semanas de cada mes".
El magistrado también sienta en el banquillo al tercer investigado, el empresario Juan Carlos Barrabés, por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción empresarial, aunque en su caso no adopta ninguna medida cautelar.
Sostiene que dispone de medios para escapar
"Los hechos indiciariamente atribuidos a Begoña Gómez pudieron suponer que, desde la llegada de su esposo primero a la secretaría general del PSOE y, sobre todo, a la Presidencia del Gobierno, se tomaron determinadas decisiones públicas favorables a la cátedra y al proyecto TSC, que pudieron obtenerse mediante un aprovechamiento singular de su posición relacional", argumenta el instructor, en línea con resoluciones previas dictadas en esta causa.
En el marco de esta investigación, el juez ha analizado un presunto tráfico de influencias de Gómez en beneficio de Barrabés; su gestión al frente de la cátedra y de los dos másteres que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid; la supuesta apropiación indebida del software vinculado a dicha cátedra, así como el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora en el Palacio de la Moncloa.
Peinado sostiene que, pese a que Gómez pueda estar escoltada o acompañada por efectivos de seguridad debido a su condición de esposa del presidente del Gobierno, "no cabe duda" de que "esos agentes en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia".
"Especialmente trascendente es que la condición de actual presidente del Gobierno, de su esposo, es algo efímero, y por tanto transitorio, y esa protección o acompañamiento de los agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado desaparecería, lo que facilitaría, aún más, esa hipotética fuga", apostilla.
En términos similares se refiere a su asesora, indicando que "ha venido actuando en calidad de asistente" y "con estrecha vinculación personal y acompañando a la misma, así como coordinando todas sus actividades", por lo que considera que "debe colegirse que dispone de una situación similar a ella, a los efectos de disponer igualmente de los mismos medios para fugarse y eludir la acción de la justicia".
Si (
No(
