El magistrado Juan Carlos Peinado ha anunciado que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se someterá a un jurado popular de ir a juicio acusada de un delito de malversación de caudales públicos relativo a la contratación de la asistente de Presidencia.
Tanto ella como su asistente, Cristina Álvarez, y el Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, han sido citados en el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid el próximo sábado a las 18:00 horas para una comparecencia previa "prevista en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado" en la que deberán exponer los hechos y los delitos que les atribuyen.
La decisión adoptada por Peinado se enmarca en la investigación de la pieza separada donde se indaga si hubo un desvío de fondos públicos en la designación de Cristina Álvarez como asesora de Moncloa y si esta realizó funciones privadas para Gómez.
El instructor señala que, aunque inicialmente "se consideró que no procedía la admisión a trámite de la querella" presentada por Vox contra Gómez y Álvarez, "la delimitación del objeto del proceso es de cristalización progresiva". En este contexto, enfatiza que "ni el atestado, ni la denuncia, ni la querella, como medios de iniciación del proceso penal, ofrecen una imagen fija del desenlace jurisdiccional de la fase de investigación".
Así las cosas, asegura que ha adoptado la decisión de transformar las diligencias a raíz de las diligencias practicadas durante la investigación: la toma de declaración de los tres investigados y de una serie de testigos, incluido el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
Incide en que Gómez solo contestó a su abogado
En la resolución, el juez menciona lo "acontecido el día 10 de septiembre", cuando "ninguna de las dos investigadas contestaron a pregunta alguna que le hubiera podido formular, bien, este instructor, o la representación de las acusaciones populares, e incluso el representante del Ministerio Fiscal, o cualquiera de los letrados de la defensa, incluido el del otro investigado, hasta este momento en esta pieza separada, Francisco Martín Aguirre, que hubieran podido esgrimir argumentos en su descargo".
Además, al respecto, destaca que las respuestas que Begoña Gómez proporcionó a su defensa, liderada por el exministro socialista Antonio Camacho, "no permiten ser tenidas en cuenta en sentido exculpatorio".
Con esta perspectiva, se comprende que la decisión tomada por Gómez, "unido a los correos electrónicos aportados por el que fuera vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Doadrio", "se puede colegir con las leyes de la lógica y de la empírica que se cumple con el requisito de la verosimilitud de los hechos, que hasta ahora, no podía determinarse de una forma concreta".
Se observa, a partir de los correos y los interrogatorios, que existen "indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos" en relación con el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez.
Durante aproximadamente cinco minutos, la esposa de Pedro Sánchez expuso las funciones laborales de su asesora el 10 de septiembre. Reiteró, tal como había señalado su abogado en recursos previos, que Álvarez ha estado siempre encargada de organizar su agenda y de acompañarla a eventos oficiales. Además, mencionó que en ocasiones excepcionales, esta le había hecho algún "favor".
Gómez manifestó que no estaba al tanto del procedimiento mediante el cual Álvarez fue designada como personal eventual en Moncloa. También mencionó que la eligió debido a su experiencia y porque ya existía una amistad entre ambos.
En un recurso presentado ante la Audiencia de Madrid, al que Europa Press tuvo acceso, la defensa de Gómez argumentó que "la realización de un favor a la persona para la que trabajas y con la que, además, mantienes una relación de amistad nunca puede interpretarse como una conducta que entre dentro del ámbito de aplicación de una infracción penal tan grave como la malversación".
En su recurso, el abogado destacó que Álvarez realiza funciones de colaboración inmediata, las cuales son logísticas y organizativas. Además, subrayó que las condiciones del puesto implican "de plena disposición, 24 horas siete días a la semana".
Dentro del contexto de la causa, se encuentra un correo enviado por Álvarez a la directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale en febrero de 2024. En la posdata del 'email', al que Europa Press tuvo acceso, se puede leer: "Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis".
Sánchez, "acorralado" por la "corrupción de Estado"
Como cabía prever, la decisión del juez Peinado no tardaría en despertar reacciones en el seno de la Comunidad de Madrid. Por voz de su portavoz, Miguel Ángel García, el Ejecutivo autonómico no duda en apuntar hacia un "círculo" que "se sigue cerrando" en el entorno más próximo al presidente Pedro Sánchez, presunto líder, a ojos de la administración regional, de la "corrupción de Estado".
"No debemos normalizar ni trivializar la corrupción de Estado"
"Se les acusa de haber usado recursos que pagamos todos para fines privados de Begoña Gómez. Está en derecho de trabajar, pero que el dinero salga de su bolsillo y no de los impuestos de todos los españoles (…). No debemos normalizar ni trivializar la corrupción de Estado", ha aseverado durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno celebrado esta misma mañana en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol.
En la misma línea, la propia presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, tilda la situación de "extrema gravedad". "Al final la realidad es tozuda. Y le guste o no, pues la Justicia sigue implacable, sigue sus pasos. Y esto es lo que tiene que asumir al Gobierno, intente lo que sea, que es a lo que estamos acostumbrados. Ellos son los únicos que enjuician y que deciden lo que se legisla y de lo que se habla en España", ha reprochado en declaraciones a los medios.
Pendiente de la Audiencia de Madrid
Es importante señalar que la denuncia presentada por Manos Limpias en abril de 2024 dio origen a la investigación, en la cual se acusaba a Gómez de utilizar su estatus como esposa del presidente del Gobierno para sugerir a empresarios, entre ellos el investigado Juan Carlos Barrabés, que participaran en licitaciones públicas.
Desde ese momento, nuevas líneas de investigación han sido abiertas a raíz de las denuncias interpuestas por Hazte Oír y Vox. Estas querellas se centran en presuntas irregularidades relacionadas con el registro del 'software' de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que era dirigida por Gómez, así como en supuestas irregularidades en la contratación de la asesora de la esposa de Sánchez.
Además del delito de malversación que se examina en la parte relacionada con la contratación de Álvarez, también se encuentra bajo investigación Gómez por supuestos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida de marca.
Según han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, actualmente hay ocho recursos relacionados con esta causa que la Audiencia Provincial de Madrid debe resolver. De estos, seis ya están en proceso, y algunos comenzarán a ser deliberados el 29 de septiembre y el 6 de octubre.