La Abogacía del Estado, en representación del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado el archivo de la causa abierta contra el alto cargo, negando que participase en la designación de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Además, ha mostrado su oposición a que sea juzgado por un jurado popular en caso de que el procedimiento llegue a juicio por presunta malversación.
En un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, la Abogacía niega cualquier implicación de Martín Aguirre en el nombramiento de Álvarez y respalda su petición de archivo con el argumento de que la decisión de contratación fue tomada en 2018, mientras que Aguirre fue nombrado secretario general de Presidencia en julio de 2021, es decir, “tres años después de los hechos objeto de investigación”.
“No intervino de ningún modo en dicho nombramiento”, subraya el escrito, que destaca que “resulta incontrovertido que nuestro representado no tuvo participación ni conocimiento alguno en la decisión de contratar a Cristina Álvarez en 2018”.
Los servicios jurídicos del Estado consideran que la causa contra el delegado del Gobierno carece de base legal y fáctica. “Está plenamente justificado el sobreseimiento de la causa, (…) mantener la imputación carece de fundamento fáctico y jurídico, dada la inexistencia de delito en los hechos indagados y la absoluta ausencia de indicios de participación de nuestro representado”.
La Abogacía también señala que el juez Peinado ha sustentado su imputación solo en “la posición jerárquica” de Martín Aguirre y no en ninguna actuación concreta, recurriendo -en palabras del escrito- a “conjeturas, dígase en estrictos términos de defensa”, al considerar que por “lógica y notoriedad” debía conocer las actividades de Álvarez. En respuesta, se invoca el criterio del Tribunal Supremo, que ya rechazó investigar al ministro Félix Bolaños por los mismos hechos, alegando que la relación jerárquica no prueba participación en una posible malversación.
Además, la Abogacía sostiene que la contratación de Cristina Álvarez se ajustó a derecho. “Todo indica que la contratación de personal eventual para tareas de apoyo fue una decisión administrativa dentro del marco legal vigente y con una finalidad institucional lícita: asistir en labores protocolarias y organizativas vinculadas a la esposa del Presidente del Gobierno, práctica absolutamente normal y habitual en todas las legislaturas desde la entrada en vigor de la Constitución Española”.
También respalda la posición del Ministerio Fiscal, recordando que Begoña Gómez “no ostenta la condición de funcionaria pública, por lo que no puede ser sujeto activo del delito de malversación”, y que Álvarez, “aun teniendo la consideración de personal eventual (...) se ha limitado a cumplir las funciones inherentes a su puesto de trabajo”.
Con estos argumentos, la Abogacía del Estado reitera su solicitud de archivo inmediato de la pieza separada que afecta a Francisco Martín Aguirre.
La defensa de Gómez pide identificas a asistentes de otras 'primeras damas'
Por otro lado, los abogados de Begoña Gómez han solicitado al juez Juan Carlos Peinado que exija a la Secretaría General de Presidencia la identidad y funciones de todos los asistentes que hayan trabajado para las mujeres de los presidentes del Ejecutivo desde la llegada de la democracia.
La defensa, encabezada por el abogado Antonio Camacho, ha presentado esta petición apenas unas horas antes de que la nueva audiencia clave convocada por el juez para decidir si transforma en procedimiento por jurado popular la pieza principal del caso, en la que se investiga la vinculación de Gómez con la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense y su relación con el empresario Carlos Barrabés, también docente en dicha cátedra.
El movimiento se produce después de que el magistrado trasladara a la Ley del Jurado la investigación por un posible delito de malversación, relacionado con la contratación en Moncloa de Cristina Álvarez, quien trabajó como asistente de Gómez. Según el juez, Álvarez habría percibido un salario público mientras realizaba tareas privadas para la esposa del presidente.
La figura de Álvarez está en el centro de esta línea de investigación. Fue citada inicialmente como testigo en noviembre del pasado año, momento en el que afirmó que su papel en Moncloa era el de coordinar la agenda institucional de Begoña Gómez, una función que, según defendió, otras personas ya habían desempeñado con anteriores primeras damas. Aseguró además que su colaboración con la Universidad Complutense se limitó a “favores personales” y no a labores oficiales.
No obstante, tras su declaración y pese a no haberse presentado pruebas concluyentes en su contra, el juez modificó su condición a la de investigada, abriendo así una pieza separada. Desde entonces, el magistrado ha solicitado diversa documentación al Ejecutivo, incluyendo la relación de trabajadores y asesores vinculados a La Moncloa.
En paralelo, Peinado ha intentado también implicar al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, por su posible papel en la contratación de Álvarez en 2018, cuando ocupaba la Secretaría General de Presidencia, si bien el Tribunal Supremo rechazó investigar al ministro por falta de indicios.
La defensa de Gómez, con esta solicitud, busca reforzar su argumento de que la contratación de asistentes para las esposas de los presidentes ha sido una práctica institucional normalizada y no constitutiva de delito, cuestionando así la base sobre la que se sostiene la imputación por malversación.
Si (
No(
