La Comunidad considera "desproporcionados" los requisitos de sostenibilidad para los centros de datos

Madrid lidera el sector en España, con 46 infraestructuras —35 en funcionamiento y 11 en construcción— y el 54,8 por ciento de la capacidad instalada, muy por delante de Aragón (30 por ciento) y Cataluña (12 por ciento). Por ello, el Ejecutivo autonómico alerta de que la normativa podría suponer "un riesgo para el futuro de esta industria estratégica" si se aprueba sin ajustes.

Según las observaciones remitidas por la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular, el proyecto de Real Decreto va más allá de lo exigido por la Unión Europea en la Directiva (UE) 2023/1791 y el Reglamento Delegado (UE) 2024/1364, ampliando los indicadores obligatorios a aspectos socioeconómicos, territoriales o de tráfico de datos, que "nada tienen que ver con la eficiencia energética".

Requisitos "desproporcionados" que ponen a Madrid en "desventaja"

Uno de los puntos más controvertidos es el artículo 7, que condiciona el acceso de los CPD a la red eléctrica al cumplimiento previo de compromisos ambientales que no existen en ningún otro país de la UE. El Ejecutivo regional considera que estos requisitos son "desproporcionados" y situarían a Madrid y a España en "clara desventaja frente a otros destinos europeos más ágiles y con menos imposiciones burocráticas". Además, la disposición transitoria única extendería estas exigencias a proyectos ya en tramitación, lo que podría vulnerar la Constitución en materia de retroactividad y seguridad jurídica.

La Comunidad de Madrid defiende que la eficiencia energética debe seguir siendo "un eje prioritario", pero no mediante normas que "ahuyenten proyectos y frenen la inversión e innovación". La región subraya que el sector de CPD es clave para la economía digital y la transición energética, aportando flexibilidad a la red e integrándose con renovables y almacenamiento.

Según estimaciones del sector, España podría atraer hasta 2030 más de 58.000 millones de euros de inversión, con gran parte concentrada en Madrid. Una regulación excesivamente rígida podría reducir esa cifra a apenas 12.500 millones, con un fuerte impacto negativo en empleo, innovación y liderazgo tecnológico del país.