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El afectado por el derribo ilegal de una vivienda en julio de 2022 en la Cañada Real
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El afectado por el derribo ilegal de una vivienda en julio de 2022 en la Cañada Real (Foto: Europa Press)

Inhabilitado 9 años el jefe de Disciplina Urbanística por el derribo de una casa en la Cañada

Por MDO/E.P.
jueves 17 de julio de 2025, 16:30h
Actualizado: 24/07/2025 15:59h

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos relacionados con urbanismo a Julio César Santos, jefe de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de la capital, por un delito de prevaricación administrativa tras autorizar el derribo de una vivienda habitada en la Cañada Real sin comprobar su ocupación ni contar con una orden judicial firme.

En la misma sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, se absuelve al excomisionado para la Cañada Real, Markel Gorbea, y se declara al Ayuntamiento de Madrid responsable civil subsidiario de los daños causados al propietario de la vivienda.

Los hechos ocurrieron en julio de 2022, cuando la casa fue demolida en apenas 24 horas tras un informe del comisionado regional que, sin aportar pruebas, aseguraba que la vivienda estaba abandonada. La decisión se tomó sin verificar si estaba ocupada, a pesar de que el propietario había presentado varias alegaciones administrativas, sus enseres personales y vehículo estaban en el lugar, y vecinos alertaron de que el derribo era un error.

Según la sentencia, el derribo se produjo en medio de un procedimiento administrativo aún abierto y recurrido. El afectado, que vivía en la casa desde 2006, se encontraba de vacaciones en Marruecos cuando se ejecutó la demolición. Al regresar, descubrió su vivienda destruida. La Comunidad de Madrid le ofreció entonces un realojo en Cobeña, que fue recurrido por su lejanía.

El fiscal solicitaba una pena de diez años de inhabilitación para ambos acusados, pero finalmente sólo ha sido condenado Santos, al considerar el tribunal que actuó de manera arbitraria, negligente y sin el más mínimo control administrativo.

Desde la plataforma CAES y asociaciones vecinales se ha denunciado que este caso forma parte de una estrategia de acoso inmobiliario en la Cañada Real, en el contexto de los desarrollos urbanísticos del sureste de Madrid, colindantes con esta zona históricamente excluida, donde además el suministro eléctrico permanece cortado en varios sectores desde 2020.

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